El Sindicato de Periodistas de Andalucía lanza quince medidas para garantizar el derecho a la información en el ámbito local
El Sindicato de Periodistas de Andalucía plantea 15 medidas que las administraciones locales deben, a su juicio adoptar, para hacer efectivo un derecho, el de la información, que afecta a "la esencia de nuestra propia democracia". Reivindicaciones que según resaltan, no son solo del sindicato, sino que comparten también con la Federación de Sindicatos de Periodistas, el Foro Andaluz de la Comunicación y la Educación y la Federación Internacional de Periodistas.
Medios públicos locales
1.- Garantía de viabilidad económica. Es preciso evitar la precariedad en la que se ven sumidos muchos medios locales, poniendo en riesgo la estabilidad y la calidad del servicio que prestan. Para ello, las corporaciones locales establecerán medidas económicas que garanticen la estabilidad presupuestaria y los recursos suficientes para cumplir la labor de servicio público que tienen encomendada los medios de comunicación locales. Un objetivo que se puede alcanzar mediante presupuestos plurianuales.
2.- Consejos de Participación. Para garantizar el derecho a la información y la comunicación de la ciudadanía, se pondrán en marcha Consejos de Participación. Estos consejos, independientes del equipo de gobierno, serán un instrumento de participación ciudadana, fijarán las líneas de la política informativa y serán elegidos por organizaciones y colectivos sociales, en línea con el modelo ya establecido en otros países de nuestro entorno y en línea de los que ya funcionan en el Reino Unido. Estos consejos serán los garantes de la independencia y el pluralismo de los medios de comunicación públicos locales.
3.- Consejos Profesionales. Los consejos profesionales o consejos de información, cauce de participación de los y las profesionales en la orientación editorial y la calidad de la información, son instrumentos fundamentales para el funcionamiento democrático de los medios de comunicación. Aunque habituales en otros países de nuestro entorno europeo, en España son escasos y también en Andalucía, donde sólo Canal Sur lo tiene. Por ello pedimos que se promuevan en todos aquellos medios públicos de carácter local con más de diez personas en la redacción o en la elaboración de contenidos.
4.- Voz a todos los colectivos. Establecer criterios en la programación de los medios de comunicación locales para que tengan cabida en los contenidos todos los colectivos, fomentando la diversidad y la pluralidad. Independientemente del derecho de acceso, que también deberá garantizarse. .
5.- Derecho de acceso. Tanto la Constitución como el Estatuto de Autonomía de Andalucía garantizan el derecho de acceso a los medios de comunicación públicos de asociaciones, organizaciones e instituciones representativas de la diversidad política, social y cultural de Andalucía. Se trata de ofrecer gratuitamente espacios de participación directa a la sociedad civil a fin de garantizar su derecho constitucional a difundir ideas. Ello supone establecer los mecanismos necesarios y la puesta a disposición de las organizaciones sociales de los medios necesarios para que se pueda ejercer de manera eficaz.
6.- Licencias: gestión directa. Contra la frecuente práctica de algunos ayuntamientos de externalizar la explotación de las licencias, de manera especial las emisoras de radio, tenemos que recordar que se trata de una práctica ilegal, y que las emisoras de radio municipales deben ser de gestión directa por parte de los ayuntamientos. En este sentido desde el Sindicato de Periodistas de Andalucía hemos instado reiteradamente a la Junta de Andalucía a través de la Mesa de Ordenación e Impulso del Sector Audiovisual (MOISA) andaluz, de la que formamos parte, a extremar la vigilancia y el cumplimiento de la legalidad en esta materia.
7.- Proyectos mancomunados. La puesta en marcha de proyectos mancomunados sería una alternativa para reactivar las emisoras municipales cerradas actualmente en Andalucía por falta de medios. Se potenciaría así la información de proximidad, que ayuda al equilibrio comunicativo frente a la línea informativa única que imponen los grandes grupos financieros y de comunicación, que predominan en un mercado cada vez más monopolizado. Esta posibilidad fue incluida en las demandas que desde el Sindicato de Periodistas de Andalucía hicimos a los partidos políticos ante las pasadas elecciones autonómicas del 22 de marzo.
8.- Medidas contra la publicidad en radio y televisión sobre juego y apuestas. El Sindicato de Periodistas de Andalucia se suma a la petición del Consejo Audiovisual de Andalucía para que adopten medidas de manera urgente sobre la publicidad en radio y televisión referida a juego, loterías y páginas webs de apuestas on line. El consejo, en su reciente Informe sobre comunicaciones comerciales de actividades de juegos de azar, constata graves irregularidades y vulneraciones que exponen a colectivos especialmente vulnerables, como la infancia. En la actualidad estos anuncios están sometidos a un código de conducta no vinculante.
Contra la precariedad profesional
9.- Plazas de periodistas en la Administración. A diferencia de otras profesiones, la de periodista apenas cuenta con puestos de estructura en las administraciones públicas, sobre todo en las administraciones locales, donde suele proliferar la contratación de profesionales del periodismo en condiciones laborales y categorías de lo más variopinto y a veces surrealista. Por ello reclamamos la creación de plazas de estructura de periodista en la relación de puestos de trabajo de las administraciones locales, acordes con su titulación y el trabajo que desempeñan. Estas plazas se cubrirán por sistema libre concurrencia y con criterios de publicidad, capacidad y mérito.
10.- Protección de las y los becarios. Gran parte de la mucha precariedad que se vive en el sector sucede bajo fórmulas de becas o contratos de formación. Por ello recordamos que los estudiantes en prácticas, tanto en los gabinetes de prensa locales como en los medios de comunicación públicos, deberán tener un tutor que vigile el cumplimiento de los convenios de prácticas pactados con los centros de formación.
Calidad democrática y transparencia
11.- Tercer sector, radios libres. Se promoverán y apoyarán las llamadas radios comunitarias o radios libres, emisoras sin ánimo de lucro que pertenecen al movimiento asociativo y que tienen como objetivo promover la expresión de ideas y opiniones e impulsar la información local. Aunque no es competencia de los Ayuntamientos conceder licencias, sí pueden estos ofrecer facilidades e impulsar este tipo de radios, que fomentan la participación ciudadana. El SPA ha incluido en sus reivindicaciones a los partidos ante las elecciones autonómicas, la reserva del 30% del espectro radioeléctrico a este tipo de emisoras.
12.- Transparencia en la concesión de publicidad. Todas las administraciones locales y provinciales deberán informar en un listado anual de todas las subvenciones, ayudas y publicidad que reparten entre cada uno de los medios de comunicación. Se evitarán así los fondos de reptiles y la tentación por parte de quienes ejercen el poder de influir en la línea editorial de los medios, o discriminar a aquellos que son críticos con sus planteamientos.
13.- Educación en comunicación. Proponemos fomentar la existencia de una opinión pública informada, crítica y participativa. Para ello se promoverán desde los equipos de gobierno, en colaboración con la Junta de Andalucía, la educación mediática y la educación en medios de comunicación en todos los sectores de la sociedad. Ello implica campañas sobre el derecho a la información, la educación para el uso responsable de internet y una visión crítica de los medios de comunicación.
14.- Erradicar la desigualdad entre hombres y mujeres. Las administraciones locales deberán promover las medidas necesarias encaminadas a promover la igualdad real entre hombres y mujeres mediante acciones dirigidas a desterrar la imagen estereotipada de las mujeres, como es la utilización escrupulosa del lenguaje no sexista, igualdad en el trato informativo y la desagregación de datos por sexos, entre otras actuaciones; conciliación de la vida privada y la actividad profesional y la promoción de corresponsabilidad en condiciones de igualdad; así como seguir las recomendaciones de Naciones Unidas y los Códigos éticos profesionales en el tratamiento informativo de la violencia de género, promoviendo y estableciendo espacios de reflexión que ayuden a generar una conciencia social sobre la necesidad de erradicar la violencia de género.
15.- Accesibilidad. Los gobiernos locales, junto con las empresas y organizaciones del sector, promoverán que las personas con discapacidad tengan acceso a la Comunicación, así como unas buenas prácticas que impidan su discriminación. Asimismo, procurarán dar una imagen respetuosa y no discriminatoria de las personas con discapacidad.