El Patronato de la Alhambra y el Generalife ha previsto un plan de sustitución de trabajadores para que el desarrollo, a partir de este jueves, del juicio sobre un supuesto fraude en la venta de entradas y el control de accesos al monumento no afecte a la visita pública ni a la organización del recinto nazarí.

El director del patronato, Reynaldo Fernández Manzano, ha señalado a preguntas de los periodistas que a este "macrojuicio", que sentará a 50 personas en el banquillo de los acusados, tendrán que ir diversos trabajadores, "bien como investigados o en calidad de testigos".

La dirección de la Alhambra entiende que esta circunstancia causa "malestar entre los trabajadores" y lo abordará de forma que no afecte a la visita pública del monumento, el más visitado de España, para lo que se aplicará este plan de sustitución.

Fernández Manzano ha remarcado que este supuesto fraude en la venta de entradas y el control de acceso a la Alhambra se refiere a "algo que ocurrió hace once años" y ha ofrecido toda la "transparencia y colaboración" con la justicia, deseando que esta cuestión "se aclare" a la mayor brevedad.

Preguntado sobre el modo en que esta macrocausa, cuyo juicio se prolongará hasta diciembre, puede afectar a la imagen del monumento, ha reconocido que "no son cosas positivas", aunque ha hecho hincapié en la buena imagen que tiene el recinto a nivel internacional y entre sus visitantes.

El juicio del llamado 'caso Alhambra', sobre un supuesto fraude en la venta de entradas y el control de accesos al monumento de 2002 a 2005, se desarrollará a lo largo de previsiblemente 44 sesiones en el salón de actos del Edificio Judicial de la Caleta.

Los delitos que se juzgan son los de apropiación indebida, estafa, falsedad en documento mercantil, daños al patrimonio histórico-artístico y cohecho.

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