La polémica decisión de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de desplazar las secciones penales a Málaga y Sevilla salió adelante al imponerse el criterio defendido por la tendencia más conservadora, la de la Asociación Profesional de la Magistratura, y con una mayoría de votos de magistrados de esas dos ciudades, según ha consultado El Independiente de Granada en distintas fuentes. 

También con un voto particular, como es conocido, el del presidente del TSJA, Lorenzo del Río, al que se sumaron los magistrados María Luisa Martín Morales, Lourdes Molina y José Luis López Fuentes. Precisamente el contenido de ese voto particular se hizo público este viernes. Del Río expone las razones por las que, junto a los otros tres jueces, votó en contra del traslado. Considera que la medida responde a "lógicas e intereses de cáracter local o territorial, más que a razones de organización judicial y optimización de recursos" y advierte de que supondrá "un gasto innecesario de recursos económicos, materiales y personales". 

Pero frente a esa posición que defiende el presidente del TSJA se impuso el traslado de las secciones. El acuerdo, hecho público por el TSJA este viernes, obtuvo 23 votos a favor, los 4 en contra ya conocidos y una abstención. 

La Sala de Gobierno del TSJA está compuesta por 32 miembros. Además del presidente, hay 16 miembros natos, que son los presidentes de las audiencias provinciales, de las salas de lo Social del Alto Tribunal y los decanos de Sevilla y Málaga. Los 15 miembros restantes son electos. 

Al pleno del pasado lunes faltaron cuatro de sus integrantes -Antonio Moreno Andrade, Francisco Javier Vela Torre, Lourdes García y María Luisa Zamora. El resto -entre los que se encuentra el representante de la APM en Andalucía Occidental, Juan José Parra Calderón-, decantó el traslado. Entre esos votos a favor hay una mayoría de jueces de Sevilla y Málaga, pero también dos magistradas granadinas. La abstención vino también de un juez granadino.

Málaga y Sevilla, por "cercanía geográfica al ciudadano y legítima expectativa profesional"

Para argumentar su voto a favor del traslado a Málaga y Sevilla recordaron la naturaleza de doble instancia plena a la que están llamadas las secciones desplazadas; la necesidad de mantener la Administración de Justicia "en un plano de cercanía geográfica al ciudadano y a los profesionales vinculados a ella"; y "la legítima expectativa profesional de aquellos magistrados destinados en lugares distantes a la sede de Granada que, por el contrario, están cercanos a las sedes de Málaga o de Sevilla"; así como "la propia existencia de otras salas del TSJ en las sedes de Málaga y de Sevilla.    

Todos esos factores, que ya se analizaron el pasado año al plantear la necesidad de crear esas dos nuevas secciones, sustentan la petición que se trasladará al Consejo General del Poder Judicial para que sean desplazadas las dos secciones de próxima creación en la Sala de lo Civil y Penal del TSJA a Málaga y de Sevilla, "asegurando la dotación suficiente de magistrados y medios". 

"Necesidades de buen gobierno, no expectativa personales", defiende el voto particular que rechaza el traslado

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Lorenzo del Río, firma el voto particular al que se han adherido otros tres magistrados. miguel rodríguez

Para refutarlo y argumentar su voto particular, Del Río recuerda que hasta la fecha se han recibido en la Sala Civil y Penal cuatro recursos de apelación contra sentencias dictadas en primera instancia por audiencias provinciales, "lo que denota que la entrada de asuntos va a producirse de forma progresiva, sin posibilidad inmediata de realizar una previsión cierta sobre el momento en que se alcanzará la carga de trabajo definitiva". Por ello considera que "la lógica" aconseja que la entrada en funcionamiento de las nueve plazas de magistrado previstas para dotarlas se haga "de forma escalonada en función de la entrada de asuntos y de la evolución de la carga de trabajo".

Defiende que la inicial puesta en funcionamiento de las secciones de apelación puede hacerse con "recursos existentes en el TSJA".  "No sería necesario, por tanto, incrementar exponencialmente los recursos para constituir esas dos sedes desplazadas, ni crear dos nuevas secretarías con funcionarios en las mismas, ni crear dos plazas de letrados de la Administración de Justicia (LAJ) uno para cada sede desplazada", agrega en su argumentación, en la que advierte de que el desplazamiento de sede "inmediato" constituirá "un impedimento para la formación ordenada de un nuevo escalón intermedio de jurisprudencia penal, al disgregar territorialmente un órgano llamado a cumplir una función integradora y unificadora de criterios interpretativos de las normas penales, dada la actual configuración del recurso de casación penal".

Tras especificar razones de índole organizativas, rechaza que "la distancia para el justiciable o los profesionales" pueda utilizarse como argumento, recordando en este caso que el recurso de apelación penal que se ha instaurado es de tramitación escrita. En la segunda instancia penal, explica, el desplazamiento de las partes y profesionales a la sede del TSJ "ocurrirá excepcionalmente", a diferencia de las actuales competencias de la Sala Civil y Penal. A ello se unen las nuevas aplicaciones informáticas y el expediente digital, que permite transferir electrónicamente los asuntos.

La decisión 'obligará a plantear la misma dispersión' a la Fiscalía, advierte el presidente del TSJA

Destaca también que el traslado incidirá también en la Fiscalía Superior, que se verá "afectada claramente con una dispersión territorial de sedes para la segunda instancia penal, cuando, por el contrario, sus actuales recursos unificados (personales y materiales) están perfectamente preparados y diseñados para el conocimiento de estos recursos de apelación penal en la sede de la Sala Civil y Penal, junto al resto de actuales funciones de esta misma Sala". Materializar la decisión acordada "obligará" a plantear "la misma forma de dispersión" a la Fiscalía, "con el coste económico correspondiente".

"No considero que pueda anteponerse a los razonamientos hasta ahora expuestos, 'la legítima expectativa profesional de aquellos magistrados destinados en lugares distantes a la sede de Granada que, por el contrario, están cercanos a las sedes de Málaga o de Sevilla' o 'la propia existencia de otras salas del TSJ en las sedes de Málaga y de Sevilla'. En el primer caso, porque una expectativa, aunque sea legítima y, por tanto, respetable, no deja de ser eso, una expectativa, que además es de índole estrictamente personal y entiendo que una decisión de esta trascendencia sólo puede basarse en necesidades de buen gobierno y en aras a una mayor eficacia en la prestación del servicio. Además, la creación de esas expectativas necesariamente implica la frustración de otras", agrega el voto particular del presidente del TSJA.

Siguen los pronunciamientos en contra de la dispersión

Mientras tanto, siguen los pronunciamientos políticos y de instituciones en contra del traslado a Sevilla y Málaga de estas sedes. El pleno del Ayuntamiento de Granada aprobó la declaración institucional acordada por todos los grupos políticos, como ya hizo el jueves la Diputación de Granada. 

Además, el Consejo Consultivo de Andalucía, según informa Europa Press, enviará al Consejo General del Poder Judicial, al Ministerio de Justicia y al propio TSJA una declaración institucional en la que solicita para Granada "la adscripción permanente" de las nuevas secciones.