El juez granadino al que tembló la mano y no decapitó a Fernando VII
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Los reyes Carlos IV y María Luis de Parma ordenaron matar inmediatamente al Príncipe de Asturias al descubrir el Complot de El Escorial para derrocarles
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El magistrado granadino ocupó altísimos cargos de confianza durante el reinado de José I Bonaparte, tanto en Granada como en Madrid
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El rey “marrajo cobarde” fue un desagradecido tras salvarle la vida; acabó desterrándolo a sus tierras de La Puebla de Don Fadrique, donde murió más tarde
La familia de Carlos IV no fue un modelo real a tomar como ejemplo. El último rey Borbón del XVIII y primero del XIX seguía anclado en el antiguo régimen, sin enterarse de que en Europa habían arraigado ideas revolucionarias y renovadoras, provocadas en buena parte por la revolución industrial. Al rey se le pinta como distraído con sus escopetas de caza, dejando que otros le gobernaran el reino y parece que también le calentaran el lecho conyugal. Simplificando mucho el retrato del momento, se puede concluir que las dos personas fuertes de aquel tramo final del reinado de Carlos IV eran el valido Manuel Godoy y la reina. Las lenguas afiladas afirmaban que existía algo más que amistad entre ambos.
Una vez repuesto de su luto, en marzo de 1807 empezó a conspirar para derrocar a sus padres del trono y ponerse él de monarca. Contaba con simpatías y apoyos de buena parte de la población española, especialmente de la nobleza y alto clero, además de sectores ilustrados, francmasones y liberales
Una de aquellas lenguas bífidas era precisamente el príncipe de Asturias y heredero al trono, Fernando de Borbón y Parma. Corría el año 1807. Con sólo 23 años, Fernando de Borbón ya había enviudado de María Antonia de Nápoles (1784-1806). Una vez repuesto de su luto, en marzo de 1807 empezó a conspirar para derrocar a sus padres del trono y ponerse él de monarca. Contaba con simpatías y apoyos de buena parte de la población española, especialmente de la nobleza y alto clero, además de sectores ilustrados, francmasones y liberales. Veían en el Príncipe un revulsivo de cambio prometedor para España y sus maltratadas colonias. Al otro lado de los Pirineos comenzaban a concentrarse las tropas de Napoleón para, supuestamente, invadir Portugal anglófilo. El descontento y la división aumentaban en España, especialmente contra Godoy y sus ambiciones de reinar.
Los movimientos del Príncipe para destronar a sus padres y a Godoy fueron continuos; el plan incluía el asesinato del valido y la Reina, a quienes se veía como verdaderos obstáculos del cambio. La trama fue descubierta durante la estancia de otoño de la familia Real en el Palacio de El Escorial. El 27 de octubre de 1807, Carlos IV registró personalmente la ropa y el dormitorio de su hijo; halló cartas y pruebas de lo que estaba tramando. Los ideólogos principales eran el Duque del Infantado y su tutor Juan Escoiquiz. Inmediatamente dio órdenes de detener a colaboradores, sirvientes y allegados del Príncipe que formaban su corte; en Madrid y otras ciudades, fueron encarcelados otros implicados. El Príncipe fue encerrado en sus habitaciones, con las puertas y pasillos tapiados por carpinteros y albañiles aquella misma noche.
La trama fue descubierta durante la estancia de otoño de la familia Real en el Palacio de El Escorial. El 27 de octubre de 1807, Carlos IV registró personalmente la ropa y el dormitorio de su hijo; halló cartas y pruebas de lo que estaba tramando. Los ideólogos principales eran el Duque del Infantado y su tutor Juan Escoiquiz
La comunidad de frailes jerónimos de El Escorial no salía de su asombro de la tensión y el peligro que se mascaba en el monasterio. Muchos de ellos tuvieron que dejar sus celdas para encarcelar a implicados en el complot.
El Alcalde de Casa y Corte entra en acción
El odio era mutuo entre la reina madre y su primogénito Fernando (noveno de los 14 hijos que tuvo). María Luisa también había odiado a su nuera María Antonia de Nápoles durante los pocos años que estuvieron casados (1802-06). En su correspondencia diaria con Manuel Godoy llegó a escribir de ellos que deseaba quitárselos de encima e insultaba al sucesor al trono: “¿Qué haremos con esa diabólica sierpe de mi nuera y marrajo cobarde de mi hijo?” [Marrajo, según la RAE, es “persona hábil para engañar o se comporta con astucia y disimulo para conseguir un beneficio o hacer un daño”].
Aquella noche del 27 de octubre de 1807, la reina convenció a su esposo de que había llegado el momento de acabar de una vez con las conspiraciones de su desagradecido hijo, y así dejar paso a Carlos María Isidro al principado de Asturias. Estaba convencida de que los papeles encontrados a la trama decían la verdad: iban a ejecutar a Godoy y al menos a la reina. Por eso, María Luisa de Parma se adelantó y exigió al Alcalde de Casa y Corte que decapitase al Príncipe de Asturias inmediatamente, en aquel mismo lugar.
El Alcalde de Casa y Corte, decano de Madrid y responsable del distrito de Maravillas (que incluía en Palacio Real) era el granadino Andrés Romero Valdés. Aquel alcalde tenía como misión ayudar a impartir justicia al rey allá donde éste se desplazara, con competencias en un radio de al menos cinco leguas
El Alcalde de Casa y Corte, decano de Madrid y responsable del distrito de Maravillas (que incluía en Palacio Real) era el granadino Andrés Romero Valdés. Aquel alcalde tenía como misión ayudar a impartir justicia al rey allá donde éste se desplazara, con competencias en un radio de al menos cinco leguas. Por tanto, solía desplazarse con la Corte, especialmente en sus continuos trasiegos a los reales sitios de El Escorial, La Granja y Aranjuez. Mas, en esta ocasión había quedado en Madrid y fue llamado con urgencia.
Pero Andrés Romero Valdés debió ser hombre templado, quizás también partidario del Príncipe, y no accedió a los deseos de ejecución inmediata que le exigía la reina. Los monarcas se lo habían ordenado en presencia de la mayor parte de su gobierno, los ministros de Estado, Marina, Hacienda, Gracia y Justicia, en una reunión que tuvo lugar en la habitación de la reina. El 29 de octubre por la tarde constituyó un tribunal instructor de la causa con el que compartir responsabilidades; se apoyó en Arias Mon y Velarde, y Domingo Fernández Campomanes (vocales del Consejo de Estado, que aconsejaron prudencia e informar a Napoleón de lo ocurrido). Los tres se encerraron en El Escorial durante las semanas siguientes para ir tomando declaración al Príncipe y a todos sus cómplices allí encarcelados.
La reina veía así esfumarse sus deseos de acabar de una vez con las insidias de su odiado hijo. No obstante, todavía parece que ideó un segundo plan para acabar con el Príncipe: ordenó que lo llevaran al presidio del Alcázar de Segovia; en el trayecto enviaría a gente para asesinarlo. El pueblo fue movilizado por el partido fernandino y rodeó los caminos de El Escorial para evitar el traslado.
El Príncipe se vino abajo a los pocos días, durante los interrogatorios del juez granadino; acabó por confesarlo todo y delatar a los implicados. Publicó un escrito solicitando perdón, dirigido a sus padres. El proceso judicial se fue desinflando, de manera que para finales de enero de 1808 nadie resultó condenado a muerte
El Príncipe se vino abajo a los pocos días, durante los interrogatorios del juez granadino; acabó por confesarlo todo y delatar a los implicados. Publicó un escrito solicitando perdón, dirigido a sus padres. El proceso judicial se fue desinflando, de manera que para finales de enero de 1808 nadie resultó condenado a muerte, tal como pedía el fiscal. Todos fueron absueltos por las presiones que ejerció Manuel Godoy sobre el tribunal, que buscaba quedar como gobernante magnánimo. Carlos IV sólo se dio el gusto de desterrar a más de 40 leguas de la Corte a buena parte de la nobleza que le rodeaba y resultó estar alineado con el partido fernandino. La reina entendió aquella sentencia absolutoria de su hijo como un gran insulto y desprecio hacia su persona. De hecho, el asunto fue tan torpemente manejado por la casa real que al pueblo le quedó la sensación de que todo había sido una maniobra de la reina y Godoy para desembarazarse del incordio del Príncipe de Asturias.
[No se tiene constancia de que volviese a hablar con su hijo durante el cautiverio francés de 1808 a 1814; el distanciamiento fue absoluto. De hecho, Fernando VII se negó a que sus padres regresaran a España tras recuperar el trono a partir de 1814. Les dejó morir en Italia y sólo accedió a repatriar sus cadáveres].
No transcurrieron muchos meses más de aquel turbulento año 1808 sin que Fernando consiguiera hacerse con la corona de su padre tras el motín de Aranjuez. Pero le duró sólo unas semanas, hasta que Napoleón lo llamó a Bayona y se la quitó para ponerla en la cabeza de su hermano José I Bonaparte
No transcurrieron muchos meses más de aquel turbulento año 1808 sin que Fernando consiguiera hacerse con la corona de su padre tras el motín de Aranjuez. Pero le duró sólo unas semanas, hasta que Napoleón lo llamó a Bayona y se la quitó para ponerla en la cabeza de su hermano José I Bonaparte.
Romero Valdés el afrancesado
A finales de abril de 1808, Carlos IV había abdicado la corona en su hijo Fernando VII. Ambos y buena parte de sus comitivas se encaminaron a entrevistarse con Napoleón en Bayona. En pocos días, España quedaba sin borbones y veía cómo José I Bonaparte viajaba a Madrid como nuevo rey. Tras el levantamiento del pueblo madrileño del 2 de mayo ya aparecieron bandos del alcalde decano de Casa y Corte pidiendo calma ante la nueva situación.
Entre los diez jueces de Madrid que propuso el general Murat para controlar la justicia se encontraba Andrés Romero Valdés; su nombre figura entre los primeros nombramientos que hizo el rey José I en julio, nada más llegar a Madrid
En la capital y parte del país mandaba el mariscal Joachim Murat y los ejércitos franceses. En torno a los nuevos gobernantes invasores se arremolinaron bastantes altos cargos y un sector de la burguesía ilustrada; en principio, los altos funcionarios se negaron a prestar juramento ante la llegada del nuevo rey, pero pronto empezaron a someterse en cascada, no sabemos si por las presiones del brigadier francés o por convicción (Agustín Romero juró fidelidad al rey José I el 23 de julio). Entre los diez jueces de Madrid que propuso el general Murat para controlar la justicia se encontraba Andrés Romero Valdés; su nombre figura entre los primeros nombramientos que hizo el rey José I en julio, nada más llegar a Madrid. Se encargaría de los asuntos contenciosos del Consejo Real. Así pues, su proximidad al monarca gabacho fue máxima.
El granadino afrancesado estuvo trabajando para la nueva administración desde su despacho de la calle Arenal de Madrid. Fue incluido en el nuevo Consejo de Estado. Colaboró en el diseño de una amplia reforma de los ministerios y gobierno de los territorios peninsulares y las colonias. Así mismo, continuó impartiendo justicia y, sobre todo, diseñó un plan de expropiaciones y desamortizaciones para financiar a los ejércitos franceses y rebajar la enorme deuda pública que arrastraba la Corona borbónica desde tiempo inmemorial. En aquellos años vemos la Gaceta de Madrid repleta de expedientes de expropiación y venta de fincas en prácticamente toda España, con el denominador común de que iban firmadas por el juez Romero Valdés.
El juez Agustín Romero viajó en la comitiva real hasta su tierra de origen. El 31 de enero de 1810, el Ayuntamiento de Granada juró fidelidad el nuevo rey, que iba a estar unas cuantas semanas en la ciudad dirigiendo la consolidación de su ejército por todo el Reino de Granada
Comisario regio de Granada
El 8 de enero de 1810, José I Napoleón decidió emprender viaje a Andalucía, una vez prácticamente controlado el territorio del Sur por sus tropas (a excepción de Cádiz). El juez Agustín Romero viajó en la comitiva real hasta su tierra de origen. El 31 de enero de 1810, el Ayuntamiento de Granada juró fidelidad al nuevo rey, que iba a estar unas cuantas semanas en la ciudad dirigiendo la consolidación de su ejército por todo el Reino de Granada. El 27 de marzo, el rey francés decidió nombrar comisario regio del territorio de Granada a Agustín Romero Valdés, tras el cese de Estanislao de Lugo Viña y Molina.
El nuevo comisario regio (una especie de virrey) iba a permanecer en el cargo hasta el 23 de mayo siguiente, ya que se fue tras el rey camino de Sevilla y Madrid; le sucedió en el virreinato Luis Marcelino Pereira. Lo primero que hizo Romero Valdés fue dirigirse al Ayuntamiento de la capital, y también a otros más pequeños y propietarios, exigiendo la entrega de dinero y bienes para asegurar el mantenimiento de las tropas francesas. Además, les obligó a pagar todas las contribuciones que tuvieran atrasadas. En las actas capitulares de Granada y en su archivo histórico figuran dos extensos decretos imponiendo la recaudación de cinco millones de reales, así como la entrega de ropas, caballos, armas de la Alhambra, maderas, paja, piensos, etc.
Si duro con Granada fue Romero Valdés, mucho más lo fueron dos siguientes intendentes, Marcelino Pereira y Juan Francisco de los Heros y la Herrán
Si duro con Granada fue Romero Valdés, mucho más lo fueron dos siguientes intendentes, Marcelino Pereira (23 de mayo a 19 de noviembre de 1810) y Juan Francisco de los Heros y la Herrán (a partir de noviembre de 1810). Durante la estancia de estos dos fue cuando las tropas francesas se afanaron en el saqueo de iglesias y conventos, hasta su definitiva salida del Reino en septiembre de 1812.
Desde Granada, Romero Valdés colaboró con los generales franceses en asentar a sus tropas en los puntos neurálgicos del Reino. Así como de iniciar las primeras expropiaciones y dirigir el programa de reformas urbanísticas que inició el general Sebastiani. Y, de paso, debió hacer la vista gorda ante el saqueo del patrimonio artístico y monumental que estaban protagonizando los militares franceses allá por donde pasaban.
Entre los meses en que Romero Valdés permaneció de gobernador del Reino de Granada ocurrió un hecho notable para La Puebla de Don Fadrique y su comarca: la división de España por prefecturas; toda la comarca de Huéscar fue segregada del Reino de Granada
Las tropas francesas causaron estragos en algunas de las localidades de la comarca de Huéscar-Baza, de donde era originaria su familia y él tenía algunas propiedades. Pero, curiosamente, el único pueblo que no se atrevieron a esquilmar los soldados fue La Puebla de Don Fadrique. Entre los meses en que Romero Valdés permaneció de gobernador del Reino de Granada ocurrió un hecho notable para La Puebla de Don Fadrique y su comarca: la división de España por prefecturas (a imagen del modelo de Francia); toda la comarca de Huéscar fue segregada del Reino de Granada y adjudicada a la prefectura de Murcia, con una subprefectura en Huéscar.
Agustín Romero Valdés continuó ejerciendo como juez especializado en confiscaciones y ventas de fincas y bienes al regresar a la capital. Pero, además, fue nombrado prefecto de la provincia de Madrid y condecorado con la Orden Real de España (la berenjena). Su preocupación principal debió consistir en acopiar dinero para poder satisfacer las continuas necesidades de la nueva administración francesa y el suministro a tantos frentes de guerra como tenían abiertos por todo el territorio español. La Gaceta de Madrid está llena de subastas de fincas que tramitaba en su juzgado decano de Madrid; de Granada expropió y vendió la finca de Camarate (Gúéjar Sierra), la dehesa de San Jerónimo y varias fincas en la Vega (Decreto 4 febrero de 1812); en Guadix, el cortijo de Albarrán (Decreto 5 de mayo).
José Bonaparte abdicó su corona el 7 de enero de 1814. Fernando VII volvió a ser reconocido como legítimo rey español por el Emperador de Francia, a quien devolvió sus derechos dinásticos. España, tras varios años de guerras, se dispuso a recibirlo como el “deseado”
Poco más de cinco años duraron sus servicios a los franceses. El 17 de marzo de 1813 se apagaba la estrella del poblato afrancesado. Ese día, el rey José I Bonaparte decidió abandonar Madrid para no regresar nunca más. La excusa del rey breve fue una inspección a las tropas del Norte; fue vencido en la batalla de Vitoria (21 de junio) y tuvo que regresar a Francia con el rabo entre las piernas. Permaneció tras los Pirineos viendo cómo los despojos de los ejércitos franceses retornaban a su tierra de origen. Eso sí, cargados de botín. José Bonaparte abdicó su corona el 7 de enero de 1814. Fernando VII volvió a ser reconocido como legítimo rey español por el Emperador de Francia, a quien devolvió sus derechos dinásticos. España, tras varios años de guerras, se dispuso a recibirlo como el “deseado”.
La venganza del nuevo rey
Fernando VII no dio la talla como nuevo monarca. Regresó a España imponiendo su absolutismo, retornando al antiguo régimen que se había dejado en 1808. Hizo buenos los calificativos de maldad con que le retrató su madre años atrás. Abolió la Constitución de 1812, emprendió una dura persecución de liberales, acrecentó aún más la división de los españoles y provocó el exilio de liberales y afrancesados. España entró en una de las etapas más negras de su historia, primero con el sexenio absolutista (1814-20), después con la década ominosa (1823-33), para dejar como herencia una serie de guerras civiles (carlistas) que se prolongaron durante la mayor parte del siglo XIX, y la pérdida de todas las colonias americanas. Además de marrajo y felón, la Historia le ha deparado el calificativo de “peor rey de España”.
El todopoderoso Andrés Romero Valdés vivía en la desgracia a mediados de 1814. Sus intentos por congraciarse con la nueva situación no fructificaron. Fernando VII nunca debió tener en consideración que si estaba vivo y había llegado a ser rey era precisamente porque él lo había salvado de las intenciones de su madre de ejecutarlo en El Escorial siete años atrás. Al menos, el monarca absoluto no lo envió a pudrirse en Filipinas o en un pontón flotante, ni lo ajustició como hizo con algunos afrancesados que no consiguieron huir.
Se retiró a las propiedades familiares de la Puebla de Don Fadrique, de donde nunca más salió y donde falleció relativamente joven. Solamente consiguió que su hijo hiciera una mediana carrera en el ejército (Alférez de Guardia Especial). Además, el matrimonio expulsado de Madrid venía con otras dos hijas
El juez granadino fue extrañado a su tierra de origen. A partir de la llegada de Fernando VII se le pierde la pista en toda vida oficial y judicial. Se retiró a las propiedades familiares de la Puebla de Don Fadrique, de donde nunca más salió y donde falleció relativamente joven. Solamente consiguió que su hijo hiciera una mediana carrera en el ejército (Alférez de Guardia Especial). Además, el matrimonio expulsado de Madrid venía con otras dos hijas.
De amplia familia de juristas
Andrés Romero Valdés procedía de una linajuda familia de juristas arraigados en la Puebla de Don Fadrique, pero con conexiones familiares en Cuenca y Región de Murcia. En realidad, su nombre y apellidos completos eran Andrés Romero-Valdés y Paracuello; había unido los dos apellidos de su padre, famoso jurista y cargo público, el oidor Andrés Romero Valdés (fue alcalde mayor de Don Benito, Plasencia, Écija, Alcalá la Real, Gerona, magistrado en Barcelona, etc.) Precisamente nuestro personaje central no había nacido en La Puebla de Don Fadrique, sino durante la estancia de sus padres en Alcalá la Real (donde vio la luz el 28 de febrero de 1764), aunque siempre se decía natural de La Puebla. Su madre fue María Francisca Paracuello y Montesinos.
Su formación de bachiller la había iniciado en Orihuela (1775) y la carrera de Leyes en el Colegio de San Isidro de Madrid, bajo la tutela de sus dos tíos abogados, llamados Antonio e Isidro Romero Valdés. Era sobrino de otro oidor de la Real Chancillería de Granada, que ejerció a finales del XVII-principios del siglo XVIII, Phelipe García de Valdés
Andrés se casó con María Inés Camacho Madrid, de Totana, cuando tenía poco más de 26 años y estaba desempeñando una alcaldía del crimen en Barcelona, en 1791. Ascendió a oidor en la Audiencia condal en 1793. Allí nació, en 1797, su hijo Andrés Romero y Camacho. Su carrera judicial la desarrolló prácticamente en su totalidad en Barcelona, donde permaneció hasta principios de 1807 en que consiguió la plaza de Alcalde decano de Casa y Corte de Madrid.
Su formación de bachiller la había iniciado en Orihuela (1775) y la carrera de Leyes en el Colegio de San Isidro de Madrid, bajo la tutela de sus dos tíos abogados, llamados Antonio e Isidro Romero Valdés. Era sobrino de otro oidor de la Real Chancillería de Granada, que ejerció a finales del XVII-principios del siglo XVIII, Phelipe García de Valdés.
Las pocas noticias que tenemos de Andrés tras su destierro se refieren a fugaces apariciones de su nombre en el archivo histórico de La Puebla de Don Fadrique, relacionadas con temas de riegos de sus tierras
Las pocas noticias que tenemos de Andrés tras su destierro se refieren a fugaces apariciones de su nombre en el archivo histórico de La Puebla de Don Fadrique, relacionadas con temas de riegos de sus tierras. Todo apunta que se retiró a vivir en el palacio que había levantado en el pueblo su tío soltero Isidro Romero Valdés, uno de sus maestros de juventud en su despacho de Madrid. Precisamente este despacho de los hermanos Romero Valdés fue el que tramitó los papeles para conseguir la segregación de La Puebla de su capital Huéscar, en un proceso que se extendió durante las dos décadas finales del siglo XVIII y concluyó con un privilegio de Carlos IV (14 de septiembre de 1801) declarándola villa independiente y adjudicándole más de la mitad del inmenso término municipal (casi 1.000 kilómetros cuadrados entre los dos, la doceava parte de la provincia de Granada).
El abogado Isidro Romero Valdés abandonó el “ruidoso” mundo de Madrid a finales del siglo XVIII, con enorme fortuna y después de haber sido Decano del Colegio de Abogados de Madrid durante una década. Levantó un palacio neoclásico en la Puebla de Don Fadrique. Aquel palacio existe todavía con el nombre de Casa González-Olivares. El edificio llamó la atención de Simón de Rojas cuando visitó la Puebla en 1805 para escribir su Historia Natural del Reino de Granada; la describió del siguiente modo: “Una de las cosas notables de la Puebla de Don Fadrique es la casa de Don Isidro Romero abogado, que después de haber vivido en Madrid muchos años, ha vuelto a su patria para pasar donde había nacido el último tercio de su vida. Pegada a una hermosa huerta suya ha hecho una casa según todas las leyes del arte y del buen gusto que es tal vez la única en la provincia. Tiene dos pisos fuera del interior”. La casa había sido levantada por el tallista-arquitecto valenciano José Ortiz Fuentes (fue asesinado en Baza por envidias de otros maestros). Isidro, el tío de Andrés, sobrevivió al sobrino y fue su albacea. Falleció a los 91 años, en 1826.
El palacio continuó siendo ocupado por los Romero Valdés todavía unos lustros más, hasta pasada la mitad del siglo XIX. La casona fue adquirida por la familia murciana de los Fontes. Posteriormente pasó a manos de los castrileños González-Olivares, actuales propietarios
El palacio continuó siendo ocupado por los Romero Valdés todavía unos lustros más, hasta pasada la mitad del siglo XIX. La casona fue adquirida por la familia murciana de los Fontes. Posteriormente pasó a manos de los castrileños González-Olivares, actuales propietarios.
En esta casa se extinguió la vida de uno de los poblatos más ilustres, el hombre que fue alcalde de Casa y Corte más poderoso de Madrid, gobernador del Reino de Granada con José I Bonaparte, prefecto de la provincia de Madrid, consejero de Estado, liberal… y afrancesado. Pero, ante todo, magistrado que tuvo en su mano la oportunidad de haber librado a España del peor rey que ha lucido la corona sobre su cabeza.
La esposa Inés Camacho le había dejado viudo al poco de llegar a tierras granadinas. Andrés Romero Valdés falleció el 27 de agosto de 1821. Estuvo enterrado en alguna fosa del antiguo cementerio o de la cripta parroquial de La Puebla.
