La justicia argentina intenta por segunda vez investigar el asesinato de Lorca
Monolito en homenaje a las víctimas del franquismo en el Barranco de Víznar. p.v.m.
La primera investigación judicial que pretende arrojar luz sobre el asesinato de Federico García Lorca solo ha encontrado, hasta la fecha, obstáculos. El año pasado, tras admitir la querella de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, la jueza argentina María Servini dio los primeros pasos para reclamar documentación. Como ha ocurrido en el resto de los casos que conforman la investigación sobre los crímenes del franquismo que impulsa a petición de familiares de víctimas, España ha rechazado responder a las diligencias solicitadas.
Según han informado a El Independiente de Granada fuentes de la investigación, la primera comisión rogatoria, que fue enviada en verano del pasado año, fue rechazada en noviembre. "Previa oposición y rechazo del exhorto por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, con fecha 14 de noviembre de 2016 el Juzgado de Instrucción Central número 5 de la Audiencia Nacional resolvió devolver el exhorto sin diligenciar la medida requerida".
Tras esa primera negativa, la jueza argentina volvió a enviar una comisión rogatoria a mediados de este año que, según las fuentes, no había obtenido aún respuesta en la primera semana de noviembre. Así, un año después de la primera negativa, la petición sigue sin ser atendida.
Las diligencias solicitadas se centran en el informe de la tercera Brigada Regional de Investigación Social de la Jefatura Superior de Policía de Granada, revelado en su momento por la Cadena Ser, con la versión franquista del asesinato del poeta. Un informe policial que fue la base para la querella de Memoria Histórica.
Este es parte del contenido del informe policial -que la querella reproducía, según lo conocido a través de los medios de comunicación-. Describe a Lorca como socialista, por su vínculo con Fernando de los Ríos, y masón. Además de resaltar "prácticas de homosexualismo, aberración que llegó a ser vox pópuli, el expediente que aún no ha logrado recibir la justicia argentina, detalla cómo fue su detención:
"En el lapso de pocos días se practicaron dos registros en su domicilio, a raíz de lo cual se refugió en casa de sus amigos los hermanos Rosales Camacho (antiguos falangistas), donde permaneció hasta su detención, que el documento sitúa entre los últimos días de julio y los primeros de agosto de 1965. Con una orden de detención dimanante del Gobierno Civil, un grupo formado por don Ramón Ruiz Alonso (diputado por la alianza de derechas CEDA), don Juan Trescastro y otros cuyos nombres aparecen tachados en el documento se dirigió al domicilio de los Rosales Camacho, acompañado por uno de los hermanos, que debía franquearles el acceso. La casa había sido rodeada por milicias y guardias de asalto, que habían tomado ostentosamente bocacalles y tejados próximos.
Una vez efectuada la detención, se condujo a García Lorca a los calabozos del Gobierno Civil. Se interesaron por él, y por su libertad, los hermanos Rosales Camacho y el Jefe Local y el Jefe de Milicias de Falange, además de otras personas cuyos nombres se han ocultado en el documento. Tras entrevistarse con el entonces Gobernador Civil de la provincia, no consiguieron la libertad del detenido pero “obtuvieron la impresión de que ya no corría peligro la vida de Federico García Lorca”.
A continuación el documento asevera lo más grave de lo ocurrido a partir de ese momento: “se ha podido precisar” que García Lorca fue sacado del Gobierno Civil “por fuerzas dependientes del mismo” y conducido en un coche al término de Viznar, provincia de Granada, junto a otro detenido cuyas circunstancias personales se desconocen, y que en las inmediaciones de un lugar conocido como Fuente Grande “fue pasado por las armas”. Dice el documento que fue “enterrado en aquel paraje, muy a flor de tierra, en un barranco (…) en un lugar que se hace muy difícil de localizar”. Señala la Brigada Regional de Policía que García Lorca estaba “tildado de prácticas de homosexualismo, aberración que llegó a ser vox pópuli”, aunque reconoce que no hay antecedentes de casos concretos en tal sentido. El documento termina refiriéndose a las “duras recriminaciones” sufridas por la familia Rosales Camacho por haber amparado a García Lorca y al “evidente peligro de una grave sanción de la Autoridad gubernativa” que pesaba sobre algunos de sus miembros, pero “que evitó la Falange granadina”.
Imagen de la calle Duquesa, con la actual Facultad de Derecho que albergó el Gobierno Civil donde estuvo detenido Lorca. p.v.m.
La justicia argentina reclama oficialmente cualquier documentación, además de ese informe policial, que conste en los registros oficiales españoles.
La propia jueza Servini, en una entrevista con el diario Público en julio de este año, aludía a la falta de colaboración de España. "Depende de la política española que se avance en la causa del franquismo", declaraba entonces.
Como se ha señalado, en la causa argentina a la que se sumó la querella para investigar el crimen de García Lorca, se han intentado sin éxito exhumaciones y detenciones. Solo la exhumación de Timoteo Mendieta, en Guadalajara, ha salido adelante. Su hija Ascensión cumplió 88 años a bordo de un avión que la llevó de Madrid a Buenos Aires para pedir ayuda a la jueza Servini.
Placa en homenaje a Martos instalada en la fosa del cementerio de Reus.
