Foros de mujeres contra la violencia machista piden al CGPJ que trate el caso de Juana Rivas como violencia de género
En su escrito reclaman al Poder Judicial que revise la resolución judicial que obligaba a la madre de Maracena a entregar a sus hijos, por haber utilizado el supuesto síndrome de alienación parental en su argumentación.
Representantes de los colectivos contra la violencia machista, ante el CGPJ. vía twitter @nosmismasch
Foros de mujeres contra la violencia machista de toda España han entregado este lunes un escrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que reclaman que el caso de Juana Rivas se trate como violencia de género y se actúe de manera inmediata sobre la protección de los menores y de la mujer como víctimas.
Los colectivos firmantes son el Foro de Madrid contra la Violencia a las Mujeres, la Plataforma 7N, la Red Estatal contra la Violencia de Género y la Plataforma 25 de Noviembre contra la Violencia de Género de Granada.
En el documento, al que ha tenido acceso este diario, expresan su apoyo a Juana Rivas, que finalmente ha entregado este lunes a sus dos hijos a la Guardia Civil para dar cumplimiento a la orden judicial que la conminaba a la restitución de los menores al padre, que fue condenado en 2009 por malos tratos, una orden que rechazan.
Se dirigen al Observatorio contra la Violencia de Género del CGPJ para pedirle que analice la resolución judicial que obliga a la madre de Maracena a restituir a los menores, por hacer uso en su argumentación del supuesto síndrome de alienación parental, rechazado por el propio Poder Judicial.
Ese supuesto síndrome, como recuerdan estos acreditados colectivos, también es conocido como 'terapia de la amenaza', "amenaza que se basa en el cambio inmediato de la custodia y la posibilidad de aumentar las restricciones de contacto entre el progenitor -habitualmente la madre- y el/la hijo/a diagnosticados".
"La aplicación de esta práctica que se está asentando en nuestro país ha sido desaconsejada por el propio Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ en su "Guía de actuación judicial frente a la violencia de género", que califica el SAP de "teoría pseudo-científica", como ha analizado El Independiente de Granada.
"La guía del CGPJ dice literalmente que “el SAP no ha sido reconocido por ninguna asociación profesional ni científica, habiendo sido rechazada su inclusión en los dos grandes sistemas diagnósticos de salud mental utilizados en todo el mundo", según recuerda el escrito.
También piden al Poder Judicial que actúe "ante la falta de diligencia" de la Administración de Justicia al traducir la denuncia por violencia de género que interpuso Juana Rivas hace un año, y que no fue cursada a los tribunales italianos hasta este mes de agosto.
Críticas a la Fiscalía
Estos colectivos de reconocida trayectoria en la lucha contra la violencia machista cuestionan el papel de la Fiscalía en este caso, en el que a su juicio se ha mostrado "insensible" ante las víctimas. "La Fiscalía ha actuado poniendo por delante el no cuestionamiento del aparato judicial, que ha demostrando la máxima crueldad que se pueda alcanzar siguiendo una una aplicación machista y patriarcal de las leyes. Reclamamos a estas instituciones que cumplan con su papel y tomen parte activa para defender a Juana y proteger a su hijo e hija evitando que se entregue su custodia al padre maltratador", exponen en su duro escrito.
Y solicitan al CGPJ que tenga en cuenta los argumentos de la Asociación de Mujeres Juezas de España, que han alertado de que no se ha usado "la perspectiva de género como elemento transversal a la hora de interpretar y aplicar las leyes" y tampoco se ha tenido en cuenta el Convenio de Estambul -que exige que se tenga en cuenta a la hora de fijar la custodia los incidente de violencia-, ni lo señalado en el Pacto de Estado en lo referido a la custodia a padres condenados por maltrato".
El escrito, que recuerda que en lo que va de año han sido asesinados "cinco menores a manos de sus padres maltratadores", refiere también que "no se ha respetado el derecho de los menores a ser escuchados", ni protegido sus derechos conforme al Estatuto de la Víctima y la Ley del Menor.
"El caso de Juana Rivas es el más visible de toda una serie de casos de maltrato institucional que se aplica a las mujeres que denuncian su situación de violencia de género, y lejos de encontrar amparo en el sistema judicial, se ven desprotegidas -ellas y sus hijos- ante la imposición de supuestos derechos de custodia de los padres violentos".
Solicitan al Poder Judicial que esté vigilante ante actuaciones judiciales que no trata a los hijos como víctimas
Tras advertir de las "nefastas" consecuencias de este tipo de actuaciones en la lucha contra la violencia de género, los colectivos firmantes piden al CGPJ que se implique en la puesta en marcha de formación en derecho antidiscriminatorio como demanda el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y a estar "vigilante" ante actuaciones judiciales que no han asumido que los menores hijos de víctimas de violencia de género también tienen esa consideración de víctimas.
El escrito respalda la labor de las profesionales del Centro de la Mujer de Maracena y rechaza que hayan sido citadas como investigadas. "Es un despropósito criminalizar a profesionales por cumplir su obligación de prestar atención jurídica y psicológica". En este sentido advierten de que "el encausamiento de profesionales, puede atar de pies y manos a las víctimas, al desacreditar recursos profesionales fundamentales de ayuda a las mujeres, contribuye a su asilamiento y a cerrar el círculo perfecto del maltrato. Actuaciones judiciales como estas, contribuyen a disuadir a las mujeres de denunciar y buscar ayuda para salir de su situación".
Por todo ello reclaman que se trate este caso, de una vez, "como lo que es, un caso de violencia de género" y que la Fiscalía actúe para proteger a los menores y a Juana Rivas, además de solicitar que se cierren todas las causas contra ella.
La Justicia italiana ha ordenado que, al regreso de los menores a Italia, los servicios sociales controlen al padre y vigilen a los menores. Según ha informado El País, así lo habría establecido la magistrada de la primera sección civil de Cagliari, Grazia Maria Bagelli, en una resolución en la que toma en consideración la condena de Francesco Arcuri en 2009. Según la referida información, los técnicos de los servicios sociales municipales de Carloforte -la localidad italiana en la que reside el padre- deberán verificar las condiciones familiares y de vida de Francesco Arcuri y vigilar cómo viven sus hijos. Tendrán que elaborar un informe sobre los menores y su padre antes de mediados de octubre que sería clave para determinar a quién corresponde la custodia. De hecho, explica que el próximo 31 de octubre ambos progenitores deberán comparecer ante los jueces italianos por ese asunto.
