La Fiscalía y la Abogacía del Estado presentaron este viernes sus escritos de oposición al recurso de apelación presentado por la defensa de Juana Rivas contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada que le obliga a entregar a sus dos hijos a su ex, condenado por maltratarla. 

Tanto el Ministerio Público como la Abogacía del Estado -que fue la que interpuso la demanda por sustracción de los menores- abogan por el cumplimiento de esa resolución judicial, es decir, respaldan que los dos pequeños regresen con su padre. Ahora, el Juzgado elevará los autos a la Audiencia Provincial que será la que finalmente dictará una resolución, confirmando o no ese fallo. 

Según ha informado a El Independiente de Granada la abogada de Juana Rivas, la letrada María Castillo Pozo, la posición de la Abogacía del Estado era la esperada en esta causa, al ser la parte que interpuso la demanda. Pero la del Ministerio Público, en sus palabras, la ha desconcertado. "La Fiscalía debe velar por la protección y el interés del menor" y defender "el mejor criterio para los niños", pero a su juicio ha seguido la exposición de la representacón del Ministerio del Interior, demostrando incluso "un desconocimiento absoluto" de documentación aportada al procedimiento.

Así, el fallo que establece que los dos menores, de diez y dos años, deben regresar con su padre, que vive en Italia y de quien huyó Juana el pasado mayo para dejar atrás la violencia de género de la que era víctima, ha encontrado "dos valedores". 

Una vez que el Juzgado remita los autos a la Audiencia Provincial, estos se someterán a reparto -hay tres secciones de lo Civil- y se designará un ponente. 

María Castillo Pozo recuerda que la ley establece un plazo de 20 días para resolver, aunque en uno de los últimos procedimientos por sustracción de menores la Audiencia tardó 4 meses en dictar resolución. 

La letrada no tira la toalla y anuncia que "recurrirá todo lo que spueda recurrir" y mientras exista ese margen, hay "esperanzas".

Desde que se conoció el caso, Juana Rivas ha recibido el respaldo de sus vecinos y vecinas de Maracena, el municipio en el que reside, y también el de su localidad natal, Benalúa de las Villas. La oposición a que esta mujer víctima de violencia de género pierda a sus hijos se ha evidenciado también a través de la plataforma change.org, donde el Centro de la Mujer de Maracena abrió una campaña de recogida de firmas. Esta misma semana, las 100.000 firmas reunidas en su apoyo en pocos días se hicieron llegar a la Abogacía del Estado. 

En el debate de fondo se ha planteado la situación de los hijos de una víctima de violencia de género, que son también víctimas, según la legislación española, un aspecto que no aborda en esos términos la normativa internacional a la que se ha acogido el padre para reclamarlos, el Convenio de la Haya. 

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