En materia de contratación se han observado incumplimientos asociados a la falta de justificación de la no división en lotes, publicación de los acuerdos de inicio y aprobación del expediente, y remisión de información contractual a la Cámara de Cuentas de Andalucía y registro de contratos, además de otros incumplimientos puntuales relacionados con el fraccionamiento indebido del objeto contractual, la ponderación de criterios de adjudicación en prestaciones de carácter intelectual y los plazos para constitución de garantías y formalización de contratos. También se ha observado incumplimiento del régimen de control interno aplicable a las prórrogas y del plazo de ejecución de algunos contratos, e indicios de fraccionamiento y uso indebido de la contratación menor para cobertura de necesidades permanentes, periódicas, recurrentes y previsibles por importe superior al umbral establecido, eludiendo los requisitos de publicidad y procedimiento aplicables.

En cuanto al personal, se han analizado, entre otros aspectos, el acceso, provisión, selección, contratación y régimen retributivo del personal docente, investigador y de administración y servicios, habiéndose observado ciertas limitaciones al alcance e incumplimientos no generalizados, asociados a la conciliación de los listados facilitados, el contenido de la relación de puestos de trabajo incluida en el presupuesto, la disponibilidad presupuestaria, la comunicación de nombramientos, la publicidad de convocatorias y resoluciones, y la composición de las comisiones de selección. 

En el área de subvenciones propias concedidas, cabe destacar la ausencia de un plan estratégico de subvenciones y el incumplimiento del principio de publicidad y transparencia, por no inserción de las bases reguladoras y/o convocatorias y concesiones en diario o boletín oficial y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones. También se manifiestan otras salvedades asociadas a la existencia o contenido de las bases reguladoras y/o convocatorias, la valoración de las solicitudes por órgano colegiado, la existencia y motivación de la resolución de concesión, y la adecuada constancia documental de las solicitudes y justificaciones presentadas por los beneficiarios.

En cuanto a otras transferencias realizadas, se ha detectado la inclusión de expedientes de naturaleza subvencional o contractual sin sometimiento a la normativa aplicable, así como la suscripción de convenios de colaboración sin cumplimiento del régimen establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Universidad. 

Recomendaciones

Además de otras deficiencias y debilidades puestas de manifiesto en la fiscalización que no afectan a la opinión de cumplimiento con salvedades, en el Informe se destacan las siguientes recomendaciones para la mejora de la gestión de los fondos por la Universidad de Granada:

• Regulación con carácter permanente del régimen de control interno aplicable a la Universidad, elaboración de un manual de procedimientos y funcionamiento en ésta materia, e incorporación al portal de transparencia de toda la información requerida por la normativa, sin omisiones y evitando la dispersión de la información.
• Implantación efectiva de un sistema de control de costes o contabilidad analítica que permita subsanar las deficiencias del control pormenorizado de los gastos y de los ingresos, conocer el coste de los servicios públicos para determinar las necesidades de financiación, y facilitar el análisis, verificación y evaluación de la eficacia, eficiencia y economía de la gestión de la Universidad.
• Elaboración de un manual o guía de procedimientos y funcionamiento en materia de contratación en el que se indiquen las tareas a realizar y las responsabilidades de cada puesto.
• Aplicación de mecanismos de control y seguimiento de la observancia de las condiciones especiales de ejecución de tipo medioambiental o social en fase de ejecución del contrato, de forma que se garantice la eficacia y efectividad de dichas medidas.
• Adecuada planificación de la contratación y valoración y cuantificación previa de las necesidades a satisfacer, a fin de que, si las mismas se consideran periódicas y continuadas en el tiempo, optar por la tramitación de los procedimientos ordinarios y sistemas de racionalización técnica de la contratación, evitando el uso abusivo de la contratación menor.
• Estudio de mecanismos que permitan remover obstáculos o fomentar la carrera administrativa de la mujer dentro del PDI funcionario de la Universidad, a fin de corregir el sesgo de género observado.
• Adopción de mecanismos fiables que permitan discriminar entre retribuciones por actividad docente y por actividad investigadora del personal docente e investigador y de medidas necesarias para el control automatizado de las retribuciones por actividad investigadora, y diseño e implementación de controles de asistencia y presencia del personal docente e investigador tanto funcionario como contratado, de forma análoga a los establecidos para el personal de administración y servicios.
• Actualización de la relación de puestos de trabajo del personal de administración y servicios a las necesidades reales existentes y reducción del nivel de provisionalidad o interinidad en la ocupación de los puestos del personal funcionario y laboral.
• Aprobación de un plan estratégico de las subvenciones y ayudas, como instrumento de planificación y gestión de la política pública de fomento, al servicio del principio de eficacia en la utilización de los recursos, y mayor diligencia en la tramitación de las becas y otras subvenciones propias concedidas, ajustando el procedimiento a las prescripciones contenidas en la normativa de subvenciones y garantizando una adecuada documentación del procedimiento