“Hemos trabajado con todas las partes implicadas, Junta de Andalucía, y administrador concursal, para buscar una solución que permita la continuidad de la residencia y actividad, dentro de las fórmulas jurídicas que permite la legalidad vigente”, ha asegurado el concejal de Bienestar Social, Educación y juventud, Fernando Egea.

En un comunicado ha destacado “la voluntad demostrada por el Ayuntamiento para lograr una solución viable al mantenimiento de la residencia de grandes dependientes de la Huerta del Rasillo, una parcela e inmueble de propiedad municipal y de gestión y responsabilidad de la Junta, cuya continuidad quedó en entredicho, una vez que la entidad que lo gestionaba, entró en concurso de acreedores”.

“En todo momento, desde que tuvimos conocimiento de esa realidad, desde el Ayuntamiento hemos puesto toda nuestra voluntad para la actividad continuara adelante y, prueba de ello, son las múltiples reuniones mantenidas con las partes implicadas, Junta de Andalucía y administrador concursal, para estudiar la situación y buscar soluciones viables dentro de la legalidad permitida”. Ha respecto ha recordado que se ha aprobado "una adjudicación directa a la empresa Vitalia, mecanismo excepcional que se ha contemplado gracias a la acción municipal”.

Egea ha explicado que se han estudiado "a fondo" todas las posibilidades legales para ceder el solar y el edificio a Vitalia por razones de urgencia social avaladas por informes técnicos del propio Ayuntamiento. Pero, según ha añadido, "es obvio que, por tratarse de una mercantil y no una ong, el Consistorio granadino no puede cederlo gratuitamente”.

Así, para facilitar que la empresa pueda hacerse cargo, el Consistorio planteó “un canon con el precio más bajo posible y una adjudicación por cinco años prorrogable a otros dos años y medio más, que es el plazo establecido por la Secretaria General del Ayuntamiento y el Gabinete Jurídico municipal”

El concejal ha reiterado que la voluntad municipal “es y ha sido siempre dar facilitar en todo lo posible a dicha residencia de personas dependientes e impedir su cierre; hemos trabajado a fondo todas las opciones para lograrlo, pero las condiciones que la legalidad establece para una adjudicación directa contemplan unos requisitos y unos plazos insoslayables”.