La Inspección de Trabajo ha dado la razón a CSIF Granada respecto a la denuncia presentada el pasado 31 de marzo contra la Delegación Territorial de Salud "por exponer a los trabajadores del sistema sanitario al contagio del SARS-CoV-2 al desempeñar su trabajo sin los medios y equipos de protección suficientes". 

La Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo ha instado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a planificar las acciones preventivas necesarias y ejecutarlas con el objetivo de proveer de los medios necesarios a los profesionales sanitarios, "cuyo contagio por Coronavirus ha alcanzado unos niveles intolerables, que ponen de relieve que no se ha actuado bien y que la Administración no ha protegido a estos trabajadores y trabajadoras", indica la responsable del sector de Sanidad de CSIF Granada, Matilde Núñez.

Según los datos más actualizados de los que dispone el sindicato, "más de 1.650 profesionales han quedado fuera de juego por la Covid-19 hasta el momento, bien por resultar contagiados o por tener que mantenerse en aislamiento en Granada".

Concretamente, en su denuncia ante la Inspección de Trabajo en Granada, CSIF Granada detallaba que "faltan los medios de protección adecuados para garantizar la salud y minimizar el riesgo de contagio entre el personal como batas impermeables, mandiles, mascarillas FPP2 y FPP3, gafas de protección, calzas específicas, contenedores de grandes residuos, mamparas de cristal a modo de protección colectiva en puntos donde exista atención directa a usuarios". 

Tras esta denuncia, la Inspección de Trabajo trasladó el pasado 6 de abril al SAS una propuesta de requerimiento para que este organismo aportara la documentación y alegaciones que considerase oportuna ante las denuncias del sindicato en cada una de las provincias. 

Una vez finalizado el plazo de respuesta, la Inspección de Trabajo ha decidido realizar un requerimiento definitivo al SAS, con fecha 4 de mayo, en el que solicita "con carácter inmediato y permanente" que "planifique la adopción de todas las acciones preventivas derivadas de la evaluación de riesgo de exposición al Coronavirus, con identificación de los recursos, medios y coste de la implantación de cada acción, así como con la anotación de la comprobación de la adopción de cada acción preventiva". Además, establece que "todas las acciones preventivas planificadas deben implantarse en los términos recogidos en cada planificación".

CSIF Granada valora este pronunciamiento al entender que "queda igualmente demostrado que la Administración no ha respetado el derecho a la información de los legítimos representantes de los trabajadores y trabajadoras, ni tampoco el derecho de formación que asiste a los trabajadores sobre prevención de riesgos laborales y prevención".

Desde el inicio de la pandemia, el sindicato ha recordado que ha venido denunciando "la enorme desprotección de los trabajadores del sistema sanitario público por falta de medidas de protección, para lo que ha realizado numerosas reclamaciones a las direcciones gerencias de los centros hospitalarios, áreas de gestión sanitarias y distritos de Atención Primaria, denunciando las exposiciones de riesgo sin la debida protección". 

A raíz del pronunciamiento que ha hecho ahora la Inspección de Trabajo, CSIF exigirá "que el SAS cumpla con sus obligaciones y se reserva la posibilidad de acudir a las vías que estime oportunas para salvaguardar la protección y el interés de los profesionales del sistema sanitario público".