El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado abrir juicio oral contra el expresidente del Granada Enrique Pina, el propietario del Watford de la Premier League, Gino Pozzo, y otras dos personas por presuntamente tomar el "control" del club nazarí para lucrarse con el traspaso de jugadores.

La Fiscalía imputa al club tres delitos contra la Hacienda Pública como persona jurídica

Fue la pasada semana cuando el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 envió al banquillo a sendos acusados, así como al exmiembro del Consejo de Administración del Granada Jordi Trilles, a Raffaele de la Riva -titular de una de las empresas pantalla- y al propio club andaluz, a quien la Fiscalía Anticorrupción imputa tres delitos contra la Hacienda Pública como persona jurídica.

En su escrito de acusación, el Ministerio Público solicita una condena de 12 años de cárcel para los cuatro acusados por tres delitos agravados contra la Hacienda Pública relativos al Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2013, 2014 y 2015. Además, propone multas de 36,5 millones de euros para Pozzo -a quien considera autor- y de 27,5 millones para los otros tres acusados respectivamente como cooperadores necesarios.

Anticorrupción pide que todos ellos sean además condenados, con carácter solidario y por iguales partes, a abonar a la Hacienda Pública el importe correspondiente a las cuotas no ingresadas del Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2013, 2014 y 2015: 635.000,01 euros, 5.914.679,10 euros, y 2.892.218,00 euros.

La Fiscalía sostiene que todos ellos "pusieron en marcha un plan criminal a largo plazo que, a partir de la toma del control del Granada en el año 2009, y mediante la ejecución de una compleja estrategia, les permitiría que las plusvalías que fuera obteniendo el club mediante el traspaso de jugadores profesionales de fútbol se transfirieran artificialmente a Luxemburgo y no tributasen en España, obteniendo así un notable lucro económico en perjuicio de la Hacienda Pública".

"El principal mecanismo para llevar a cabo esta estrategia consistió en la simulación de una financiación al Granada por parte de la entidad de titulización luxemburguesa Fifteen Securitisation SA, cuyo titular y administrador es Raffaele de la Riva, bajo la forma de un contrato de cuentas en participación entre ambas entidades, lo que permitiría al club de fútbol acometer el fichaje de un conjunto de jugadores profesionales, a cambio del 95% del importe de sus futuros traspasos a un nuevo club de fútbol profesional", relata Anticorrupción.

"Un complejo plan para la toma de control del Granada"

En su escrito, el Ministerio Público explica que "este complejo plan partía de la necesidad de acometer la toma del control del Granada cuando se encontraba en la Segunda División B" del fútbol español, lo que Pozzo "consiguió en el año 2009 haciendo uso de un conjunto de estructuras opacas que dificultaban su identificación como titular real de los fondos que se desembolsaron".

Ese dinero tenía, según la Fiscalía, "una triple finalidad". "En un primer momento, la superación de la crisis económica y el concurso de acreedores en el que se encontraba inmerso el club; luego, para simular la adquisición de los derechos sobre los jugadores profesionales de la plantilla por parte de la entidad Orange Chiffon Trading Limited; y, finalmente, para suscribir el capital social cuando la entidad se transformó en sociedad anónima deportiva", relata el escrito.

La Fiscalía destaca que el Granada atravesaba en el año 2009 "dificultades financieras que hacían peligrar su continuidad, y mediante el concurso de acreedores se buscaba por los entonces responsables del club encontrar un escenario adecuado para solventarlas y poner en marcha un nuevo proyecto deportivo económicamente viable".

"La realidad es que la pretendida financiación otorgada por la entidad luxemburguesa al club supuso un altísimo coste, que se puede cuantificar en términos absolutos en más de 45 millones de euros, y en términos de tipo de interés casi en un 50% anual"

Sin embargo, Anticorrupción deja claro que "la realidad es que la pretendida financiación otorgada por la entidad luxemburguesa al club supuso un altísimo coste, que se puede cuantificar en términos absolutos en más de 45 millones de euros, y en términos de tipo de interés casi en un 50% anual".

El Ministerio Público ahonda en su escrito en los mecanismos que habrían utilizado "para ocultar al fisco español los beneficios obtenidos por los traspasos de jugadores" al tiempo que se dejó de tributar a la Hacienda Pública los "beneficios obtenidos". Algunos de esos movimientos fueron los de los futbolistas Guilherme Siqueira, Mikel Rico, Yacine Brahimi, Allan Loureiro, Jeison Murillo o Daniel Pudil.

La Fiscalía incide en que la "actuación defraudatoria llevada a cabo, principalmente, por el presidente y por el titular real del Granada, los acusados Enrique Pina y Gino Pozzo, se llevó a cabo en su provecho", ya que obtuvieron un "beneficio económico directamente derivado de las cuotas del Impuesto de Sociedades dejadas de ingresar, y fue posible por cuanto la sociedad no tenía instaurado entre los años 2013 y 2016 ningún medida de supervisión, vigilancia y control del comportamiento de sus directivos y subordinados jerárquicos".