La sección sindical de CCOO en Transportes Rober ha expresado su "descontento y protesta" ante los "constantes cambios y aplazamientos" en la convocatoria de varias reuniones por parte la Concejalía de Movilidad del Ayuntamiento de Granada, solicitadas por la sección sindical con el objetivo de debatir "temas de vital importancia que están ocasionando importantes problemas de salud e higiene laboral para las personas trabajadoras y que afectan directamente también a la ciudadanía".

Concretamente, CCOO plantea a la Concejalía de Movilidad la necesidad de una inversión importante en la renovación de la flota de autobuses, ya que con la implantación de la ZBE "aumenta considerablemente la demanda de transporte público" que, según los propios trabajadores, "está al límite del colapso". También reivindica el sindicato la instalación de baños en las cabeceras de línea para uso exclusivo de las personas trabajadoras del transporte urbano. Y por último, la aplicación de la demanda interpuesta y ganada por CCOO que obliga Transportes Rober /Alsa a aplicar su Convenio Colectivo al personal de Publi-Imagen.

En este sentido, el sindicato explica que el Juzgado de lo Social Nº 3 de Granada, con fecha 9 de septiembre, resolvió, de conformidad con lo solicitado por las secciones sindicales de CCOO demandantes, la existencia de un grupo laboral de empresas y la existencia de condiciones laborales "discriminatorias" de las personas trabajadoras de Publi-imagen respecto de las aplicadas a las de Transportes Rober/Alsa. Al respecto, el Juzgado falló que "Transportes Rober SA y Publi Imagen Granada S.L. conforman un grupo de empresas a efectos laborales integrando una única empresa y siendo de aplicación el convenio colectivo de trabajo de la empresa Transportes Rober SA a los trabajadores de alta por cuenta de Publi Imagen Granada SL".

Desde el pasado mes de octubre, señala la sección sindical, "hemos intentado, hasta en tres ocasiones distintas, fijar una fecha para reunirnos con la Concejalía, sin éxito alguno hasta la fecha". Esta situación genera "un clima de incertidumbre y desconfianza" y pone en evidencia "una clara falta de voluntad política" para abordar las demandas de la plantilla de la concesionaria del transporte público en la ciudad de Granada y que competen directamente a la Concejalía de Movilidad, Protección Ciudadana, Agenda Urbana y Fondos Next Generation.