La asesora jurídica del Centro Municipal de la Mujer de Maracena, Francisca Granados, se ha mostrado este martes confiada en que el Tribunal Constitucional pueda velar por el "interés superior" de los hijos menores de Juana Rivas, la mujer de este municipio de Granada que permanece en paradero desconocido desde que el pasado miércoles incumpliera la orden judicial de entregar a sus hijos al padre.

Según ha explicado la también portavoz de Juana Rivas, la situación de estos menores es "un tema flagrante de derechos fundamentales" que podrá ser examinado por el Alto Tribunal una vez que se ha retirado el recurso de queja interpuesto ante el Supremo, el cual mantenía abierta la vía judicial ordinaria.

En su opinión, es el TC el que, "ante la deriva que toma este tema con el envío a la vía penal por parte del Juzgado de Primera Instancia" granadino el que ha de velar ante una posible vulneración de derechos del menor, teniendo en cuenta "todos los elementos que no se han tenido en cuenta" hasta el momento.

"En un tema tan complejo jurídico no nos hemos lanzado al vacío", ha explicado Granados en referencia al trabajo desarrollado con las defensas que, en las vías civil y penal, representan a Juana Rivas, si bien ha fallado "una pieza que no dependía de las letradas" sino de un abogado de oficio que debía interesar el desistimiento de la queja en el Supremo, antes de que el caso llegara al Constitucional este pasado lunes.

Por ello, las asesoras de Rivas están pendientes ahora de que la Audiencia Provincial de Granada constate que "todos los frentes en la vía ordinaria están cerrados" para que el TC pueda retomar la solicitud de amparo.

Los letrados de Montero Estévez, que representa a Juana Rivas en la vía penal, explicaron este lunes, tras la inadmisión a trámite del recurso de amparo por el TC, que a dicho despacho le fue encomendado el viernes 28 de julio por la noche la elaboración e interposición del recurso de amparo precisamente por entenderse por los abogados de la defensa de Rivas, en los procedimientos seguidos en Granada en la jurisdicción ordinaria, que la Audiencia Provincial había inadmitido a trámite el recurso por infracción procesal, con lo que se entendió finalizada la posibilidad de obtener la tutela de los derechos fundamentales ante la jurisdicción ordinaria como resulta procedente.