El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Guadix ha iniciado la toma de declaraciones por la denuncia que un grupo de 14 exmineros de las Minas de Alquife ha presentado contra casi 40 personas por supuestas ayudas irregulares concedidas a extrabajadores de estas instalaciones, ahora cerradas.

La querella se dirige contra varios exconsejeros de la Junta de Andalucía, representantes sindicales, exdelegados provinciales, un expresidente de la Diputación Provincial de Granada, varios cargos de la administración y miembros del Consejo de Administración de las empresas sucesoras de la antigua Compañía Andaluza de Minas (C.A.M.), según explican los denunciantes.

El citado juzgado está instruyendo la causa y hasta el momento solo ha citado a declarar a trabajadores. Este viernes han declarado un total de cuatro y se espera que el próximo mes lo hagan más, en el marco de una causa en la que se irá investigando y decidiendo los próximos pasos junto con la Fiscalía, sin que hasta el momento se haya citado a ningún exalto cargo de la Junta, según han detallado a Europa Press fuentes judiciales.

La querella se interpuso en julio de 2014 por 14 exmineros de las Minas de Alquife en el juzgado de Sevilla que dirigía en aquel momento la jueza Mercedes Alaya. Tras inhibirse, la denuncia se trasladó a Granada y el 12 de noviembre de 2015 fue admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 5, dándose posteriormente traslado al Juzgado de Instrucción número 1 de Guadix, según detalla en una nota el abogado de los querellantes Jesús Yebra.

El origen de la querella está en el proceso de liquidación y adjudicación de los bienes de todo tipo de la extinta C.A.M., que cesó su actividad en octubre de 1996.

En enero de 1998, un grupo de 129 trabajadores de la C.A.M. constituyó la Compañía Minera del Marquesado S.L.L. con el objetivo de poder seguir explotando la mina. Los denunciantes afirman que "desde entonces hasta hoy esa sociedad no ha desarrollado ninguna de las actividades por las que justificaba su creación".

Dos años después se constituyó Minas de Alquife S.L. con el mismo Consejo de Administración que la Compañía Minera del Marquesado, adquiriendo la primera el 90 por ciento de las concesiones mineras, quedando el resto en manos de dieciocho trabajadores mineros.

En 2011 se creó Minas de Alquife Holding B.V. en Holanda, que para los denunciantes es el heredero directo de todas las sociedades antes mencionadas y ha de asumir por tanto las responsabilidades de todo tipo en las que incurrieron las sociedades a las que absorbe.

Los querellantes consideran que se impusieron acuerdos abusivos, con ánimo de lucro propio o ajeno, en perjuicio de los demás socios, y sin que reportaran beneficios a la sociedad, "lo que está tipificado como delito societario en el Código Penal".

En la querella también se denuncia "la existencia de un delito de falsedad documental y se afirma que existen indicios claros de falsificación de documentos públicos que llevaron a la instrumentación de un Plan de Prejubilaciones supuestamente ilegal, ya que la Compañía Minera del Marquesado S.L.L. se acababa de crear y al ser una mercantil de naturaleza laboral, sus socios deberían estar trabajando en ella y por supuesto, nunca hubo ningún expediente de regulación de empleo previo".

En 2006, añaden los afectados, "asignó la Junta de Andalucía cantidades con destino a las mencionadas prejubilaciones, pero la C.A.M. ya no existe y Minas de Alquife S.L. no tiene, que se sepa, en esas fechas ningún supuesto prejubilado que atender".

Los denunciantes, consideran que no es posible alcanzar los objetivos previstos en el Plan de Prejubilaciones "sin que por parte de los administradores sociales de la Compañía Minera del Marquesado S.L.L. y Minas de Alquife S.L. se falsee documentalmente la realidad, ya que se parte de la inexistencia de una empresa en crisis, no se ha aprobado ningún ERE previo y los trabajadores prejubilados acababan de incorporarse a una nueva empresa".

Agregan que en el Informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía, en la "Resolución de 10 de diciembre de 2012, por la que se ordena la publicación del Informe de Fiscalización de las ayudas socio laborales a los trabajadores afectados por ERES y empresas en crisis otorgadas por la administración de la Junta de Andalucía, Ejercicios 2001-2010", aparecen como beneficiarias la C.A.M. y la Compañía Minera del Marquesado S.L.L., la primera con una prima financiada por importe de 5.083.818 euros y la segunda con 14.892.164 euros".

El abogado de los querellantes hace hincapié en que "la primera mercantil está liquidada en las fechas del informe y la segunda, aparte --según afirma-- de privar a los trabajadores de sus derechos, especular con los bienes adjudicados y enriquecer ilegítimamente a un grupo de sus representantes legales, jamás ha cumplido con su objeto social".

Agrega que en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 204 y 245 se hace referencia al "Decreto Ley 4/2012, de 16 de octubre de medidas extraordinarias y urgentes en materia de protección socio laboral a extrabajadores andaluces por procesos de reestructuración de empresas y sectores en crisis. La Compañía Minera del Marquesado aparece con dos pólizas y Minas de Alquife S.L. con una tercera póliza".

Este viernes se ha iniciado la toma de declaración en calidad de investigados a los miembros del Consejo de Administración de la Compañía Minera del Marquesado S.L.L, según detalla el letrado.

La querella también se dirige contra los exconsejeros de la Junta de Andalucía Guillermo Gutiérrez Crespo, José Antonio Viera Chacón, Martín Soler Márquez, Francisco Vallejo Serrano, Antonio Ávila Cano y el actual consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado.

También contra el expresidente de la Diputación Provincial de Granada, Antonio India Gótor, el exdelegado provincial de Empleo, Mariano Gutiérrez Terrón, el inspector de trabajo Bernardo Ruiz González, los antiguos directores de Trabajo y Seguridad Social, así como el director Gerente del IFA, varios representantes sindicales de la época, miembros del Consejo de Administración de Minas de Alquife Holding B.V. y otros, hasta un total de casi 40 personas.

Según opina el abogado de los querellantes, Jesús Yebra, "esto no es más que, una nueva metedura de pata en el proceso de liquidación y cierre que tuvo las Minas de Alquife a finales de los años 90".

A su juicio, "el primer gran error que se cometió por desconocimiento o prevaricación, fue adjudicar en un segundo auto con fecha de 6 de junio de 2001 unas propiedades y concesiones mineras que ya habían sido adjudicadas con anterioridad a los señores Lawrence William Seidler, Stanley Gordon Conway y Robert Kelly Moore. Desde ahí, todos los pasos que se han dado han sido equivocados y ahora nos encontramos con una situación que nadie logra entender".