En respuesta a la intervención del concejal del grupo socialista Jose María Corpas, en el pleno del pasado 25 de octubre, el concejal de Personal, Francisco Fuentes (PP), anunció que iba a esperar a la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que juzga dos cuestiones prejudiciales sobre interinos, según informa Sitag.

"Fuentes faltó a la verdad en el Pleno", dice el sindicato que explica que el concejal afirmó literalmente que 'en este caso hasta que un tribunal no firma una sentencia, anticiparnos a tomar una decisión en base a unos criterios que una propia sentencia puede modificar, yo creo que sería altamente peligroso'. Según recuerda el sindicato, el pasado 13 de noviembre, en una reunión entre el concejal de Personal y los sindicatos de la Junta de Personal, "el concejal manifestó que a primeros de diciembre convocará mesa general de negociación para comenzar a establecer los criterios y las bases que regirán los procesos selectivos de las ofertas de empleo público de 2017 y 2018".

En dicha intervención en el pleno Francisco Fuentes continuó declarando, a preguntas del concejal socialista, que "nadie por parte del equipo de gobierno va a acometer o va a tomar una decisión respecto de ofertas, que repito, repito, están ahora mismo vinculadas a una decisión judicial", añadiendo que "aquí no se ha tomado una decisión de convocar las ofertas de 2017 y 2018 como se está diciendo, aquí no se ha tomado una decisión".

Sin embargo, Sitag asegura que "es al contrario: ya ha tomado todas las decisiones. En esa reunión del 13 de noviembre nos comunicó que las bases se van a negociar en diciembre-enero para aprobarlas a lo largo del mes de enero o febrero. En el mes de marzo publicará las convocatorias, es decir, abrirá los plazos para inscribirse en los procesos selectivos". Además el sindicato hace incapié en que el concejal les dijo que "este era el calendario, haya o no sentencia europea en esas fechas".

El punto "más conflictivo" es el que hace referencia a los criterios que regirán las bases para optar a las plazas que actualmente ocupan los interinos. Estos criterios son lo que más preocupa al sindicato y a todos los interinos, unos 250. Y "lo que más ha enfadado" a este colectivo respecto de la intervención del concejal de Personal en el pasado pleno. Francisco Fuentes afirmó literalmente que "y a partir de la sentencia se fijarán los criterios, ¿qué quiere que le diga? (en contestación al concejal del grupo socialista) ¿qué es concurso oposición? ¿que es un libre designación? Pues mire usted, es que hay una sentencia, a las cuales, el equipo de gobierno anterior, ha tenido que esperar".

Desde Sitag afirman que en esa reunión del 13 de noviembre el concejal de Personal les afirmó que "el criterio estaba decidido, ya antes de que empiecen las negociaciones, y que era el de concurso oposición: nos comunicó que el criterio era sí o sí el de concurso oposición y puso como ejemplo a la Junta de Andalucía, que ya ha aprobado el concurso oposición como criterio sin esperar a la sentencia. Cuando le expusimos que el Gobierno andaluz aparte de no esperar a la sentencia se ha saltado al Parlamento andaluz ya que está en trámite una iniciativa legislativa para regular el concurso como criterio de selección, nos contestó que no lo sabía. Es decir, pone como ejemplo lo que le interesa, pero sin tener ni idea de lo que está hablando".

Ante todos estos acontecimientos, Sitag celebró el pasado viernes una asamblea con más de 120 interinos, donde les informaron de los pasos dados por el concejal de Personal. En la misma impartió una conferencia el abogado José Cabrera Rodríguez, quien lleva muchos casos en distintos tribunales de todo el territorio español sobre el fraude de ley y abuso de temporalidad de los interinos. Muchos de los asistentes decidieron emprender acciones legales contra el Ayuntamiento, para lo cual Sitag asegura que está organizando la recogida de datos y hechos para coordinar todas las demandas.

El sindicato asegura que llegará "más lejos, ya que advirtieron por escrito presentado por registro al concejal de Personal que el hecho de aprobar unas bases y unos criterios sin esperar a la sentencia europea podría provocar una duplicidad de plazas o un gasto indemnizatorio que puede alcanzar y soprepasar los 5.100.000 euros de coste para el ayuntamiento". En palabras de Sitag, "esto supone una malversación de fondos públicos a sabiendas, ya que lo han advertido, por lo que, afirman, no dudarán en llevar a la justicia a los responsables del departamento y al propio concejal llegado el caso".