La Junta agrieta la calidad de las escuelas públicas rurales
En la misma semana en la que la llamada 'España vaciada' se movilizaba, con el aplauso generalizado, para frenar la despoblación, madres, padres, alumnado y docentes de la Alpujarra se concentraban a las puertas de la Delegación de Educación y Deporte de la Junta en Granada para pedir explicaciones por el cierre de aulas, el incremento de la ratio y la pérdida de profesorado. Metafóricamente hablando -ese recurso tan de moda en la escena política granadina- ya las habían aporreado sin que sus moradores se hubieran dado por aludidos.
Las AMPA y también los sindicatos vienen registrando desde hace meses escritos para frenar esos recortes planificados por la Consejería para este curso 2019/2020. No ha habido respuestas. Tampoco interés en mantener reuniones, que han llegado a cuentagotas forzadas por el impacto que ha tenido la movilización. Una protesta a la que, en lugar de con negociación y diálogo, ha respondido con un protocolo por absentismo, recibido por las familias como una clara amenaza.
"A la huelga no hemos llegado ni por gusto ni por casualidad. Es una medida desagradable y difícil", explica a El Independiente de Granada Irene Avivar, de la Asociación de Madres y Padres del Colegio Público Rural Valle de Guadalfeo de Torvizcón y vocal de FAMPA Alhambra en la comarca. "No te atienden, no te responden, no te dan cita. No sabemos nada ni de la Consejería ni de la Delegación. Nos molesta y nos da pena", agrega recordando que la Delegación de Educación "representa a todos".
Cuáles son los recortes que han llevado a esta movilización y qué significan en colegios rurales
Es necesario antes de avanzar en este análisis recordar algunas de las características de los colegios públicos rurales. No concentran en un mismo edificio todas las clases, separadas por etapas y niveles educativos, como un colegio del centro de Granada. Tienen distintas sedes. Por ejemplo, el de La Tahá en Pitres, Pórtugos y Busquístar. Su profesorado se mueve y su alumnado -de distintos niveles y ciclos- se agrupa.
Por ese motivo los recortes son tan sensibles, como coinciden en señalar sindicatos y familias.
En los tres colegios movilizados -Los Castaños de Pitres; Valle del Guadalfeo de Torvizcón; y Alpujarra de Bérchules- se han suprimido en total 6 unidades (aulas) -así se refleja en el BOJA del 23 de agosto- no una, como sostuvo a preguntas de los periodistas el consejero Javier Imbroda en su última visita a Granada. Una de las siete suprimidas en Andalucía, según sus datos.
Solo en la provincia granadina hay, como recuerda el sindicato Ustea, que apoya y secunda esta protesta, 38 colegios públicos rurales (los CPR en términos educativos). Es la provincia andaluza con más escuelas en el medio rural -la siguiente tiene entre 16 y 17-.
¿Cómo es posible -apuntan sindicatos y familias- que la Consejería sostenga que en toda Andalucía han sido 7 las unidades eliminadas si solo en la Alpujarra han sido 6?
"Ha quedado claro que mienten", lamenta Irene Avivar que subraya la importancia de estas escuelas para el territorio. "Nosotros queremos vivir aquí", afirma para incidir en que la educación y la sanidad deberían ser "intocables" en el medio rural. "Deberían ser intocables en todos los sitios, pero más aquí".
Al suprimir aulas se masifica el resto. Por ejemplo, en aquellas donde debería haber un máximo de 15 escolares, hay 17.
Parecería que no son números importantes, cuando hablamos en colegios 'urbanos' de 25. Pero en estas aulas, como se ha señalado, el alumnado está agrupado. Es decir, que puede haber escolares de Infantil en la misma clase que otros de Primaria. Y este curso se han hecho, advierte Javier Valdés, delegado sindical de Ustea, "agrupamientos sin sentido pedagógico". "Ningún sentido más allá del ahorro", apunta.
En este sentido, Mariluz Manzano, de la Asociación de Madres y Padres del CPR Alpujarra, de Bérchules, explica que si ya era difícil dar una misma asignatura para distintos niveles educativos, este curso se da la circunstancia que un profesor debe dar asignaturas diferentes durante la hora de clase, porque tiene tres grupos diferentes. "Imagínate, 15 minutos de Matemáticas; con el otro grupo otra asignatura diferente...Es una locura".
Llama también la atención sobre la pérdida de profesorado. Ahora se deben multiplicar. La tutora de Juviles, especialista en Francés, debe desatender la tutoría para acudir a las otras sedes, como la de Juviles. Y al hilo de esa especialidad expone otra de las situaciones a las que se enfrenta: "¿Cómo va a dar, en una misma clase, francés para 3º, 4º, 5º y 6º?"
Lo que se resiente, resume, es la calidad educativa. "Queremos una solución", añade. Y como no llega ni hay señales de que la Junta vaya a cambiar su decisión, las movilizaciones continuarán.
"Estamos luchando por la calidad educativa. Nuestros niños no están abandonados, estamos luchando por ellos", asegura Mariluz Manzano, que exige al consejero una disculpa advertir a los padres de que los niños no podían ser "rehenes de reividicaciones". Esas palabras y el protocolo de absentismo activado por Educación han molestado a las familias.
"Se lo han tomado como un pulso político", lamenta Irene Avivar que tacha de "vergonzoso" que "no digas nada a las madres en seis meses y vengas con esta". A su juicio, es "una medida represiva y amenazante para tratar de apagar el fuego". "En la primera crisis fuerte que han tenido que afrontar han optado por el enfrentamiento y se están equivocando", opina para reprochar a los responsables de Educación su actitud "cerrada y prepotente" con los padres.
Considera "inviable" que prospere. En primer lugar porque informaron a la Delegación y a la escuela de los motivos por los que iban a faltar a clase los pequeños; se hizo un modelo de justificante para las familias. "Los que se están saltando la norma son ellos".
Aunque en Torvizcón el alumnado regresó a las aulas, el de Bérchules en principio mantendrá la huelga. Habrá otras acciones. "No vamos a parar", avisa Irene Avivar. De entrada, este jueves tienen previsto acudir al Parlamento de Andalucía.
Porque las familias temen que detrás del "atropello" de este año, en el que no hay señales por parte de la Junta de marcha atrás, lo que se encierra son planes de futuro. De ahí que la movilización no será únicamente por las medidas ya adoptadas este año, "sino por salvar la escuela rural".
Y defienden la apuesta por la escuela rural. Lo dijo el propio consejero Imbroda: "No solamente se han cerrado pocas [unidades] a pesar de que ha bajado en casi un millar el número de niños sino que se han aportado más docentes".
Ustea planteará un contencioso por ratios ilegales
El sindicato Ustea es muy crítico con los argumentos con los que la Consejería trata de justificar el incremento de las ratios. Lo que la Junta traslada es algo así como que aplica la ratio recogida en la normativa que se ha encontrado en vigor, echando la carga a los antecesores. "Es un engaño para recortar". La ley es "cristalina" respecto a cuándo se puede incrementar un 10 por ciento la ratio: se emplea para garantizar la incorporación tardía de alumnado a un colegio. Es decir, cuando la unidad familiar se mueve a mitad de curso; o surgen circunstancias judiciales que obligan a mover al alumno. Deben ser circunstancias "sobrevenidas".
Y es ahí donde Javier Valdés, de Ustea, apunta que los directores de los centros saben desde el pasado marzo, cuando les saltaba el cupo, que el número de escolares por aula aumentaba. "Eso demuestra que están haciendo trampa desde el minuto cero. Porque están incorporando el 10 por ciento por sistema". Y no solo en la Alpujarra, sino en centros repartidos por toda la provincia. Desde el 17 de junio al 20 de septiembre el sindicato Ustea ha presentado reclamaciones por 176 unidades con ratios ilegales.
"El trabajo ha sido monumental y no hemos llegado ni al 10 por ciento del problema", apunta a este diario Valdés.
El sindicato presentará también un escrito con las unidades ilegales en la Consejería. "Esperaremos un tiempo prudencial y si no contestan, presentaremos un contencioso administrativo".
CGT detecta incremento injustificado de ratios en 29 centros de la provincia.
Otro sindicato, CGT, ha registrado ante el Servicio de Inspección de la Delegación de Educación de Granada denuncias que afectan a 29 centros educativos de Educación Primaria y Secundaria de la provincia por unidades escolares que exceden el máximo de alumnos permitidos por la normativa andaluza.
Tras recordar, como también indica Ustea, que la normativa vigente en Andalucía es "muy clara" en cuanto a los casos en los que se puede incrementar la ratio, el sindicato advierte de que ya no está en vigor la normativa aprobada en plena crisis que permitía subirla hasta un 20 por ciento por "razones de ajuste presupuestario".
"El problema radica -según el sindicato CGT, que también critica que con el PSOE en el gobierno "se incrementaron sistemáticamente las ratios un 10%"-, en que los servicios de Planificación y Escolarización de la Consejería de Educación han actuado en el inicio de este curso como si dicha normativa estatal siguiera vigente, y lo cierto es que en marzo de 2019 fue derogado el artículo del Real Decreto que permitía el incremento del número de alumnos por aula por motivos de ajuste presupuestario". Por lo tanto, según CGT, "ningún aula debería haber comenzado el curso con más alumnado que el máximo permitido por la normativa andaluza, y es por ello que ha denunciado ante la Inspección Educativa los casos que han llegado a su conocimiento".
CGT ha presentado denuncias ante la Inspección. cgt
Por el momento, ha presentado denuncias por superarse el número máximo de alumnos por aula permitido en 19 colegios de las localidades de Deifontes, Cájar, Padul, Lanjarón, Peligros, Gójar, Bérchules, Maracena, Jete, Loja, Huétor Tajar, Albolote, Pinos Genil y Motril, afectando a más de 45 aulas que superan el máximo de alumnos permitido por la ley. En algunos casos se han alcanzado los 28 alumnos en aulas de Educación Infantil de 3 y 4 años, cifra que supera incluso el 10 por ciento de incremento que se prevé para situaciones excepcionales sobrevenidas.
En cuanto a la Educación Secundaria y Bachillerato, CGT ha registrado denuncias por excederse el número máximo de alumnado por aula en 10 centros educativos de las localidades de Granada, Motril, Albolote, Maracena, Gabia Grande, Armilla y Loja, afectando a un total de 72 unidades. El sindicato lamenta "la escasa previsión" de las autoridades educativas sobre las necesidades que el crecimiento demográfico en algunas localidades anunciaba desde hace años, tal y como sucede en el caso de Albolote, "donde su único IES excede el número máximo de alumnos permitido por ley en el 80% de sus unidades". Situación similar se da en el IES de Maracena, en el que se contabilizan 12 unidades escolares que superan la cifra máxima de alumnos, según CGT.
"Por cada aula masificada en Infantil y Primaria se pierde un puesto de trabajo, 1,5 en ESO y Bachillerato", dice CGT
El sindicato advierte de que "el incremento ilegal de las ratios no sólo perjudica claramente a la educación que recibe el alumnado y al trabajo diario del personal docente, sino que también acarrea una importante pérdida de puestos de trabajo docente, ya que por cada aula masificada que no se desdobla en Educación Infantil y Primaria se pierde un puesto de trabajo, y en torno a 1,5 por cada aula no desdoblada de ESO y Bachillerato".
"Ante el flagrante incumplimiento de la normativa vigente en Andalucía que supone que este curso se haya iniciado con más alumnado por aula del que establecen las ratios ordinarias, el Sindicato CGT anima a toda la comunidad educativa a que siga denunciando cada situación anómala, y además ofrece sus medios humanos y jurídicos para canalizar dichas denuncias ante la Delegación de Educación y, llegado el caso, ante los tribunales".
- Imbroda defiende la apuesta de la Junta por la educación rural y dice que "si está justificado con datos" se reunirá con "docentes y luego, padres"
- Ustea denuncia ante la Consejería de Educación "más de 700 unidades con ratios ilegales" en Andalucía y anuncia medidas judiciales
