El proyecto de instalación de la planta solar fotovoltaica Ququima en los términos municipales de Baza y Caniles, una megaplanta solar que ocupará más de 500 hectáreas y afectará a más de 700 hectáreas de terrenos, amenaza no solo el desarrollo agrícola de la zona y algunas de las inversiones previstas por la industria alimentaria, sino que presenta dudas sobre la posible destrucción del paisaje rural y el turismo, y la biodiversidad, afirma Asaja Granada en una nota de prensa.

"Muchas voces se alzan en su contra y los agricultores afectados son los que más, dado que podrían sufrir la expropiación de sus tierras y perder su modo de vida. No se detiene aquí la controversia, sino que hay otros parques fotovoltaicos y proyectos de energías renovables allí pendientes, así como en otros puntos de la provincia de Granada, que no parece que se estén haciendo con el suficiente orden y control por parte de las administraciones públicas, favoreciendo más con ellos a grandes empresas y a fondos de inversión que a las zonas donde se ubican", explica la asocaición agraria.

Asaja Granada asegura que nada tiene en contra de la producción de energía a partir de fuentes renovables, entendiendo que es una apuesta de la Agenda 2030 con el fin de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible previstos a nivel mundial mediante la sustitución de las energías fósiles por otras alternativas. "Eso no obsta a que se pueda compatibilizar con el desarrollo de la actividad agroganadera y a que se respeten los derechos de los agricultores y ganaderos a continuar ejerciendo su profesión, algo que incumple el proyecto de placas solares Ququima que actualmente tramita la Administración central, haciendo la vista gorda a los inconvenientes de todo tipo que genera", dice Asaja.

"Nuestra organización agraria planteará a través de la Subdelegación del Gobierno en Granada la paralización de la Declaración de Utilidad Pública que se tramita actualmente junto con la autorización administrativa previa del proyecto, e instará a la participación de los afectados y de los ayuntamientos para llegar a un acuerdo de reconversión reduciendo la superficie, buscando otros terrenos aledaños baldíos o de más baja productividad o que no estén en vías de mejora mediante su puesta en regadío", explica Asaja.

"A la Junta de Andalucía ya le hemos propuesto, en una reunión mantenida el pasado viernes con el delegado provincial de Medio Ambiente en Granada, que no recurra a la vía de la expropiación para la puesta en marcha de los proyectos fotovoltaicos previstos, con el fin de tratar de frenar el boom indiscriminado de empresas e intermediarios que amedrentan a los agricultores con esta medida para que firmen sus contratos", añade Asaja.