Denuncian el incumplimiento reiterado de la Ley de Memoria en buena parte de los municipios granadinos
Asociaciones memorialistas de Granada critican que el Ayuntamiento de Motril mantenga la medalla de oro de la ciudad a Franco
Deploran que "el Partido Popular y Ciudadanos hayan sumado sus votos a los de Vox para mantener la máxima distinción de la ciudad al dictador".
archivo
Fachada del Ayuntamiento de Motril.
Las asociaciones memorialistas de la provincia de Granada han difundido un comunicado a raíz del rechazo del Pleno del Ayuntamiento de Motril a retirar la medalla de oro de la ciudad al dictador, en el que denuncia que "la decisión consciente" de los concejales y concejalas que votaron en ese sentido es, a su juicio, "contraria a lo establecido en las normativas estatal y andaluza de Memoria Histórica y Democrática". Por ello, anuncian que el colectivo apoyará cualquier iniciativa para reclamar la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse del acuerdo adoptado.
Las cinco asociaciones memorialistas provinciales denuncian, asimismo, "el reiterado incumplimiento de la normativa de Memoria Histórica y Democrática en numerosos municipios de la provincia y la inacción por parte de las Corporaciones Locales para cumplir con la legalidad vigente en este sentido".
Las asociaciones sostienen que "el franquismo y sus herederos defienden con uñas y dientes sus privilegios y el mantenimiento en nuestros pueblos y ciudades de elementos contrarios a la memoria, sin que desde las instituciones democráticas se dé una respuesta adecuada para evitarlo".
A su juicio, "el desprecio hacia las víctimas del franquismo en muchos pueblos y ciudades de Granada es evidente" y tiene que ver, en muchos casos, "con la parálisis y el revisionismo de las políticas públicas de Memoria por parte del gobierno andaluz y con sus compromisos ideológicos con la extrema derecha de Vox".
Las asociaciones memorialistas granadinas demandan a la Diputación de Granada el impulso de las actividades de recuperación de la memoria democrática en el ámbito provincial. Asimismo, reclaman a la Junta de Andalucía "una dotación económica adecuada" para el Plan de Memoria 2020, que permita la ejecución de políticas públicas en relación con la exhumación de fosas, el señalamiento de Lugares de Memoria, la identificación de víctimas, investigación y la realización de acciones de difusión y divulgación.
Suscriben el comunicado la Asociación 14 de Abril para la Recuperación de la Memoria en la Costa de Granada; Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica; Asociación Verdad, Justicia y Reparación, Grupo Memorialista del Zenete y Comarca de Guadix, Asociación Club senderista La Desbandá.
Este es el texto íntegro:
Ante el rechazo por parte del Pleno de la Corporación municipal de Motril a retirar la medalla de oro de la ciudad concedida al dictador Francisco Franco en 1963, las Asociaciones memorialistas de la provincia de Granada, queremos hacer público lo siguiente:
Consideramos deplorable la actuación de los Grupos Municipales del Partido Popular y de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Motril, que sumaron sus votos a los de la extrema derecha para mantener la máxima distinción de la ciudad al dictador. Este posicionamiento les sitúa en los márgenes de la defensa de los valores constitucionales y pone en duda su credibilidad democrática. La decisión consciente de los concejales y las concejalas del Ayuntamiento de Motril que votaron en contra de la retirada de honores al dictador es, a nuestro juicio, contraria a lo dispuesto en las normativas estatal y andaluza relativa a Memoria histórica y democrática. Por ello, el colectivo memorialista se suma a las actuaciones que puedan llevarse a cabo para exigirles las responsabilidades legales en que pudieran haber incurrido.Las instituciones públicas no pueden eludir su deber de fomentar los valores y los principios democráticos propios de un estado de derecho. La condena del golpe militar de 1936, de la dictadura franquista y de la represión a la que sometió a miles de personas en este país y en nuestros municipios se encuentran entre esos valores.
Lo acaecido en el Ayuntamiento de Motril es un botón de muestra del incumplimiento reiterado de lo establecido en la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía en numerosos municipios de la provincia, sobre todo en lo relativo a simbología, menciones, elementos de exaltación o enaltecimiento del golpe militar, etc., que permanecen inalterados en la geografía urbana de muchos pueblos y ciudades, sin que las corporaciones municipales actúen para su retirada e, incluso, se opongan a las iniciativas que se presentan en este sentido para el cumplimiento de la Ley.
Cuarenta y dos años después de proclamada la Constitución, el franquismo y sus herederos defienden con uñas y dientes sus privilegios y el mantenimiento de cualquier elemento contrario a la memoria democrática, valiéndose para ello de todos los mecanismos a su alcance, sin que las instituciones democráticas actúen con la necesaria determinación para evitarlo.
Como consecuencia de ello, las dificultades para llevar a cabo lo establecido en la normativa de Memoria democrática son numerosas y se extienden por los ámbitos administrativo y judicial.
Los procedimientos legales seguidos para obligar a su cumplimiento resultan complejos y dificultosos, no existiendo un criterio claro respecto al ámbito jurisdiccional competente, entre lo penal y lo contencioso administrativo, lo que complica la presentación de denuncias y reclamaciones y condiciona en muchos casos su resolución.
El menosprecio hacia las víctimas del franquismo en muchos pueblos y ciudades de la provincia de Granada es evidente manifestándose, además, en distintos tipos de actuaciones.
Sirva como ejemplo reciente los movimientos de tierra llevados a cabo por el Ayuntamiento de Órgiva en el entorno del barranco de El Carrizal, Lugar de Memoria de Andalucía en el que fueron asesinadas y enterradas más de 4.000 personas. Unos trabajos sin las autorizaciones y permisos correspondientes que ponen en peligro este paraje protegido, que cuenta con seis fosas de víctimas de la represión franquista.
Entendemos que muchas de estas situaciones tienen que ver directamente con la parálisis y el revisionismo de las políticas públicas de Memoria en Andalucía debido a que la Ley de Memoria Histórica y Democrática está en el punto de mira del gobierno andaluz como consecuencia de la batalla ideológica de su socio externo de la extrema derecha de Vox.
Una amenaza que está condicionando su ejecución y su desarrollo, que se ha concretado en un recorte de medio millón de euros en el Plan de Memoria Democrática 2020, dejando a cero las partidas dedicadas a investigación historiográfica y a proyectos de divulgación y difusión.
Por todo lo anterior, demandamos:
A las Administraciones Públicas,
Un compromiso democrático honesto con las víctimas del franquismo, con los represaliados por los golpistas y durante la dictadura que dé la respuesta adecuada a sus derechos de Verdad, Justicia y Reparación.
A los Ayuntamientos y Corporaciones Locales,
- Que, en el ejercicio de su responsabilidad en la defensa de la democracia y los valores constitucionales, adopten las medidas necesarias para proceder a la retirada o eliminación en sus municipios de los elementos contrarios a la Memoria Democrática de Andalucía, de acuerdo con lo establecido en la Ley 2/2017.A la Diputación de Granada,
- El impulso en el ámbito provincial de las actividades de recuperación de la Memoria Democrática en cooperación con Ayuntamientos, entidades memorialistas, académicas y ciudadanas.
- La actualización del mapa de fosas en el ámbito provincial, así como la identificación, señalamiento y reconocimiento de Lugares de la Memoria en la provincia.
A la Junta de Andalucía,
- Compromiso con el mantenimiento y desarrollo de la Ley 2/2017 de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía en sus términos actuales.
- Una dotación presupuestaria adecuada a los Planes de Memoria Democrática para permitir la ejecución de políticas públicas de Memoria en relación con exhumación de fosas, señalamiento de Lugares de Memoria, Identificación de víctimas, investigación historiográfica y difusión y divulgación
Asociación 14 de Abril para la Recuperación de la Memoria Histórica en la Costa de Granada; Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica; Asociación Verdad, Justicia y Reparación; Asociación Club Senderista La Desbandá; Grupo Memorialista del Zenete y Comarca de Guadix.
Consideramos deplorable la actuación de los Grupos Municipales del Partido Popular y de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Motril, que sumaron sus votos a los de la extrema derecha para mantener la máxima distinción de la ciudad al dictador. Este posicionamiento les sitúa en los márgenes de la defensa de los valores constitucionales y pone en duda su credibilidad democrática. La decisión consciente de los concejales y las concejalas del Ayuntamiento de Motril que votaron en contra de la retirada de honores al dictador es, a nuestro juicio, contraria a lo dispuesto en las normativas estatal y andaluza relativa a Memoria histórica y democrática. Por ello, el colectivo memorialista se suma a las actuaciones que puedan llevarse a cabo para exigirles las responsabilidades legales en que pudieran haber incurrido.Las instituciones públicas no pueden eludir su deber de fomentar los valores y los principios democráticos propios de un estado de derecho. La condena del golpe militar de 1936, de la dictadura franquista y de la represión a la que sometió a miles de personas en este país y en nuestros municipios se encuentran entre esos valores.
Lo acaecido en el Ayuntamiento de Motril es un botón de muestra del incumplimiento reiterado de lo establecido en la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía en numerosos municipios de la provincia, sobre todo en lo relativo a simbología, menciones, elementos de exaltación o enaltecimiento del golpe militar, etc., que permanecen inalterados en la geografía urbana de muchos pueblos y ciudades, sin que las corporaciones municipales actúen para su retirada e, incluso, se opongan a las iniciativas que se presentan en este sentido para el cumplimiento de la Ley.
Cuarenta y dos años después de proclamada la Constitución, el franquismo y sus herederos defienden con uñas y dientes sus privilegios y el mantenimiento de cualquier elemento contrario a la memoria democrática, valiéndose para ello de todos los mecanismos a su alcance, sin que las instituciones democráticas actúen con la necesaria determinación para evitarlo.
Como consecuencia de ello, las dificultades para llevar a cabo lo establecido en la normativa de Memoria democrática son numerosas y se extienden por los ámbitos administrativo y judicial.
Los procedimientos legales seguidos para obligar a su cumplimiento resultan complejos y dificultosos, no existiendo un criterio claro respecto al ámbito jurisdiccional competente, entre lo penal y lo contencioso administrativo, lo que complica la presentación de denuncias y reclamaciones y condiciona en muchos casos su resolución.
El menosprecio hacia las víctimas del franquismo en muchos pueblos y ciudades de la provincia de Granada es evidente manifestándose, además, en distintos tipos de actuaciones.
Sirva como ejemplo reciente los movimientos de tierra llevados a cabo por el Ayuntamiento de Órgiva en el entorno del barranco de El Carrizal, Lugar de Memoria de Andalucía en el que fueron asesinadas y enterradas más de 4.000 personas. Unos trabajos sin las autorizaciones y permisos correspondientes que ponen en peligro este paraje protegido, que cuenta con seis fosas de víctimas de la represión franquista.
Entendemos que muchas de estas situaciones tienen que ver directamente con la parálisis y el revisionismo de las políticas públicas de Memoria en Andalucía debido a que la Ley de Memoria Histórica y Democrática está en el punto de mira del gobierno andaluz como consecuencia de la batalla ideológica de su socio externo de la extrema derecha de Vox.
Una amenaza que está condicionando su ejecución y su desarrollo, que se ha concretado en un recorte de medio millón de euros en el Plan de Memoria Democrática 2020, dejando a cero las partidas dedicadas a investigación historiográfica y a proyectos de divulgación y difusión.
Por todo lo anterior, demandamos:
A las Administraciones Públicas,
Un compromiso democrático honesto con las víctimas del franquismo, con los represaliados por los golpistas y durante la dictadura que dé la respuesta adecuada a sus derechos de Verdad, Justicia y Reparación.
A los Ayuntamientos y Corporaciones Locales,
- Que, en el ejercicio de su responsabilidad en la defensa de la democracia y los valores constitucionales, adopten las medidas necesarias para proceder a la retirada o eliminación en sus municipios de los elementos contrarios a la Memoria Democrática de Andalucía, de acuerdo con lo establecido en la Ley 2/2017.A la Diputación de Granada,
- El impulso en el ámbito provincial de las actividades de recuperación de la Memoria Democrática en cooperación con Ayuntamientos, entidades memorialistas, académicas y ciudadanas.
- La actualización del mapa de fosas en el ámbito provincial, así como la identificación, señalamiento y reconocimiento de Lugares de la Memoria en la provincia.
A la Junta de Andalucía,
- Compromiso con el mantenimiento y desarrollo de la Ley 2/2017 de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía en sus términos actuales.
- Una dotación presupuestaria adecuada a los Planes de Memoria Democrática para permitir la ejecución de políticas públicas de Memoria en relación con exhumación de fosas, señalamiento de Lugares de Memoria, Identificación de víctimas, investigación historiográfica y difusión y divulgación
Asociación 14 de Abril para la Recuperación de la Memoria Histórica en la Costa de Granada; Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica; Asociación Verdad, Justicia y Reparación; Asociación Club Senderista La Desbandá; Grupo Memorialista del Zenete y Comarca de Guadix.
