La Plataforma en defensa de la Vega, integrada entre otros colectivos por la Agrupación de Voluntariado Ambiental de Santa Fe, Auca, Somos Vega, Somos Tierra, Ecologistas en Acción Granada, Salvemos la Vega, Vega Educa y Defendamos la Vega otra Vez, han presentado este viernes dos denuncias ante la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de Granada para que intervenga a fin de evitar las consecuencias de las megaplantas solares proyectadas para el paisaje de la Vega, su biodiversidad y el patrimonio histórico.

Se trata de las plantas impulsadas por Ence, junto a las infraestructuras para la evacuación de la energía, que se proyectan en Las Gabias, Santa Fe, Vegas del Genil, Pinos Puente, Albolote y Atarfe,

"La Plataforma en Defensa de la Vega de Granada y su Entorno considera que es necesario promocionar las energías renovables como una forma de transición energética siendo necesario que se haga de forma compatible con la preservación del medio rural y los espacios protegidos. Es necesario que se pueda desarrollar el plan de áreas preferentes de energías renovables que pueda zonificar el territorio estableciendo las zonas adecuadas para promocionar este tipo de actividad económica o se promuevan sobre superficies como tejados de casas, naves industriales, aparcamientos, canales de riego, etc. Ponemos estos hechos en conocimiento de la fiscalía provincial puesto que consideramos que este tipo de plantas fotovoltaicas son incompatibles con la adecuada ordenación del territorio". 

representantes.jpg

Representantes de los colectivos, este viernes, en la Fiscalía. plataforma en defensa d ela vega y su entorno

De esta manera resumen los colectivos la decisión de acudir a la Fiscalía. Son dos las denuncias, una centrada en las afecciones al medio ambiente y la segunda al patrimonio histórico.

Construir una Línea de Alta Tensión en la Vega equivaldría a construirla sobre las Huertas del Generalife o la Dehesa del Generalife

Como advierten los colectivos, la selección del emplazamiento de estas plantes por parte de las entidades promotoras se ha centrado, al amparo de la normativa y por "evidentes motivos económicos", en "terrenos forestales, naturales, seminaturales o “incultos” del ámbito rural o natural, lo cual está provocando todo tipo de afecciones en dichos territorios". "Si bien en gran medida estas afecciones se están produciendo sobre el patrimonio natural, provocando numerosos efectos medioambientales en las zonas en las que se ubican, también, en algunos casos, lo hacen sobre el patrimonio histórico", como es el caso de las Atarfe I, II y III y las líneas de evacuación.

De un lado, a los elementos históricos de la Vega, entendida como "un organismo territorial generado por la actividad agraria y conformado por un complejísimo sistema hidráulico de riego creado fundamentalmente en la Edad Media y que se ha mantenido con un altísimo grado de autenticidad e integridad hasta la actualidad". 

Junto al valor histórico, "los otros valores patrimoniales que concurren en la Vega de Granada son el valor técnico, el procedente del complejísimo sistema de captación y distribución del agua, y el etnológico, correspondiente a la actividad agraria desarrollada histórica y tradicionalmente a partir de este sistema hidráulico. Todo ello al margen de la existencia de un excepcional valor agrario en el sentido establecido por la Carta de Baeza sobre el Patrimonio Agrario, el cual no desarrollamos por no ser aún un valor reconocido formalmente por nuestra legislación de patrimonio histórico", añaden.

La construcción de la Línea de Alta Tensión provocaría "una grave afección a la misma, ya que atravesaría de lleno, invadiría, una zona concreta, pero muy significativa, del sistema territorial de la Vega de Granada", algo que equivaldría -resalta la plataforma indicando que en absoluto lo dice "de forma figurada o metafórica"- a "construir una Línea de Alta Tensión sobre las Huertas del Generalife o la Dehesa del Generalife". 

Acequias, el sitio real Soto de Roma, la Dehesa de Santa Fe, formalmente considerada Patrimonio Histórico Andaluz, y el conjunto histórico de Santa Fe se verían afectados. 

Por otra parte, la plataforma advierte de los posibles delitos ecológicos porque discurrirá entre las zonas protegidas de la Zona Especial de Conservación La Malahá incluida en la Red Natura 2000 y el Parque Periurbano Dehesa de Santa Fe perteneciente a la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

A juicio de los colectivos, la evaluación de impacto ambiental elaborada por la empresa presenta "graves carencias". Hay otro elemento de gran importancia, que es la división de la infraestructura durante la tramitación. 

La división del proyecto busca, según la plataforma, eludir que la competencia sea del Estado para autorizarla, lo que considera "un fraude de ley, autorizado y consentido por la Consejería competente de la Junta de Andalucía a sabiendas de su ilegalidad"

"Se trata, en realidad, de un mismo macroproyecto de generación de energía eléctrica fotovoltaica, de cientos de hectáreas de extensión, aunque haya sido dividido en tres proyectos aparentemente distintos con la única finalidad de eludir la competencia de la Administración estatal para autorizarlo y que, en su lugar, sea detentada por la Administración autonómica andaluza, toda vez que el artículo 3.13.a) de la vigente Ley reguladora del Sector Eléctrico, atribuye la competencia de la Administración General del Estado para autorizar las instalaciones de producción de energía eléctrica en territorio peninsular y sus correspondientes líneas o infraestructuras de evacuación, cuando la potencia eléctrica es superior a 50 MW eléctricos"

Y abunda en esa explicación: "En efecto, ante la existencia de este límite legal, se ha dividido en tres el macro-proyecto, limitando la “Planta ATARFE I" a una potencia instalada de 48,850 MWp; la “Planta ATARFE II” a 49,991 MWp; y la “Planta ATARFE III” a 33,095 MWp. Sumando 9/11 una potencia conjunta de 131,936 MWp, muy superior a los 50 MW indicados en la ley, pero con la división en tres proyectos, como ninguno de ellos supera esa potencia tope, se pretende que ya no sea el Estado el competente para emitir las autorizaciones sino la Comunidad Autónoma de Andalucía. Mas eso no es más que un fraude de ley, autorizado y consentido por la Consejería competente de la Junta de Andalucía a sabiendas de su ilegalidad". 

La plataforma solicita a la Fiscalía que investigue si se ha producido un supuesto delito de prevaricación.