La Junta destina 7,3 millones de euros al plan de empleo agrario en Granada, un 4,4% más
Gustavo Rodríguez. junta/archivo
La Junta ha dado a conocer, a través de su publicación en BOJA, la Resolución de la Dirección General de Administración Local de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local por la que se conceden subvenciones a las Diputaciones Provinciales en el marco del Programa de Fomento del Empleo Agrario para 2019, que en el caso de Granada ascienden a 7,3 millones.
Esto convierte a la provincia de Granada en la tercera más importante en la Comunidad Autónoma, con un incremento este año del 4,4 por ciento con respecto al anterior ejercicio, en el que se destinaron siete millones de euros.
El delegado de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Gustavo Rodríguez, asegura que "la Junta de Andalucía tiene como prioridad absoluta el desarrollo sostenible de sus pueblos así como la lucha contra el despoblamiento del mundo rural como muestra el incremento de inversión en el PFEA".
El PFEA es un programa destinado a la ejecución de proyectos de inversión de interés general, social y generadores de empleo estable, subvencionado por las Administraciones Territoriales para la contratación de trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios.
Este año, el montante global se eleva a los 35 millones de euros, de los cuales 21,6 son aportados por el Estado para gastos derivados de mano de obra; 7,3 por la Junta para la financiación del 75 por ciento de los materiales que se van a emplear en los distintos proyectos de obras y servicios que se proyecten en los municipios; 2,4 de la Diputación Provincial, correspondiente al 25 por ciento restante de materiales.
A todo ello hay que sumar una aportación de 3,5 millones de los Ayuntamientos de la provincia. Con esta inversión se van a realizar un total de 285 actuaciones en la provincia, con la suscripción de unos 17.000 contratos de trabajo, que suponen la generación de más de 202.000 jornales.
Para Gustavo Rodríguez "se trata de un ejemplo de colaboración institucional entre las cuatro administraciones públicas implicadas, que cada año unen esfuerzos y complementan sus actuaciones con el objetivo común de generar empleo y de mejorar las infraestructuras municipales, en especial en las zonas rurales e históricamente desfavorecidas; contribuyendo así a mejorar la vida de los habitantes y a estimular las economías locales".
