La asesora jurídica del Centro Municipal de la Mujer de Maracena, Francisca Granados, ha considerado este viernes que la petición de cinco años de prisión formulada por la Fiscalía contra Juana Rivas es "un palo terrible" no solo para ella, sino para "el conjunto de las víctimas de violencia de género".

 

En declaraciones a Europa Press, Granados ha señalado que el caso de Juana Rivas es "un ejemplo paradigmático de la desprotección tan terrible que todavía tristemente se está produciendo en las víctimas".

 

Que la Fiscalía de Granada haya solicitado cinco años de prisión para esta madre de Maracena por supuesta sustracción de menores después de que pasara casi un mes ilocalizable con sus hijos sin entregárselos al padre, es además, en opinión de Granados, "gravísimo para sus hijos", que están en Cagliari (Italia) con su progenitor, Francesco Arcuri, desde finales del pasado agosto.

 

Como responsable del servicio especializado que está atendiendo a Juana Rivas desde hace más de un año en Maracena, y sin entrar en la valoración técnica del informe de conclusiones provisionales de la Fiscalía, Francisca Granados ha incidido en que Juana Rivas "es una víctima de violencia de género", que "desde el minuto uno, desde el momento en que sale de Italia, sale por unos motivos muy concretos", y "ningún tribunal español ni italiano ha entrado a valorar" su denuncia, de fecha 12 de julio de 2016, por supuestos malos tratos.

 

En este sentido, la petición de cárcel del Ministerio Público es "un paso más en esta vorágine", que no solo tiene "una repercusión grave" para Rivas y sus hijos, sino que también es "tremendamente dañino" para las víctimas, a las que, desde las campañas institucionales, se está diciendo "siempre" que "deben salir de su situación, denunciar", y "acudir a los servicios públicos para que reciban la ayuda correspondiente".

 

Así, "la calificación de la Fiscalía no hace sino redundar en la profunda fractura que representa este caso entre lo que tendría que ser y lo que es", ha explicado Granados.

 

"Un sistema como el nuestro, con el nivel de normativa que tiene en materia de protección a las víctimas de violencia de género, no se puede permitir la respuesta que se le está dando al caso Juana Rivas", ha resumido.