No ha sido una vez, ni dos, ni es un hecho aislado o coyuntural, lo que sería asumible. Los cortes de suministro eléctrico en el distrito Norte de Granada constituyen ya, por desgracia, una costumbre a la que nadie debería acostumbrarse. Ni la empresa suministradora (Endesa), habitualmente refugiada en explicaciones genéricas y exculpatorias; ni las diferentes Administraciones públicas que han de unir a sus peticiones de solución argumentos de mayor peso; ni los medios de comunicación, que deberían huir de enlazar los fallos del sistema de suministro a situaciones de ilegalidad o marginalidad; ni por supuesto la sufrida población que asiste, atónita y periódicamente, a la pérdida de un derecho por el que paga religiosamente (en un alto porcentaje) y no siempre es correspondida en dicho pago.

La acción de las diferentes Administraciones ha de tender a una mayor exigencia frente a Endesa. Exigencia en las garantías del suministro; exigencia en el cumplimiento de unos estándares de calidad; exigencia en la dotación de infraestructuras y mejores servicios a la ciudadanía "pagadora". Exigencia que debe ser dialogada en primer término, pero que también ha de contemplar medidas coercitivas y punitivas

El asunto ofrece varias vertientes, que trataré de contextualizar adecuadamente, para ofrecer alguna perspectiva que supere una nueva expresión de enfado e indignación, por ser, además, vecino del distrito Norte. La primera perspectiva es situarnos en la actual conformación de la empresa Endesa, que antaño era una de las multinacionales más importantes de nuestro país (siendo empresa pública, y también cuando fue privatizada por el Gobierno de Aznar a finales del siglo pasado), por ser garante de la prestación de un suministro básico y estratégico y por su gran capacidad inversora e innovadora. Hoy, sin embargo, Endesa es propiedad de la compañía pública italiana Enel, participada por el Estado de Italia en prácticamente un tercio de su capital. Ello ha reducido en la mitad la capacidad operativa y estratégica de Endesa, así como su proyección internacional, y, por supuesto en lo que nos afecta, su capacidad inversora. Gran parte del beneficio que obtiene Endesa se destina al pago de dividendos, lo que ha mermado sus posibilidades de inversión (por ejemplo, en la construcción de una nueva, moderna y potente Subestación eléctrica para la zona norte de Granada y su Area metropolitana), y ha aumentado los "recortes" internos (que por ejemplo, impiden la dotación de más personal técnico especializado en la rápida intervención ante averías).

Ante ello, la acción de las diferentes Administraciones ha de tender a una mayor exigencia frente a Endesa. Exigencia en las garantías del suministro; exigencia en el cumplimiento de unos estándares de calidad; exigencia en la dotación de infraestructuras y mejores servicios a la ciudadanía "pagadora". Exigencia que debe ser dialogada en primer término, pero que también ha de contemplar medidas coercitivas y punitivas. Sin ir más lejos, la Comunidad Autónoma de Extremadura, ha aprobado recientemente medidas legales para conminar, de un lado, a las compañías eléctricas a realizar inversiones para mejora del servicio (en este caso, en zonas rurales que sufren cortes reiterados), y de otro, para aumentar la protección de la calidad del suministro, con la inclusión de sanciones de hasta 600.000 euros, caso de incumplimiento de los parámetros de calidad.

Es cierto que la normativa estatal fija unas determinadas condiciones del servicio y emplea unos ratios de calidad. Pero no es menos cierto que las características del territorio, del número de interrupciones del servicio, de la concentración de población, etc. son otros parámetros a tener en cuenta, y que bien podrían conformar una normativa autonómica más estricta y como he señalado, más garantista de los derechos ciudadanos y más punitiva para las carencias de la empresa suministradora.

Y todo ello, naturalmente, en un contexto de concienciación ciudadana, mediática y social que, sin obviar ni esconder la existencia de enganches ilegales al suministro eléctrico (para los más variados fines en los más variados lugares), consiga encauzar esa problemática hacia sus correspondientes vertientes legal, administrativa y paliativa en su caso, y no la mezcle con la sangrante evidencia de un servicio básico prestado a veces en condiciones de franca precariedad empresarial, no suficientemente cuestionada por las Administraciones.

Las infraestructuras eléctricas han de preverse con antelación suficiente, tal y como se hizo con la nueva Subestación eléctrica de la zona Sur de Granada, ante la construcción y equipamiento del Parque Tecnológico de la Salud, absolutamente justificada y necesaria. También la zona Norte de Granada y su Área ha asistido a un importante crecimiento de población, a la dotación de nuevos equipamientos (Estación de autobuses, Ciudad Deportiva del Granada C.F. , instalaciones universitarias, etc.), y por tanto, a un aumento de la demanda de energía eléctrica. Corresponde a los poderes públicos y a la compañía Endesa ofrecer una respuesta integral, coherente y efectiva a esa realidad.

Para empezar, recordando que el célebre POTAUG (Plan de ordenación territorial de la Aglomeración urbana de Granada), tristemente arrinconado por los egoísmos y los miopes localismos imperantes, ya preveía en sus determinaciones una nueva Subestación eléctrica en el Norte de la Aglomeración, que complementara la actual de El Fargue. Para continuar, exigiendo de las autoridades locales y autonómicas una acción coordinada y contundente para el desarrollo de la misma. Y para terminar, instando sin ambages a la empresa Endesa que, pese a su nueva configuración empresarial restrictiva, construya la nueva Subestación, dote a sus servicios técnicos de más y mejor personal y ofrezca justa y merecida satisfacción a la ciudadanía que residimos y pagamos nuestra factura en el distrito norte de Granada.