El alcalde de Gójar, Francisco Javier Maldonado (PP), ha defendido este martes que el convenio urbanístico que permitió a la empresa Cavifer S.L. construir una promoción de viviendas en esta localidad contaba "con informes favorables" y ha garantizado que no supo que su hermano era socio de esta promotora hasta casi el final de la tramitación del proyecto.

Maldonado se enfrenta a una petición fiscal de dos años y tres meses de prisión, 22 años de inhabilitación para empleo o cargo público y 400.000 euros de multa por supuestos delitos de prevaricación, prevaricación urbanística y tráfico de influencias en el marco de esta causa, en la que también están acusados su hermano, el secretario habilitado del Ayuntamiento y el aparejador municipal.

En la primera sesión del juicio en la Sección Primera de la Audiencia, el regidor ha declarado que ni su hermano le comunicó sus pretensiones de promover esta actuación urbanística ni nadie le advirtió en el Consistorio de este extremo, de modo que cuando se enteró sólo faltaba la aprobación definitiva del convenio, siendo éste el único trámite en el que se abstuvo de participar.

Fue su propio hermano el que le habló, según ha agregado, durante una comida familiar en la Navidad de 2005 de este proyecto, que suponía la construcción de 19 viviendas, locales y aparcamientos y la apertura de un vial en la calle San Luis.

Junto a ello, el regidor de Gójar ha defendido que durante toda la tramitación del proyecto no hubo un solo reparo por parte de los técnicos, ni del secretario habilitado del Ayuntamiento ni del aparejador municipal, negando mantener con ellos una relación de amistad o haberles dado alguna vez directrices sobre el sentido en el que debían realizar sus informes.

Después del alcalde ha declarado su hermano, que está acusado de un delito de tráfico de influencias y otro contra la ordenación del territorio por los que se enfrenta a dos años y nueve meses de prisión, multas de más de 406.000 euros e inhabilitación para la profesión u oficio relacionado con los hechos por dos años.

Ha incidido ante el tribunal en que no participó en la tramitación del proyecto y que desconocía esta clase de gestiones, en tanto que de ellas se encargaba un apoderado nombrado al efecto.

Según ha precisado, Promociones Cavifer S.L fue constituida por cuatro socios incluyéndole a él para este proyecto en concreto y en su caso no tenía conocimientos previos del sector, definiendo su participación en este asunto como "unos pinitos mal hechos".

Ha coincidido con su hermano y alcalde en señalar que no hablaron previamente de esta operación urbanística que se gestó en agosto de 2005 hasta la Navidad de ese año y ha negado haberse lucrado de algún modo con todo esto, afirmando que, de hecho, ha sido su "ruina".

En la vista oral también ha declarado el secretario habilitado que informó favorablemente el convenio urbanístico, José M.L.R., que sin embargo afirma que en aquel momento creyó estar haciendo "un informe tipo, de trámite (...) donde sólo se cambia el nombre y el concepto".

Ha precisado que no cuenta con estudios específicos para secretario y que suele ser designado para este cargo en ausencia del titular por antigüedad, circunstancia que se ha repetido al margen de la formación política que estuviera gobernando.

"Yo me limité a hacer una cosa puntual que me dijo el alcalde (...), un informe jurídico para la tramitación del convenio", ha precisado, si bien ha negado conocer que pudiera tener esta "trascendencia". También ha descartado haber recibido directrices del regidor para que sus informes fueran enfocados en uno u otro sentido.

El secretario habilitado del Ayuntamiento está acusado por un posible delito de prevaricación por el que se enfrenta a nueve años de inhabilitación para cargo o empleo público.

Después de él ha comparecido el aparejador municipal, Pedro. M.O., que si bien ha reconocido que apuntó las "incongruencias" del proyecto en un borrador, no emitió un informe sobre el convenio porque en su momento no se le solicitó. Firmó la licencia de obras al existir un convenio que le "obligaba" a ello y bajo el convencimiento de que se iba a cumplir la norma.

Ha reconocido además que llegó a alertar al alcalde de que "aquello no cumplía" con el PGOU y se ha mostrado arrepentido de no haber denunciado los hechos. Este aparejador está acusado de prevaricación urbanística y se enfrenta a una petición fiscal de un año y medio de prisión y ocho años de inhabilitación.

La investigación, que se inició en 2007, fue abierta tras una denuncia de la Fiscalía por un posible delito contra la administración pública tipificado como tráfico de influencias, después de que Maldonado participara en la firma del convenio urbanístico firmado entre el Ayuntamiento de Gójar y la empresa Promociones Cavifer S.L. El juicio por estos hechos está previsto que se prolongue durante seis sesiones, la última el 1 de junio.