'¿Qué podría hacerse con los 130 millones para sanidad pública que la Junta se está gastando en centro de medicina privada?'
Es sabido que la pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la absoluta y urgente necesidad de reforzar la Sanidad Pública, que ha sido seriamente deteriorada por una década de recortes y dislates organizativos. Para comenzar a paliar la situación actual, agravada desde este invierno por la pandemia, el gobierno de la nación proveyó una partida urgente de fondos específicos para el problema sanitario en Andalucía que rondó los mil millones de euros. Hoy en día no sabemos el destino de ese dinero. Pero sí conocemos muy bien lo que le está pasando a la Sanidad Pública. En relación con la pandemia sabemos que no disponemos de un sistema de rastreo eficiente, ni cuantitativa ni cualitativamente, sabemos que Andalucía es la comunidad autónoma que menos tests diagnósticos ha realizado y que la Atención Primaria está colapsada y la atención hospitalaria cuenta con cifras preocupantes de ocupación por la COVID. En cuanto a la atención de la Sanidad Pública en general para otras patologías, la situación de colapso de la Atención Primaria y la ocupación creciente por la COVID-19 de los hospitales está resultando en un aumento insoportable de las ya enormes listas de espera para seguimiento, pruebas complementarias, consultas e intervenciones. Hay que decir que, en este tiempo, salvo para algunos aspectos parciales, no ha habido por parte de la Junta una inversión aumentada en plantilla o instalaciones para Sanidad Pública superior a la de otros años. De este rápido análisis hay que destacar que el colapso de la Atención Primaria y el aumento de las listas de espera son los dos problemas esenciales que debería enfrentar con urgencia la Sanidad Pública andaluza.
En este contexto, el gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, apoyado por VOX, actualmente en la Junta de Andalucía, comunica que va a invertir 130 millones de euros en clínicas de medicina privada para abordar los retrasos de las listas de espera de la Sanidad Públicas para pruebas especiales e intervenciones. Y la pregunta es: ¿Es este el mejor gasto posible para resolver los dos problemas esenciales mencionados arriba de la Sanidad Pública andaluza?
En este contexto, el gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, apoyado por VOX, actualmente en la Junta de Andalucía, comunica que va a invertir 130 millones de euros en clínicas de medicina privada para abordar los retrasos de las listas de espera de la Sanidad Públicas para pruebas especiales e intervenciones. Y la pregunta es: ¿Es este el mejor gasto posible para resolver los dos problemas esenciales mencionados arriba de la Sanidad Pública andaluza?
Veamos qué podría hacerse con esos ciento 130 millones si se emplearan en la Sanidad Pública de Andalucía. Para solucionar el colapso de la Atención Primaria, con esos fondos se podrían contratar durante un año 1.200 médicos, 1.200 enfermeras y 700 trabajadores auxiliares (rastreadores, administrativos, etc.). No cabe duda que una inversión en plantilla de este tipo, si no solucionaría del todo, mejoraría, notablemente, la situación de colapso actual de los cuatrocientos Centros de Salud de Andalucía.
Pero también esos ciento 130 millones de euros se podrían emplear para afrontar el problema de las listas de espera dentro de los centros de la Sanidad Pública. Veamos cómo.
Con esos fondos se podrían contratar durante un año 1.200 médicos, 1.200 enfermeras y 700 trabajadores auxiliares (rastreadores, administrativos, etc.). No cabe duda que una inversión en plantilla de este tipo, si no solucionaría del todo, mejoraría, notablemente, la situación de colapso actual de los cuatrocientos Centros de Salud de Andalucía
Se podría abrir un turno de tarde en los diecinueve hospitales de referencia o especialidades andaluces, proceso en el que cabría considerar una media de veinte especialidades reforzadas con al menos tres especialistas nuevos por especialidad y centro, más el adecuado nuevo personal de enfermería y otros. Con esos fondos, esto podría realizarse mediante la contratación por un año de 1.100 médicos, 1.100 enfermeras y 700 trabajadores auxiliares. No cabe duda que esta medida no iba a hacer desaparecer las listas de espera en un año, pero su impacto sobre las mismas sería bastante importante y más efectivo que el gasto realizado por la Junta en centros de medicina privada.
Y puestos a resolver los problemas sanitarios de Andalucía y disponiendo de 1.000 millones de euros, ¿por qué no afrontar ambas medidas que sumadas alcanzarían 270 millones de euros?
Sabemos que argumentarán que no hay personal para cubrir esas nuevas plazas. Pero esto sólo será creíble cuando a las generaciones de MIR recién formadas de Medicina de Familia y de otras especialidades, de enfermeras recién formadas y de técnicos sanitarios, se les deje de ofrecer contratos basura de meses e incluso semanas y días, como se está haciendo ahora. La Junta ha de ofrecer contratos para tiempos razonables (los problemas sanitarios actuales no se arreglan en días o meses; ni siquiera en años) y con sueldos dignos, y así evitar que estos profesionales se vayan de Andalucía, como está ocurriendo ahora. Hay fondos sobrados para hacerlo. Incluso para mantenerlos en el tiempo con un presupuesto anual que sobrepasa los 10.000 millones de euros.
Sus decisiones hacen más bien pensar que pretende aprovechar el shock de la pandemia para acelerar la privatización de Sanidad Pública mediante la acentuación de su deterioro y la desviación progresiva de fondos al sector privado. Es su decisión ideológica y política
Pero el gobierno actual de la Junta no ha adoptado ninguna de las dos medidas propuestas aquí, medidas que son las que se le ocurren a cualquiera que quiera potenciar la Sanidad Pública andaluza, sino que está derivando esos fondos a centros de medicina privada. No ha reforzado la Sanidad Pública incluso disponiendo de fondos suficientes suplementarios. Esto nos lleva a concluir que el gobierno actual jamás ha pretendido arreglar la Sanidad Pública. Sus decisiones hacen más bien pensar que pretende aprovechar el shock de la pandemia para acelerar la privatización de Sanidad Pública mediante la acentuación de su deterioro y la desviación progresiva de fondos al sector privado. Es su decisión ideológica y política.
Por ello, los que estén por la defensa de la Sanidad Pública como un bien importante y necesario para los profesionales sanitarios y para la población, deben desarrollar estrategias de lucha mucho más potentes que las usadas hasta ahora.
