Artículo de Opinión
Los olvidados
Con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, Clara Castanardo Calvo, responsable de Política Social y Empleo de CCOO Granada, llama la atención sobre el impacto social de la pandemia en una clase trabajadora ya de por sí empobrecida y alerta sobre el deterioro de los servicios públicos. Una reflexión a tener muy en cuenta.
P.V.M.
Este 17 de octubre se celebra el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
La crisis provocada por el coronavirus está haciendo estragos en la sociedad en general de tal forma que el impacto de la pandemia es cada vez más evidente y alarmante. Alarmante, evidente y desalentador muy especialmente en lo que respecta a la clase trabajadora, y en particular a aquellas personas que han perdido su empleo.
Ya antes de la pandemia, un sector importante de las personas trabajadoras de este país se hallaba en una realidad de marginalidad y de pobreza. ¿Cómo se ha gestado esta situación si no es a través de diversas reformas laborales generadas a espaldas de los trabajadores más precarios, de tal modo que quienes antes disponían de un salario no fueron llegando a fin de mes? Así se acuñó la expresión “pobreza laboral”. Y una vez acuñado el término se “olvidó” la existencia de esas personas.
Los olvidados de esta y de todas las crisis cada vez forman un grupo más numeroso compuesto de trabajadores y trabajadoras en pobreza laboral, desempleados, personas dependientes… además de un colectivo amplísimo que formaba parte de la economía sumergida o informal: empleadas de hogar, venta ambulante, migrantes, especialmente los que carecen de documentación... Todos marcados por dos características que son el signo distintivo del mercado laboral actual: precariedad y temporalidad.
Los olvidados. Las personas paradas, pobres son las grandes olvidadas de esta pandemia, aquellos que están fuera de los ERTE o pendientes de la ayuda para comer, o dependiendo de los abuelos jubilados para sobrevivir, y con muchos papeles que rellenar, y trámites que cumplir.
Porque, para más inri actualmente están olvidados por la Administración, una Administración que niega la atención presencial a las personas que más lo necesitan. Una Administración que entiende que a la ciudadanía se le puede atender telefónicamente y a través de internet, sin tener en cuenta la enorme brecha digital existente.
¿Los teléfonos? Siempre están ocupados, es prácticamente imposible que una llamada sea atendida en directo o que llegue a la línea adecuada. ¿Internet? Estos colectivos difícilmente disponen de un ordenador, de conexión a internet y, aunque los teléfonos móviles se han generalizado en la mayoría de los casos no los saben usar más allá del WhatsApp, tampoco poseen la formación suficiente para moverse a través de los intrincados laberintos de enlaces y páginas. Así, la burocracia y el papeleo se dilata en el tiempo y solamente consiguen tener acceso algunos privilegiados que han conseguido ayuda para “rellenar los papeles” de algún modo incierto.
Se ha vuelto imposible contactar con la Administración: pedir una cita con el o la trabajadora social, con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el SAE o incluso una cita médica. Todo ello es prácticamente imposible.
Tanto es así, que a CCOO tampoco nos está resultando nada fácil contactar con la Administración. Tras pedir a la subdelegada del Gobierno y al delegado de la Junta de Andalucía en Granada una reunión donde tratar esta situación, basándonos en la realidad que observamos en nuestro trabajo diario e intentar dar una solución, aún estamos pendientes de esas citas que no llegan.
¿Cómo se explica que colectivos como el profesorado o el sanitario estén atendiendo a un número elevado de alumnado o de pacientes, y en cambio sea nula la atención de la Administración en ventanillas imprescindibles socialmente? No se entiende cómo el acceso a la Administración o a los centros de salud sea tan difícil, mientras la mayoría de los trabajadores y trabajadoras estamos en nuestro puesto de trabajo, los colegios permanecen abiertos y la ciudadanía en general está haciendo un esfuerzo por tragarse el miedo y volver a una supuesta normalidad.
En mi día a día observo cómo la gente que menos recursos tiene llega al sindicato con la amargura pintada en el rostro porque no puede contactar con la Administración o no sabe inscribirse en el SAE y, si consiguen hacerlo, desconocen cómo escanear los documentos que se les piden, o no saben solicitar el Ingreso Mínimo Vital, ni las ayudas para el alquiler y no consiguen que nadie les dé cita para gestionar las pocos euros que les podrían dar, ya que no la solución, al menos un respiro a su situación.
Algunas personas acaban acudiendo al sector privado donde les cobran por tramitarles lo que necesitan. Como resultado, del espacio público abandonado saca tajada el sector privado, a costa de los olvidados. No es justo, y en un Estado de Bienestar atender las demandas de los más necesitados no es otra cosa que Justicia Social.
¿Los servicios de carácter social conseguidos con tanto esfuerzo a lo largo de la Democracia están en estos momentos en trance de desaparición?
Y es entonces cuando uno se pregunta ¿qué pasa con lo público? Quizás sea eso lo que quieren que nos preguntemos ¿Los servicios de carácter social conseguidos con tanto esfuerzo a lo largo de la Democracia están en estos momentos en trance de desaparición?
Sea el escenario que sea el actual, y se dilate cuanto se dilate en el tiempo, vivimos en un país donde la ciudadanía no posee la suficiente formación o alfabetización en tecnologías, y debería estar claro que la atención personalizada es una obligación de la Administración.
