Para muchos opositores al cuerpo de maestros, profesores de enseñanza secundaria, profesores de escuelas de idiomas, profesores de música y artes escénicas y profesores técnicos de formación profesional, la modificación del acceso a la función pública dibuja un panorama absolutamente incierto para 2022, con respecto a nuestras expectativas laborales. El nuevo borrador, planteado por  el Gobierno central y algunos sindicatos, tiene como objetivo modificar el actual Real Decreto 276/2007, que regula el acceso al cuerpo docente y mantiene en vilo a centenares de opositores. Es cierto que aún no es oficial, pero ya se han sentado todas las bases legales necesarias para aprobarlo, de forma inminente.

Estas nuevas reglas de juego son discriminatorias para muchos aspirantes, que llevan años, preparándose para poder afrontar un proceso selectivo que, ya de por sí, es difícil

Así, a tan solo seis meses de la convocatoria del examen oficial, previsto para junio de 2022, este nuevo marco legal premia la experiencia docente, en la fase de concurso, hasta en un 70% y devalúa la formación académica hasta un 30%. Este sistema de acceso perjudica gravemente a centenares de aspirantes e interinos con poco tiempo de servicio, pues reduce drásticamente las posibilidades de adquirir una plaza en la Administración pública, en las próximas convocatorias 2022, 2023 y 2024. Estas nuevas reglas de juego son discriminatorias para muchos aspirantes, que llevan años, preparándose para poder afrontar un proceso selectivo que, ya de por sí, es difícil.

Con este panorama, muchos opositores se plantean si tiene sentido seguir adelante en una carrera que, de esta forma, parece perdida de antemano. Hasta ahora, tanto aspirantes sin tiempo de servicio, como interinos con diez años trabajados, podían competir de forma igualitaria, ya que la experiencia representaba el 50% de la fase de concurso y la formación académica otro 50%. 

Por todo ello, docentes de los cuerpos y especialidades de Infantil, Primaria, Secundaria, FP y Bachillerato queremos protestar contra esta nueva realidad que juega con nuestras esperanzas laborales y con nuestras vidas personales. Así, tanto en redes sociales, como en Twitter o Instagram, al igual que en otras plataformas como Telegram, Docentes por la Justicia dice basta ya. 

Representamos a un colectivo que aglutina a gran número de docentes afectados en toda España por estas reformas y manifestamos nuestro malestar por estos cambios

Representamos a un colectivo que aglutina a gran número de docentes afectados en toda España por estas reformas y manifestamos nuestro malestar por estos cambios que, por otra parte, facilitan el examen de acceso, sin pruebas eliminatorias, y suprime la parte práctica de dicho examen. De esta forma, el nuevo borrador plantea que todos los candidatos que se presenten a la prueba puedan defender una unidad didáctica en la fase oral, sin ni siquiera haber aprobado la parte teórica del examen de su especialidad. Como consecuencia de ello, interinos con tiempo de servicio, acceden de forma fácil y rápida al concurso de méritos. Por otra parte, consideramos que este proceso menoscaba el esfuerzo de los aspirantes y de los requisitos mínimos que se deben exigir para acceder al cuerpo docente, con una oposición impropia de un grupo A1-A2, donde se entregan las vacantes a trabajadores temporales con más experiencia. 

Docentes por la Justicia reivindicamos que personas que no obtengan, al menos, un cinco en la fase teórica del examen de una especialidad, no puedan pasar a la fase de exposición, ya que es impropio de países que aprecian el sistema público de enseñanza.

Por otra parte, estos cambios en el proceso de selección van en dirección opuesta a los países con mejores estándares de calidad docente, ya que reducen la exigencia en el proceso, favoreciendo a un grupo altamente sindicalizado y bloqueando el acceso de nuevos candidatos, que han invertido mucho tiempo y dinero en formación académica y que no tendrán ninguna opción real con este nuevo sistema.

Docentes por la Justicia también queremos denunciar que el proceso es anticonstitucional, según los Artículos 23 y 103 de la Constitución española, ya que es antidemocrático que las pruebas no sean eliminatorias. Por todo ello, Docentes por la justicia reivindicamos a las Consejerías de Educación de las distintas Comunidades Autónomas, que, como ha ocurrido en Navarra y Aragón, adelanten la convocatoria de oposiciones del año 2022 y se desmarquen del Gobierno central para que este examen se regule por el sistema vigente en la actualidad.

Esta no es una batalla abierta entre interinos y futuros aspirantes, lo único que exigimos es poder competir en igualdad de condiciones y tener una oportunidad en una sociedad en la que la inversión en educación pública es importante

Todo esto no es casual. El objetivo es atender las exigencias de la Unión Europea, que pide al Gobierno central regularizar la temporalidad en el sector público, bajando las tasas de interinidad de un 30% a un 8% en los próximos años. Hay dinero en juego y los fondos europeos del llamado Plan de Recuperación y Resiliencia están sobre la mesa. La Unión Europea exige sacar a concurso las plazas que han quedado congeladas en años anteriores y reducir la temporalidad, algo que nos parece absolutamente correcto. Sin embargo, Bruselas no impone ningún tipo de condición ni indica cómo los aspirantes deben obtener la plaza, ya que por el Tratado de Lisboa, la Unión Europea no tiene competencias en lo que respecta a la función pública. Por ello y para finalizar, nos gustaría reflexionar sobre la importancia de la Educación en un país que en 2019 obtuvo los peores resultados en ciencias y matemáticas en el informe PISA. Según este informe, desde el año 2000, la tasa de absentismo escolar y los niveles de comprensión lectora han bajado de forma alarmante, por lo que hacen falta docentes y muchos. No sobran ni maestros ni profesores. Esta no es una batalla abierta entre interinos y futuros aspirantes, lo único que exigimos es poder competir en igualdad de condiciones y tener una oportunidad en una sociedad en la que la inversión en educación pública es importante.