Los delegados y delegadas de UGT en la empresa Clece, que presta el servicio de limpieza en los hospitales de Granada, exigen a la empresa que mejore las condiciones laborales de una plantilla, que está "bajo mínimos", con cargas de trabajo "excesivas", con unos salarios que han disminuido un 4 por ciento, y más de cien puestos de trabajo perdidos no cubiertos desde los últimos cuatro años.  

Una situación que, según ha denunciado el sindicato en un comunicado, se prolonga desde hace varios años y que "se ha agravado" desde los últimos meses, debido no sólo a "la mala gestión de Clece", sino además, consecuencia directa de "los recortes que Administración sanitaria lleva aplicando desde 2012",  y de haber adjudicado en contrato a Clece "a la baja, por un 12 por ciento menos de lo que recogía el anterior contrato".

Antonio Muñoz, secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC), denuncia que  las trabajadoras y trabajadores  de Clece están realizando "el trabajo de dos o tres personas", y "cuando no cumplen el objetivo, la empresa les sanciona", hecho que considera "totalmente abusivo", además de estimar que hay unas 35 vacantes por jubilaciones y permisos y licencias, y otras 70 incapacidades temporales (IT) sin cubrir, por lo que la plantilla "está bajo mínimos", reitera. 

En la actualidad, afirma el ugetista, la plantilla de la limpieza hospitalaria es "claramente insuficiente" para la carga de trabajo con la limpieza de plantas, habitaciones, consultas y quirófanos, entre otros espacios, lo que está provocando "situación de insalubridad, alarmantemente peligrosas" para los usuarios y trabajadores de las distintas instalaciones sanitarias. "Incluso en las zonas de alto riesgo -detalla el representante de UGT- no se sigue el protocolo establecido para su limpieza, generando contagios y reinfecciones".

Los delegados/as de personal de UGT en la empresa Clece SA, detalla, han denunciado esta situación ante la empresa y la propia Junta de Andalucía en reiteradas ocasiones, "no recibiendo ninguna respuesta hasta el momento". Asimismo, se tiene conocimiento que hay reclamaciones por parte de los enfermos y familiares al Defensor del Pueblo y denuncias interpuestas por el personal sanitario, explica. 

Y concluye recordándole a la Administración sanitaria "su deber de  vigilancia y control de las contratas que adjudica", con control "exhaustivo" para que no sean trabajadores/as y usuarios "los perjudicados", así como recuerda la firma, el pasado mes de octubre de 2016, de un acuerdo entre Gobierno andaluz y los agentes sociales, entre ellos UGT,  por el cual se incorporarán cláusulas sociales en los contratos públicos