Para la Plataforma, la situación de alarma es tan intensa que se valora la posible judialización
SOS Alhambra determina que 'se gastó dinero público en un Atrio que estaba prohibido' y advierte de que un proyecto similar sería ilegal
Esa es la conclusión a la que ha llegado la Plataforma SOS Alhambra tras el minucioso análisis del informe emitido por ICOMOS sobre el proyecto Atrio de La Alhambra, y tras escuchar las declaraciones esclarecedoras y explicativas de la doctora Begoña Bernal, directora ejecutiva en España de dicho organismo internacional que a su vez depende de la UNESCO.
IndeGranada
Recreación del Atrio de la Alhambra.
La plataforma indica, según se deduce del informe, que la Alhambra está “blindada” desde 1984, es decir, protegida como como corresponde a un monumento de tal importancia declarado Patrimonio de la Humanidad, "hasta el punto de que la edificación, cualquier edificación, infringe las normas de extrema protección a las que el edificio y su entorno están sometidas".
"La protección jurídica de la Alhambra y de su entorno es tan elevada que el mero hecho de haber encargado la redacción de un proyecto de atrio puede, además, ser constitutiva de responsabilidades penales, e incluso, intentar cambiar el proyecto por otro “más pequeño”, puede interpretarse en estos momentos como un acto que caiga dentro de la órbita de la prevaricación administrativa penalmente sancionada".
Sobre un Atrio más pequeño
La plataforma analiza "con enorme preocupación que determinados expertos, y determinadas opiniones se hayan expresado con una cierta complacencia, con respecto a los varios millones de euros que han pagado los granadinos para proyectar un Atrio por definición imposible, en tanto que es ilegal y dañino". "Pero más inconcebible es que se pretenda justificar que se siga gastando dinero público para reconducir la situación considerando que el Atrio, otro Atrio, sí sería posible".
"Ante esta operación detectada, que insiste en edificar donde está prohibido con carácter irreversible, la plataforma SOS Alhambra advierte que destinar dinero público a nuevos proyectos que sigan sin respetar la declaración patrimonial, que pretendan infringir la normativa de protección, que justifiquen el dinero anteriormente gastado o que pretendan invadir de facto el espacio o el entorno de la Alhambra son por sí mismos presuntas acciones penalmente punibles tanto si vienen del sector público como del privado".
Para la Plataforma SOS Alhambra, "la situación de alarma es tan intensa que se está valorando la conveniencia de la posible judicialización de este asunto, pues se está poniendo, de nuevo, en riesgo la pervivencia del monumento histórico de propiedad universal y su conversión en un mero atractivo turístico privatizado".
Análisis de SOS Alhambra
Este es el análisis de SOS Alhambra sobre el informe de ICOMOS:
"El citado informe comienza recordando los principios que condujeron a la inscripción del conjunto monumental en el Listado de Patrimonio Mundial y que, mientras no sean modificados, deberán ser respetados. Señala que la introducción de semejante volumetría contrasta con la disposición expresada en el Informe de Evaluación de ICOMOS en el momento de la inscripción del bien en mayo de 1984:
"Definir una amplia zona de protección en el entorno del conjunto monumental de la Alhambra y del Generalife para evitar la construcción de futuros edificios y estacionamientos". También fue señalado por el Comité del Patrimonio Mundial tras la inscripción del bien, quien manifestó el deseo de que, “como indicaron las autoridades españolas, una gran zona de protección garantice que el entorno visual de esta propiedad no se verá perjudicado por las construcciones modernas”.
Estos principios expresan de forma inequívoca que el objetivo de la zona de protección consiste precisamente en evitar que en este ámbito se implemente ningún tipo de construcción. Por tanto, ningún apartado del informe de ICOMOS indica que el emplazamiento del pretendido Atrio sea el adecuado. Antes al contrario, señala que produciría una importante alteración del Valor Universal Excepcional del bien inscrito: “el Atrio ocupa una parte sustancial de la zona de amortiguamiento del bien del Patrimonio Mundial y modifica radicalmente una zona que hasta hace unas décadas era un paisaje sin construcciones o caminos de alto impacto”.
En este sentido se ha manifestado la Presidenta Ejecutiva de Icomos España, en declaraciones a la prensa: “El proyecto es inviable, no por el proyecto en sí, sino porque nunca podrá diseñarse algo semejante en el lugar previsto en la actualidad”.
El informe de ICOMOS califica el proyecto como “invasivo”, a causa de su situación y también de su tamaño: “La magnitud del aumento de las áreas edificadas en la zona de amortiguamiento del patrimonio mundial, el excesivo porcentaje de locales comerciales, la inserción de edificios para salas de conferencias y oficinas administrativas, indican que el proyecto es demasiado invasivo y es probable que repercuta negativamente en el Valor Universal Excepcional del bien”. En consecuencia, propone el estudio de soluciones que tengan en cuenta las posibilidades de algunas construcciones existentes que se encuentran infrautilizadas.
Finalmente sugiere que sería “beneficioso para todo el proceso que el Estado Parte invitara a una misión consultiva del ICOMOS que pudiera ayudar a establecer el alcance de esta estrategia, así como el proceso de Evaluación de Impacto del Patrimonio”.
Cabe esperar que, como ha declarado la Consejera de Cultura, esta vez se hagan las cosas bien y se tengan en cuenta desde el principio los criterios internacionales que hicieron posible la inscripción del conjunto monumental en el Listado de Patrimonio Mundial. De esta forma se evitará que se produzcan nuevos gastos inútiles, como los realizados hasta ahora en un concurso y un proyecto que desde su origen eran inviables. Por lo que la justicia debería exigir responsabilidades por el mal uso del dinero público.
"Definir una amplia zona de protección en el entorno del conjunto monumental de la Alhambra y del Generalife para evitar la construcción de futuros edificios y estacionamientos". También fue señalado por el Comité del Patrimonio Mundial tras la inscripción del bien, quien manifestó el deseo de que, “como indicaron las autoridades españolas, una gran zona de protección garantice que el entorno visual de esta propiedad no se verá perjudicado por las construcciones modernas”.
Estos principios expresan de forma inequívoca que el objetivo de la zona de protección consiste precisamente en evitar que en este ámbito se implemente ningún tipo de construcción. Por tanto, ningún apartado del informe de ICOMOS indica que el emplazamiento del pretendido Atrio sea el adecuado. Antes al contrario, señala que produciría una importante alteración del Valor Universal Excepcional del bien inscrito: “el Atrio ocupa una parte sustancial de la zona de amortiguamiento del bien del Patrimonio Mundial y modifica radicalmente una zona que hasta hace unas décadas era un paisaje sin construcciones o caminos de alto impacto”.
En este sentido se ha manifestado la Presidenta Ejecutiva de Icomos España, en declaraciones a la prensa: “El proyecto es inviable, no por el proyecto en sí, sino porque nunca podrá diseñarse algo semejante en el lugar previsto en la actualidad”.
El informe de ICOMOS califica el proyecto como “invasivo”, a causa de su situación y también de su tamaño: “La magnitud del aumento de las áreas edificadas en la zona de amortiguamiento del patrimonio mundial, el excesivo porcentaje de locales comerciales, la inserción de edificios para salas de conferencias y oficinas administrativas, indican que el proyecto es demasiado invasivo y es probable que repercuta negativamente en el Valor Universal Excepcional del bien”. En consecuencia, propone el estudio de soluciones que tengan en cuenta las posibilidades de algunas construcciones existentes que se encuentran infrautilizadas.
Finalmente sugiere que sería “beneficioso para todo el proceso que el Estado Parte invitara a una misión consultiva del ICOMOS que pudiera ayudar a establecer el alcance de esta estrategia, así como el proceso de Evaluación de Impacto del Patrimonio”.
Cabe esperar que, como ha declarado la Consejera de Cultura, esta vez se hagan las cosas bien y se tengan en cuenta desde el principio los criterios internacionales que hicieron posible la inscripción del conjunto monumental en el Listado de Patrimonio Mundial. De esta forma se evitará que se produzcan nuevos gastos inútiles, como los realizados hasta ahora en un concurso y un proyecto que desde su origen eran inviables. Por lo que la justicia debería exigir responsabilidades por el mal uso del dinero público.
