En el Parlamento de Andalucía

La Junta justifica en la "utilidad pública" la expropiación de más de 200 parcelas de la Vega para la megaplanta fotovoltaica de Santa Fe

E+I+D+i - E.P./IndeGranada - Miércoles, 8 de Mayo de 2024
El consejero de Industria y Energía, Jorge Paradela, afirma que el Ayuntamiento santaferino no presentó ninguna alegación al proyecto cuando gobernaba el PSOE.
Plano del proyecto fotovoltaico, entre el Parque Periurbano de Santa Fe (en verde) y la ZEC de La Malahá.
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Plano del proyecto fotovoltaico, entre el Parque Periurbano de Santa Fe (en verde) y la ZEC de La Malahá.

 

El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta, Joge Paradela, se ampara en "el derecho de utilidad pública que existe por ley" para la expropiación de más de 200 parcelas de la Vega que conllevará la construcción de los megaparques fotovoltaicos Atarfe I, II y III (en realiadd es uno solo), según ha indicado este miércoles, pese a la gran oposición social que ha generado el proyecto, ubicado entre el parque periurbano de Santa Fe y la Zona de Especial Conservación de La Malahá, y cuya línea de evacuación eléctrica hasta la subestación eléctrica de Atarfe pasará por la Vega y eliminará numerosos cultivos agrícolas y de choperas. 

La declaración de utilidad pública de la instalación, que se está tramitando tras pasar su periodo de exposición pública, dará lugar a que los titulares de terrenos afectados "puedan tener derecho a obtener una compensación por las servidumbres de vuelo, según la ley de expropiación forzosa", ha detallado Paradela, en respuesta a una pregunta del PSOE sobre el proyecto en la comisión del ramo en el Parlamento de Andalucía.

Paradela ha detallado que el proyecto ya obtuvo el pasado mes de noviembre las autorizaciones ambiental unificada y administrativas previas, tras hacerse una evaluación "de manera integrada" para valorar las afecciones conjuntas sobre el entorno de las tres plantas.

Durante la fase de tramitación ambiental se recibieron alegaciones y un recurso a la autorización administrativa previa por "cuestiones referidas a la fragmentación del proyecto y a su afección a determinados espacios naturales", el Parque Periurbano de Santa Fe y la Zona de Especial Conservación de La Malahá. 

Igualmente la Junta concluyó que la valoración ambiental global de los efectos del proyecto se consideraba "compatible y viable", ya que las instalaciones, según Paradela, si bien se localizan en las inmediaciones del Parque Periurbano Dehesa de Santa Fe, "no se ubican sobre ningún espacio natural protegido y no se prevé ninguna incidencia directa en la zona".

Santa Fe, con el PSOE, no se opuso al proyecto

El titular andaluz de Energía ha precisado que el Ayuntamiento de Santa Fe, principal municipio en cuyo término están proyectados los parques, en ese momento con el PSOE en el gobierno local, "tampoco presentó ninguna alegación ni oposición al proyecto", que salió a exposición pública para su evaluación ambiental en la primavera de 2022.  Actualmente está en tramitación la autorización administrativa de construcción y de la declaración de utilidad pública.

En el inicio de este último proceso se han presentado alegaciones por su posible afección a la producción de choperas, ante lo que la Delegación Territorial de su departamento en Granada "se limitará a reconocer, para esta actuación concreta, ese derecho de utilidad pública que existe por ley". Una utilidad pública que resulta incomprensible pues solo benefiará a la empresa promotora para que pueda acometer una instalación que, además de los daños ambientales que ocasionará, producirá una electricidad que no se consumirá en la provincia de Granada, más que saturada ya de proyectos fotovoltaicos y eólicos. 

Tres organizaciones ecologistas presentaron a principios de año recurso de alzada contra la autorización administrativa del proyecto, que cuenta con la firme oposición de otros colectivos como Salvemos la Vega, la asociación de productores de chopo o la Plataforma Di no a las Torres, que están recogiendo firmas y recabando apoyos en los municipios afectados. 

Lo que establece la normativa vigente es que, si esta línea produce afecciones, ha especificado Paradela refiriéndose a cuestiones como la producción de chopos, "los titulares afectados tienen derecho a obtener una compensación por las servidumbres de vuelo, según la ley de expropiación forzosa".

"En ningún momento se ha alegado ninguna cuestión legal que impida la imposición de servidumbres ni ninguna disposición reglamentaria de carácter urbanístico a esta instalación", ha resaltado Paradela, precisando que el Ayuntamiento de Santa Fe, ahora con el PP en el gobierno local, "ha organizado una reunión con los promotores que tienen proyectos en esta zona para buscar la manera de minimizar todo lo posible el impacto de los terrenos de las choperas".

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