Tras la denuncia que UGT ya interpuso contra la empresa Grupo EME, responsables de la seguridad privada de las instalaciones que Diputación Provincial, por impagos a los trabajadores, representantes del sindicato se han reunido este lunes con el presidente institución, José Entrena, y el responsable de seguridad de la misma, para buscar una solución a los impagos -se deben el 50 por ciento de la nómina de julio, y la de agosto entera a 60 trabajadores, además de una importante deuda con la Seguridad Social-, y a la propia prestación del servicio. En este sentido, UGT recuerda que las condiciones de los contratos a las empresas "siempre se hacen a la baja".

Por parte del sindicato, además de los delegados de personal de UGT en Grupo EME, Francisco Polo y Emilio Macilla, han asistido Torcuato Ruiz, secretario del Sector de Seguridad Privada de UGT en Granada, Juan Francisco Martín, secretario provincial de UGT, y Antonio Muñoz, secretario general de FeSMC-UGT Granada.

Torcuato Ruiz ha trasladado a los responsables políticos que "el problema de fondo son las condiciones  de contratación que se establecen en los pliegos administrativos de la concesión (la actual finaliza el 31 de diciembre de este año)". En los mismos, detalla, "se establecen criterios económicos siempre a la baja, y por encima de los técnicos, lo que provoca que no se garanticen los costes salariales del servicio. Esto ya pasó con la anterior empresa a la que le fue concedido el servicio por parte de la Diputación, Mevinsa, que llegó a declarar concurso de acreedores, dejando a la plantilla en la más absoluta incertidumbre sobre el cobro de sus salarios". 

El representante sindical informa además que desde el mes de abril, la actual empresa, Eme, ya comunicó a la Diputación que "no quería seguir prestando el servicio porque estaba teniendo pérdidas, pero eso lo sabían desde el principio". Aunque el representante de UGT valora de forma positiva la respuesta de los representantes de la corporación, ha reiterado que "una baja temeraria en lo económico, lleva ineludiblemente la empresa concesionario  a una situación de pérdidas y una falta de liquidez para dar respuesta al pago de las nóminas".  

Desde UGT, señala el representante sindical, se confía en que el conflicto con Grupo Eme quede resuelto en próximas fechas, ya que están pendientes de recibir "una importante inyección económica" a través de una ampliación de capital por parte de un grupo suizo, operación pendiente de que el Banco de España la autorice. Esto además, podría resolver  la importante deuda que Grupo Eme tiene también con la Seguridad Social, que hace que no pueda concurrir a concursos administrativos.

UGT ha informado de que ya consiguió negociar con Diputación algunas cláusulas del pliego de condiciones, aumentando la oferta económica, ya que se detectó que no se iba a poder pagar  las nóminas con las condiciones que se habían establecido de principio, señala el sindicalista. Ahora, los representantes de la Diputación se han comprometido, según el sindicato, "no sólo a favorecer en lo posible que los vigilantes de seguridad cobren lo que se les adeuda a día de hoy, sino que en los próximos pliegos, los criterios técnicos de contratación sean los preferentes, y que se aumente la cuantía económica de prestación del servicio".

"Es lógico y razonable", concluye Ruiz, "que una empresa obtenga beneficio industrial por la prestación del servicio, pero ello no puede ser a costa de los trabajadores que prestan el servicio para la administración pública".