"Los cortes de luz en la Zona Norte conculcan los derechos humanos básicos", denuncia el Defensor del Pueblo Andaluz

"No se puede vivir así". Lo ha resumido con meridiana claridad el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesus Maeztu, en una visita a la Zona Norte, donde ha mantenido encuentros con vecinas y vecinos afectados por los vergonzosos cortes de luz que afectan desde hace años al distrito.
Acompañado por Manuel Martín, Defensor de la Ciudadanía de Granada, y respondiendo al compromiso que adquirió con la representación vecinal que mantuvo con él una reunión en Sevilla -en una delegación encabezada por los concejales de Podemos-IU de la capital-, Maeztu ha emplazado a administraciones y Endesa a buscar de una vez por todas una solución. "Tenemos que encontrar la llave para solucionar esta emergencia", ha manifestado subrayando la necesidad de que cualquier actuación que se lleve a cabo sea continuada y tenga un seguimiento, para evitar que lo construido vuelva a destruirse después.
Ha recordado que su Oficina mantiene desde 2015 abierta una investigación que no logra cerrar porque llegan nuevas quejas constantemente. Es, como ha reconocido, la que más tiempo lleva abierta y que incluso se ha extendido ya a Almería y Sevilla, por los mismos problemas.
Maeztu ha agradecido y elogiado la labor que realiza la sociedad civil y ha lamentado "la angustia" que padece el vecindario.
La tardanza en encontrar una solución ha llegado al extremo, ha insistido para precisar que se conculca el derecho a la salud, a un techo digno, el derecho del consumidor, que tiene contrato y paga, también el derecho al voto. "A la vida de la gente", ha resumido insistiendo en que "no puedes pagar por un servicio que no recibes".
Maeztu ha apuntado que sabe que las administraciones son conscientes de la situación de emergencia social, pero no se ha encontrado la respuesta adecuada.
Ha pedido "a cada palo que aguante su vela" para "dar con la llave", tras citar expresamente a Endesa, que tiene -según ha enfatizado- que garantizar la potencia suficiente y unas instalaciones acordes y dar servicio a quien tiene contrato y paga; a la Subdelegación del Gobierno, a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad para frenar las plantaciones de marihuana; y también a los servicios sociales, para que atienda a los vecinos y vecinas en situación de vulnerabilidad severa, que tiene derecho a un bono social por el que no pagaría luz y, por tanto, no tendría que engancharse.
El Defensor del Pueblo Andaluz ha destacado que se trata de una "agonía lenta que no se merece la gente".