La Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica (AGRMH) que preside el profesor Rafael Gil Bracero ha hecho público un comunicado en el que alerta sobre las políticas públicas "revisionistas y derogatorias" en materia de Memoria del nuevo Gobierno andaluz.

En su reflexión, tras participar con otros colectivos memorialistas en la reunión celebrada el pasado fin de semana y en la que quedó constituida una coordinadora andaluza, Gil Bracero reivindica la vigencia de la ley andaluza y exige la ejecución del I Plan Andaluza de Memoria Histórica y Democrática. 

Todo ello desde la premisa de la defensa de las víctimas de la represión franquista, la exigencia de su reparación y la dignificación de su memoria. Y con la reivindicación de "la máxima implicación institucional" en la gestión de la Memoria Histórica "como garantía de conocimiento y no repetición de episodios contra los derechos humanos y conculcación de los principios de democracia, paz y ciudadanía". 

Reproducimos a continuación, íntegramente, el comunicado firmado por el presidente de la AGRMH, el profesor titular de Historia Contemporánea de la UGR Rafael Gil Bracero: 

Memoria Histórica contra la impunidad del franquismo

Tras el cambio político en la Junta de Andalucía tras las elecciones de 2 de diciembre pasado, tras conocerse la composición del nuevo Gobierno de Andalucía y los apoyos parlamentarios de los grupos del PP, Ciudadanos y Vox, el memorialismo andaluz ha de movilizarse para evitar las políticas públicas revisionistas y derogatorias que desde diversos ámbitos claman por liquidar de facto la Ley 2/2017 aprobada sin ningún voto en contra en 28 de marzo.

La Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica muestra su preocupación por que se paralicen y se destierren las reivindicaciones de víctimas del franquismo y se olviden los derechos a la verdad, reparación, reconocimiento y dignificación de los que padecieron durante la guerra y el régimen franquista. 

La AGRMH comparte la confluencia o coordinación de todas las entidades memorialistas las cuales a título colectivo -o con el apoyo individual- puedan presentar una mayor contención o eficacia ante los desvíos del Gobierno de la Junta de Andalucía (y de sus “socios parlamentarios” de Vox) en cumplimiento y en desarrollo de la Ley de Memoria Histórica y Democrática. 

Ante las declaraciones de la titular de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico sobre que “cumplirá la legalidad” y por tanto “destinará fondos en partidas presupuestarias para la ejecución del Plan Andaluz de Memoria Histórica” mientras no tengamos “otra ley que suscite mayor respaldo” -(¿¡brindis al sol?; ¿ganar tiempo? ¿piensa lo mismo el Partido Popular de Andalucía y Ciudadanos de Andalucía?)-, ante declaraciones aireadas a bombo y platillo y sin ningún recato de VOX Andalucía que persigue llana y primordialmente liquidar definitivamente la LMHyDA, AGRMH de acuerdo con el memorialismo andaluz declara:

1. La defensa de las víctimas de la represión franquista, la exigencia de su reparación y la dignificación de su memoria. 

2. Exigimos al Gobierno y al Parlamento de Andalucía la vigencia de las políticas públicas que desarrollen la Ley 2/2017 de 28 de marzo de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía y, en especial, exigimos que se garanticen partidas presupuestarias necesarias para su aplicación, en los términos en los que se ha venido produciendo hasta ahora en nuestra Comunidad Autónoma y hasta que no se complete el proceso de reparación de todas las víctimas de la represión franquista en Andalucía.

3. La ejecución del I Plan Andaluz de Memoria Histórica y Democrática en los términos acordados por el Consejo de Gobierno de Andalucía de noviembre de 2018. 

4. La exigencia de justicia para estas víctimas de la represión franquista en Andalucía, desde la perspectiva del Derecho Internacional para la protección de los Derechos Humanos tal y como recoge la Declaración del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de la ONU del año 2013, cuyas recomendaciones fueron manifiestamente recogidas en el articulado de la Ley Andaluza 2/2017 de Memoria Histórica y Democrática. 

5. El reconocimiento del derecho de las Asociaciones Memorialistas a informar y ser tenidos en cuenta en la redacción y el relato de informes sobre la desaparición represiva y forzosa de hombres y mujeres, como una exigencia de Derechos Humanos que se conculcaron contra ellos y ellas y que hoy, en una sociedad democrática, son una exigencia que ni puede ni debe esperar más.  

6. El conocimiento de Memoria Histórica y Democrática por parte de las generaciones jóvenes a través de los programas de educación pública, y la promoción de la Cultura Democrática como garantía de convivencia en paz, libertad e igualdad para todos y todas los andaluces y andaluzas.  

7. Apoyará siempre todas las iniciativas legales para ampliar e impulsar las políticas públicas en el Estado español. Consideramos que el Gobierno de España, en coordinación con las instituciones representativas de las comunidades autónomas, debe asumir la Memoria Histórica como eje fundamental de una política comprometida de Estado: Buena Memoria contra la Impunidad del Franquismo.

8. Reclamamos la máxima implicación institucional en la gestión de la memoria histórica (de abajo a arriba) como garantía de conocimiento y no repetición de episodios contra los derechos humanos y conculcación de los principios de democracia, paz y ciudadanía. A tal efecto, apostamos por áreas específicas de memoria histórica en gestión municipal y provincial que complementen la labor específica de los gobiernos de las comunidades autónomas y del Estado.