La Plataforma Juntos por Granada ha reclamado que las dos próximas plazas de magistrados que completarán la nueva sección de apelación penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se queden en Granada, como ha ocurrido con la primera, que prevé entrar en funcionamiento el 1 de septiembre.

Miembros del colectivo, surgido hace algo más de un año para reivindicar a Granada como capital judicial de Andalucía, han vinculado la decisión de que esta primera plaza se quede en Granada con la movilización ciudadana que se produjo para reclamar que estas secciones no se desplazaran a otras provincias como Málaga o Sevilla.

Desde la plataforma -integrada por colegios profesionales, sindicatos y organizaciones del ámbito jurídico, universitario, administrativo y social- han dicho que estarán "alerta" para que cuando se cree la segunda sección de apelación penal también se quede en Granada, una reivindicación que quieren trasladar al Gobierno.

Durante su declaración a los medios, algunos miembros del colectivo han considerado de hecho que la segunda sección prevista no sería necesaria actualmente a tenor del número de asuntos que está habiendo y "mucho menos el desplazamiento de plazas".

La ubicación de las dos secciones penales de apelación de la Sala Civil y Penal del TSJA ha sido motivo de controversia entre colectivos profesionales de la Administración de Justicia, administraciones pública y partidos políticos, pues Málaga, Sevilla y Granada pedían ser sede de las nuevas secciones.

En abril de 2017, la Sala de Gobierno del TSJA acordó proponer que se desplazaran a las ciudades de Sevilla y Málaga, asegurando la dotación "suficiente" de magistrados y medios en la Sala Civil y Penal y en las secciones desplazadas.

El Alto Tribunal Andaluz informó entonces de que este acuerdo fue aprobado por 23 votos de los 28 asistentes, ya que cuatro miembros del Pleno no pudieron asistir. Junto a ello, el presidente del TSJA y de la Sala de Gobierno, Lorenzo del Río, anunció un voto particular, al que se adhirieron tres miembros de la Sala de Gobierno.

En dicho voto particular, Del Río defendió que no concurrían circunstancias objetivas para esa división y que no contribuía a una mejor administración de justicia, por lo que veía "más razonable constituir una sección de apelación en el seno de la Sala Civil y Penal del TSJA, sin perjuicio de que en el futuro pueda valorarse el desplazamiento". Este acuerdo, como todos los de la Sala de Gobierno, se elevó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).