CCOO denuncia que con menos de 12 horas desde que se firmó la nueva Resolución por la que "se impone" la presencia del 33% de las plantillas totales de los órganos judiciales, las trabajadoras y trabajadores de la Justicia se tuvieron que "autoorganizar" para cubrir la asistencia presencial a sus puestos de trabajo, "desentendiéndose" la Administración de dicho proceso "haciendo dejación de sus funciones" en cuanto a la designación de dicho personal. El sindicato exxplica que se ha negado a avalar el contenido de la Resolución por no garantizarse los medios de protección suficientes.

La Consejería de Justicia "incumple su compromiso de realizar test previos a la incorporación de las trabajadoras y trabajadores, impidiendo a los servicios de prevención participar en el proceso de desescalada y recogiendo en el texto medidas de flexibilización de personal con hijos menores de 14 años, que cuidan de familiares dependientes, o que padecen patologías graves que imposibilitan el normal desarrollo de sus funciones, para luego exigir una serie de documentos que difícilmente se podrán aportar".

Como ejemplo, el sindicato refiere el de funcionarias o funcionarios con familiares dependientes en sus domicilios que hasta ahora acudían al Centro de Día o que estaban asistidos por cuidadores, y que en su momento no solicitaron el reconocimiento del grado de dependencia, entre otras razones, porque este procedimiento que conllevaba el reconocimiento de ayudas económicas y se ha venido demorando más de dos años para dicho reconocimiento. "Ahora se les exige este documento para poder atenderlos y tener permiso por deber inexcusable, con la amenaza velada de que tendrán que incorporarse al puesto de trabajo dejando desasistido al familiar dependiente", agrega el sindicato.

"La incorporación no se hace con criterios sanitarios, se rechaza la participación de los comités de salud laboral y de las unidades de prevención de riesgos laborales y no se garantizan los medios de protección suficientes. De manera incomprensible, Granada y provincia a pesar de seguir en la Fase 0 por parte de las autoridades sanitarias, pasan a estar en la Fase 1 del proceso de desescalada del Ministerio de Justicia, sin tener en cuenta las instrucciones de la autoridad sanitaria", advierte CCOO que tiene "la sensación de que el personal de Justicia, así como la ciudadanía que tenga que acudir a las sedes judiciales, se considera ciudadanía de segunda o tercera división".

Según CCOO,algunas letradas de la Administración de Justicia de Granada, antes denominadas Secretarias Judiciales, "se permiten el lujo de presionar y amedrentar al personal del órgano judicial para que se incorporen a los turnos de asistencia a pesar de tener derecho a las medidas de flexibilización por las distintas causas que se detallan".

En cuanto a las propuestas que CCOO ha venido solicitando para posibilitar el teletrabajo, para que se cumpla el requisito de distanciamiento social y no se acumule personal en las dependencias judiciales, desde CCOO se denuncia que "la Consejería de Justicia ha destinado recursos propios que deberían haberse utilizado para el personal de los Cuerpos Generales de la administración de Justicia transferidos por el Ministerio de Justicia en el año 1997, de alrededor de 450 ordenadores portátiles para poder teletrabajar desde el domicilio, y que han sido destinados a los referidos Letrados de la Administración de Justicia, personal dependiente del Ministerio de Justicia, que es quien debiera facilitar los medios técnicos y materiales por ser personal de su competencia".

Desde CCOO se acusa a la Consejería de "ceder sus competencias al Ministerio de Justicia y aceptar las presiones corporativas del poder judicial, negándose a cumplir lo que establece Sanidad para nuestra Comunidad Autónoma y más concretamente para Granada y provincia, poniendo en riesgo nuestra salud y la de la ciudadanía que se relaciona con la administración de Justicia".