La Fiscalía advierte de "la mayor violencia de los clanes y organizaciones" dedicados al cultivo y tráfico de cannabis en Granada y Almería
Así lo recoge la Memoria de la Fiscalía General del Estado, en el apartado correspondiente a la Fiscalía Especial Antidroga, al analizar la situación de Andalucía. Y en esta comunidad, una vez más la memoria fiscal, presentada con motivo de la apertura del año judicial, llama la atención sobre la situación de Granada y Almería, que siguen siendo "dos territorios afectados principalmente por el cultivo del cannabis".
Los delegados antidroga en las fiscalías de las dos provincias "constatan especialmente el incremento y extensión del cultivo indoor de esta sustancia a la vez que se reduce en Almería las plantaciones en invernaderos bajo el falso paraguas del cultivo industrial". Esta forma de cultivo, recoge la memoria, "lleva pareja la comisión de delitos de defraudación de fluido eléctrico en números sorprendentes como los 503 enganches ilegales desarticulados por la policía en Almería que, no huelga repetir, producen cortes de suministro por sobrecargas afectando a terceras personas que viven en edificios o zonas destinadas principalmente al consumo de marihuana".
"Aunque haya una percepción de la menor gravedad de estas conductas, los dos delegados advierten de la mayor violencia de los clanes y organizaciones dedicados a estas actividades a los que cada vez con mayor frecuencia se les intervienen cantidades alarmantes de armas de fuego". Igualmente, ya se alertaba el año pasado de "la instalación de organizaciones extranjeras dedicadas a este cultivo y tráfico, holandeses, lituanos, ucranianos y especialmente albaneses, que encuentran en nuestro país la base de operaciones de sus organizaciones criminales".
Venta de cogollos en formatos de todo tipo, muchos de ellos con embalajes recreativos simulando golosinas
En lo referido al tráfico de drogas, la memoria menciona la situación de las embarcaciones de alta velocidad neumáticas y semirrígidas. Este tipo de embarcaciones ha sido declarado "género prohibido por Real Decreto-ley 16/2018, de 26 de octubre, por el que se adoptan determinadas medidas de lucha contra el tráfico ilícito de personas y mercancías en relación con las embarcaciones". Por tanto, explica la Fiscalía, "el uso de estas embarcaciones es un delito autónomo de contrabando cuando su valor supera los 50.000 euros y la pena a imponer es de 3 a 5 años de prisión. La medida, resalta la Fiscalía, "ha tenido una indudable repercusión práctica ya que no pueden ser fabricadas en España y se ven obligados a su ocultación en aguas internacionales o de otros Estados".
El caso del asesinato de dos guardias civiles en Barbate muestra "la impotencia del Estado ante unas redes criminales que deben ser inmediatamente desarticuladas"
Aun así, "siguen siendo el instrumento principal para el traslado de hachís desde Marruecos y proliferan por toda la costa, especialmente aunque no solo, en el Estrecho y son visibles a plena luz del día o por la noche, navegando por la desembocadura del Guadalquivir, por puertos deportivos o muelles pesqueros en Barbate, Conil de la Frontera, Sancti Petri, etc". "Las redes sociales y cualquier medio de comunicación -agrega la reflexión fiscal- muestran el atrevimiento en la exhibición de estas narcolanchas por parte de los narcotraficantes y la violencia con la que en más de una ocasión embisten a las embarcaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como lo demuestra el asesinato de dos guardias civiles en Barbate en febrero de 2024, que constituye uno de los episodios más lamentables, tristes e inadmisibles que se recuerdan y muestra la impotencia del Estado ante unas redes criminales que deben ser inmediatamente desarticuladas".
La Fiscalía señala que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado denuncian la carencia de medios para el abordaje y detención de estas embarcaciones ultrarrápidas que suelen llevar varios motores de 350 cv de potencia; cuentan con sistemas de navegación y comunicación altamente sofisticados y se esconden o encuentran abrigo en aguas internacionales, en Marruecos y también en Portugal, donde estas embarcaciones no son de ilícito comercio. Entre las zonas de avistamiento señaladas por el sistema de vigilancia se encuentran principalmente Melilla/Nador, Sanlúcar/ Huelva, Almería, Motril y Barbate/Cádiz con números que superan los 230 en menos de 6 meses.
