Trece líneas, contadas según el formato del Boletín Oficial de la Provincia, han puesto fin a 104 años, los de la Asociación de la Prensa de Granada. 

Ese es el texto del anuncio de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta en Granada, firmado por su secretario general, sobre la disolución de la Asociación fundada en 1912 por el periodista Luis Seco de Lucena, impulsor del Defensor de Granada, una de las cabeceras que forman parte de la historia del periodismo granadino.

La que será la última junta directiva de la asociación llegó en enero de 2014 con el objetivo de dar un impulso al trabajo de la entidad en un momento difícil para la profesión periodística, una de las más golpeadas por la crisis, con más de 31.000 periodistas desempleados en toda España, cierres de medios que no cesan y profesionales que optan por el autoempleo para seguir ejerciendo.

En ese contexto la nueva directiva encabezada por José Antonio Barrionuevo asumió las riendas de la entidad, en la que pronto encontró graves dificultades. Según el primer informe presentado a los socios de la entidad tras su toma de posesión, la deuda de la asociación ascendía a 160.231 euros.

Buena parte de esa cantidad correspondía a expedientes de reintegro por cursos de formación. Por ese concepto 90.337 euros, una cantidad a la quedaba por sumar otro expediente en ese momento no cuantificado aún. Es decir, que la Asociación de la Prensa no había justificado el gasto de las subvenciones recibidas en años anteriores -desde 2010- y ahora la Administración (Junta de Andalucía y Hacienda) le reclamaba su devolución.

Deudas con profesores y otros acreedores por 55.894 euros; atrasos a la Seguridad Social por  una sociedad limitada que alcanzaban los 14.272 euros; y cuotas impagadas a la Federación de Asociaciones de la Prensa de España por 9.400 euros -desde 2008- integraban el resto de las obligaciones, que incluían también un crédito de 36.000 euros suscrito en 2010 a cinco años. 

La actual junta directiva denunció una grave situación al formalizar la presentación del preconcurso de acreedores: falta de documentación contable para poder aprobar las cuentas del anterior ejercicio o elaborar su primer presupuesto, además de una grave situación de tesorería que dificultaba los pagos mínimos necesarios para el normal funcionamiento. 

En el concurso de acreedores seguido en el Juzgado de lo Mercantil 1 de Granada ha sido necesario presentar un plan de liquidación de bienes de la entidad, según fuentes judiciales, que aclaran que esta es la opción legal prevista cuando no es posible alcanzar un acuerdo con los acreedores. Entre estos acreedores, además de la Junta de Andalucía, la Agencia Tributaria o el Fogasa -Fondo de Garantía Salarial-, algunos acreedores privados.

Orden municipal de desalojo de la sede

El cisma en el seno de la asociación, que se evidenció con la presentación en su día de dos candidaturas, se oficializó mientras avanzaba el proceso que acaba ahora con la disolución. De hecho, recientemente en una entrevista con Canal Sur Televisión en Granada, su anterior presidenta, Encarna Ximénez de Cisneros, anunció el traslado del Museo de la Prensa desde la sede de la asociación, en el edificio Rey Soler que había cedido años atrás el Ayuntamiento, a la sede la fundación CajaGranada. 

En el trasfondo de la decisión el distanciamiento y la existencia de otra entidad paralela, la Fundación Andaluza de la Prensa, vinculada a la anterior directiva. 

Con la marcha del Museo de la Prensa se precipitó además otro problema para la Asociación, la orden de desalojo del edificio. En marzo, la Junta de Gobierno Local aprobó la orden que instaba a la Asociación de la Prensa de Granada a abandonar el inmueble, argumentando que ya no se cumplían los requisitos recogidos en su día en el convenio firmado. Le dio un plazo de seis meses para cumplirlo. 

Años polémicos

Los últimos años de la Asociación de la Prensa de Granada no han sido fáciles. Antes del concurso de acreedores, que puso de nuevo el foco en la entidad, vivió uno de los momentos más polémicos de su historia con el que fuese presidente durante años, Antonio Mora. Se vio obligado a dimitir en 2012 tras el escándalo por amenazar con un cinturó a una joven activista que interrumpió un acto que se celebraba en la sede del Rey Soler.