Veintitrés científicos expertos en conservación de aves y murciélagos, pertenecientes al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, universidades públicas y otros organismos de investigación, alertan en una carta publicada en la prestigiosa revista Science de que el actual proceso acelerado y desordenado de expansión de las energías solar y eólica puede acabar produciendo daños irreversibles sobre la biodiversidad española.

De no abordar de forma inmediata los múltiples problemas asociados a la implementación de renovables, la llamada transición energética tendrá el dudoso privilegio de ser recordada no sólo por el cambio de modelo energético -de energías fósiles a renovables-, sino por poner en jaque algunos de los valores naturales únicos de este país. Entre este equipo de expertos se encuentra Juan Manuel Pérez-García, investigador del departamento de Zoología de la Universidad de Granada (UGR).

El Gobierno Español contempla 89 GW de energía eólica y solar fotovoltaica en el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para el horizonte 2030. Estas previsiones, sin embargo, se han visto desbordadas a pesar de los esfuerzos del Gobierno para evitar una burbuja especulativa en el mercado secundario. Según Red Eléctrica Española, la suma de los gigavatios que ya están en servicio y los que cuentan con permiso de acceso a la red superan con creces los objetivos del PNIEC.

Según explica la UGR, los nuevos proyectos afectarán a suelos baratos, mayormente áreas agrícolas marginales ocupadas por cereal extensivo de secano o áreas de media montaña, ambas con alto valor ecológico. En particular, “los proyectos fotovoltaicos, que ocupan zonas llanas, pueden comprometer la viabilidad de poblaciones de aves esteparias que se encuentran ya gravemente amenazadas en España, su último refugio europeo o incluso mundial. Estas poblaciones se encuentran mayoritariamente en áreas no amparadas por la Red Natura 2000, por lo que no existen herramientas legales que permitan blindarlas ante el avance de macroproyectos energéticos”, explica David Serrano, de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC).

Mil buitres leonados muertos

Por otra parte, se conoce que la mortalidad en parques eólicos mal planificados y construidos en áreas donde existen grandes aves planeadoras pueden acarrear la muerte de miles de ejemplares y poner en riesgo sus poblaciones. Para aquellas especies sobre las que existe información mínimamente adecuada, como el buitre leonado, “se estima que la mortalidad anual en parques eólicos españoles puede acercarse al millar de ejemplares” tal como pone de manifiesto Juan Manuel Pérez-García, de la Universidad de Granada.

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Juan Manuel Pérez-García. ugrdivulga

Muchas otras especies, algunas de ellas gravemente amenazadas, mueren también en parques eólicos. Pero es difícil conocer la magnitud real del problema porque los seguimientos son a menudo deficientes. Así, “el número de murciélagos muertos en estas instalaciones se estima que supera al de aves, y afecta a un mínimo de 200.000 individuos al año” comenta Carlos Ibáñez de la EBD-CSIC y miembro de SECEMU. El impacto que puede tener la pérdida de estas especies en los servicios ecosistémicos que prestan a las sociedades humanas puede ser muy importante.

Mala planificación

Estos efectos negativos nacen de una mala planificación, a menudo basada en información sin actualizar y no contrastada científicamente, generada por las mismas empresas que son beneficiarias de los proyectos. Lo mismo ocurre con los protocolos de seguimiento, que son habitualmente llevados a cabo por las propias empresas, a menudo con muy escasa supervisión de las Administraciones. Por otro lado, los sistemas que se están empleando como disuasorios de aves y murciélagos se han demostrado de dudosa efectividad. Los investigadores destacan que hoy por hoy lo más efectivo es evitar ubicaciones en áreas de alta biodiversidad y realizar paradas de turbinas cuando se detecten altas mortalidades.

Los firmantes de esta carta destacan su apoyo firme a las energías renovables, pero abogan por un proceso más planificado y racional, sin malas prácticas habituales como el fraccionamiento de proyectos, y basado en el conocimiento técnico y científico generado y contrastado con independencia de empresas y promotores. También abogan por un compromiso más fuerte con políticas energéticas más distribuidas y descentralizadas, con eficiencia, gestión de la demanda, ahorro de energía, autoconsumo y la mejora del rendimiento energético de los edificios, que reducirían los impactos ambientales directos sobre la biodiversidad.

Los científicos instan a las Administraciones estatal y autonómicas, responsables de gestión del territorio y de la biodiversidad, a “tomar conciencia de los enormes problemas de conservación asociados a la forma en que se están haciendo las cosas, que hay que corregir de inmediato si de verdad queremos que estas energías sean más verdes que grises”, concluye José Antonio Donázar de la EBD-CSIC.