El Pleno del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, reunido este miércoles en Granada, ha aprobado por unanimidad interponer un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo adoptado por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de creación de juzgados únicos especializados en cláusulas suelo.

En un comunicado, la abogacía considera "muy desacertada y descabellada" la solución que se propugna para la previsible "avalancha" de demandas, ya que "necesariamente contribuirá a ralentizar la tramitación y resolución de esos procesos, produciendo graves dilaciones en el tiempo de respuesta judicial, dada la insuficiencia de esos juzgados únicos provinciales".

Todo ello, añade, "con el consecuente alejamiento del justiciable respecto del órgano judicial" y "el correlativo incremento de costes económicos que tendrá que soportar el ciudadano para litigar frente a las entidades financieras".

El máximo órgano de gobierno de la abogacía andaluza, que integra a los ocho colegios provinciales y a los de Jerez de la Frontera, Antequera y Lucena, considera que la creación de órganos judiciales especializados "debe tener un carácter excepcional y obedecer a sólidos fundamentos fácticos y jurídicos".

Y es que, según asevera, "afecta" al derecho fundamental de toda persona al juez ordinario predeterminado por la ley, al derecho a la tutela judicial efectiva y además "es incompatible" con el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.

A su juicio, "supone de facto una reforma encubierta de la demarcación judicial, sin que exista en el acuerdo adoptado por el CGPJ una mínima exposición de los motivos que han llevado a la adopción de esas concretas medidas de provincialización y especialización y no de otras más razonables, coherentes y necesarias como sería la de refuerzo de todos los juzgados de todos los partidos judiciales de España".

Además, el Consejo Andaluz se muestra contrario a que esos juzgados de ámbito provincial sean servidos por jueces en prácticas, como está previsto, pues ello "no garantizará la prestación de un buen servicio público judicial, ya que la especialización resulta muy cuestionable en jueces carentes de experiencia profesional".

La abogacía andaluza reivindica también que se respete el derecho de la abogacía institucional a participar en la adopción de decisiones que afecten a la modificación de la territorialidad de los órganos judiciales, pues la abogacía "defiende siempre la Justicia de proximidad como mejor fórmula para prestar al ciudadano un satisfactorio servicio público judicial".

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