Las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de la capital se enfrentan a un nuevo peligro, el contagio por covid-19. Si el sector ya peleaba a diario con su precarización laboral, ahora, las trabajadoras acuden a cuidar a las personas mayores sin la protección adecuada ante el virus. Podemos-IU y CC OO denuncian la situación en la que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento ha dejado a las trabajadoras del SAD, ya que "no vigila que la empresa concesionaria cumpla con las medidas sanitarias", informan a través de un comunicado. 

El grupo municipal y el sindicato se han unido para exigir al bipartito que proteja tanto a estas empleadas, como a los usuarios, personas mayores que ahora son las más vulnerables, y “que el concejal de Servicios Sociales abandone la insensibilidad con este sector”.

Las empleadas acuden a trabajar apenas sin medidas de seguridad contra el coronavirus, viven en peligro de contagio y también exponen a los ancianos. “Ellos cuidan a nuestros mayores, por lo que la empresa que gestiona el SAD debe proteger a sus trabajadoras, y por supuesto, el Ayuntamiento debe hacerse responsable de controlar que lo hace”, explica la concejala de la coalición de izquierdas Elisa Cabrerizo. La edil sostiene que “aunque este servicio público está privatizado, la norma establece que la administración local sigue siendo competente y gestora por lo que no valen las excusas”.

Félix Alonso, secretario de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC OO, denuncia, por su parte, que “la pandemia ha puesto en evidencia todas las carencias de la atención sociosanitaria a nuestras personas mayores, y eso se traduce en que sin financiación suficiente, no se facilitan los EPIs adecuados, ni en la cantidad necesaria que se exige en la normativa”.

La coalición y el sindicato alertan de que estas empleadas "sobreviven en la pobreza" dadas sus condiciones laborales y ahora, además tienen que vivir con miedo a contagiarse o contagiar a otros. “Tener sensibilidad es clave para quien gestiona los servicios sociales, y este concejal no para de demostrar que le duele muy poco la situación de las trabajadoras y los usuarios”, subraya la concejala.

Alonso, por su parte, recuerda la responsabilidad social del Ayuntamiento en el plano laboral ya que “las empresas que acceden a los conciertos públicos miran más por sus beneficios que por mejorar la situación de las trabajadoras y las personas dependientes. Presentan ofertas a la baja, que están permitidas porque no se ha modificado el precio que paga la administración, que actualmente es de 13 euros”.

Cabrerizo y Alonso exigen a la concejalía de Derechos Sociales que cumpla con su obligación y asegure que el servicio sea dado con las máximas garantías tanto laborales como sanitarias. El grupo municipal reivindica, además, que sea considerado el plus de peligrosidad de estas empleadas sociosanitarias en plena pandemia de Covid-19. 

Se trata de un servicio público esencial, básico y garantizador de la vida y cuidados de las personas que lo necesitan, ofrecido por un personal absolutamente entregado y profesional, que requiere que su protección y la de las personas a las que atiende esté asegurada por parte de este Ayuntamiento, que es el responsable.