FACUA considera "irrisoria" la multa de la Junta a la distribuidora de Endesa por no emitir facturas durante meses, irregularidades que fueron denunciadas por la organización y numerosos usuarios. La Secretaría General de Energía ha multado con 600.000 euros a E-distribución, la compañía distribuidora del grupo Endesa, por haber provocado que desde septiembre de 2020 hasta finales de 2021 multitud de clientes dejasen de recibir sus facturas eléctricas y los cargos correspondientes. Cientos de miles de usuarios se vieron afectados en toda España, aunque la cifra concreta no ha trascendido, como tampoco su alcance en la comunidad andaluza, según expone la organización.

Aunque las irregularidades tuvieron alcance nacional, Andalucía es la única que ha anunciado públicamente la aplicación de una sanción. FACUA Andalucía considera que la multa es "demasiado reducida teniendo en cuenta el alcance de unos hechos que privaron durante meses a los afectados de conocer los datos relativos a su consumo y los importes que les cargarían, como tampoco pudieron acceder a las tarifas aplicadas en el caso de los acogidos a la semirregulada PVPC -tarifas que varían cada hora-".

Según detalla FACUA en una nota de prensa, el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, confirmó este miércoles en el Parlamento de Andalucía la resolución por parte de la Secretaría General de Energía del expediente sancionador por la comisión de una infracción que ha tipificado como grave, una sanción que ya ha sido notificada a la compañía. 

Durante el periodo en el que se produjeron las irregularidades, FACUA presentó denuncias contra Endesa en representación de socios afectados ante la autoridad de consumo de la Junta. Denuncias que, al igual que las interpuestas de forma individual por los usuarios, Consumo debió trasladar a la autoridad autonómica competente en materia de energía.

“Problema informático”

Las anomalías en la facturación, que se produjeron a nivel nacional, comenzaron en septiembre de 2020 pero no fueron reconocidas públicamente por Endesa hasta marzo del año siguiente, cuando cifró en 150.000 el número de afectados. La empresa las atribuyó a "un problema informático generado en el marco de un proceso de migración de sus sistemas de cobro" y anunció que a finales de ese mes quedaría totalmente resuelto. Sin embargo, volvió a denunciar públicamente en mayo que continuaba recibiendo reclamaciones de afectados que no recibían sus facturas.

Según ha explicado el consejero, la Secretaría General de Energía recibió reclamaciones de afectados hasta diciembre de 2021. Dado que E-distribución no enviaba a las comercializadoras los datos de consumo necesarios para facturar, estas no enviaban ni cargaban los recibos a los clientes. Paradela no ha aclarado si la investigación de Energía ha determinado el número total de afectados en Andalucía, algo que tampoco ha dado a conocer Endesa.

El 19 de septiembre de 2022 la Consejería concluyó que "existían indicios racionales de la comisión de una infracción grave de la ley del sector eléctrico y el 22 de febrero de 2023 se acordó el inicio del procedimiento sancionador, en el que se proponía una sanción de un millón de euros por la comisión de esta infracción".

En el expediente sancionador que se abrió, la distribuidora presentó alegaciones que han sido "en parte estimadas" y el 29 de abril de este año se ha dictado la resolución por la que se impone una sanción que ha sido rebajada a 600.000 euros a esta empresa.