Vaya por delante que considero el debate, muy granadino, sobre quejidos y quejicas, absolutamente estéril e inútil, pero como, a la vez, considero, que es un debate susceptible de embarrar otros debates, provocar equívocos y sobre todo alentar expresiones de confrontación y nula operatividad, me parece oportuno señalar alguna reflexión, muy genérica, al respecto.

En democracia, todo se puede y se debe defender y expresar. No aprecio inconveniente alguno en que las posiciones puedan ser defendidas por quienes lo consideren

La primera es que, en democracia, todo se puede y se debe defender y expresar. La necesidad de reivindicar la identidad, la oportunidad de buscar alianzas o de compartir estrategias, la reivindicación permanente, la añoranza por el pasado, la proyección hacia el futuro, incluso una mezcla de ambas. También se pueden proyectar análisis comparativos sobre la situación política, social o económica de un territorio, digamos la provincia de Granada, a 5, 40, 100, 200, 500 o 5.000 años vista. Y este análisis comparativo se puede proyectar sobre cualquier realidad, deseo, añoranza, ensoñación o quimera. No aprecio inconveniente alguno en que las posiciones citadas puedan ser mantenidas o defendidas por quienes lo consideren.

La segunda es que, además o paralelamente a lo anterior, es una exigencia de nuestro Estado de derecho, hacer cosas desde los poderes públicos en pro del desarrollo de un determinado territorio, sigamos con el ejemplo de la provincia de Granada, efectuar inversiones o luchar por su consecución, dar respuestas a las diferentes demandas y reivindicaciones, integrar las mismas en un programa coherente de gobierno, negociar adecuadamente su puesta en marcha y dar cumplida cuenta del grado de ejecución de las mismas.

Y la tercera, por no alargarnos, sería que la sociedad, la ciudadanía, los medios de comunicación, las redes sociales, el movimiento asociativo y cada persona individualmente, tiene el derecho a opinar de lo anterior. De todo lo anterior. Por tanto, de si los poderes públicos cumplen y en qué grado sus compromisos; de cómo establecen dichos poderes públicos las estrategias para vehiculizar y responder a las necesidades del territorio; de en qué medida esa situación podría mejorar o empeorar. Y también de cómo se articula la respuesta ciudadana ante posibles disfunciones en el ejercicio de las anteriores responsabilidades; de cómo el diálogo, la negociación, la crítica, incluso el insulto, son usados como elementos de reacción ante ello; de en qué medida resultan útiles para la mejora de la situación soluciones extremistas o populistas autoproclamadas como las únicas verdaderas. Repito, de todo ello, también se debe opinar.

Y una vez que hemos opinado, en ejercicio de nuestra libertad de pensamiento, opinión y manifestación, como afortunadamente vivimos en un Estado social y democrático de derecho, la única realidad verdadera y cierta es la constitucional y la jurídica

Y una vez que hemos opinado, todo lo que queramos, sobre todo lo anterior, en ejercicio de nuestra libertad de pensamiento, de opinión y de manifestación, y como vivimos, afortunadamente, en un Estado social y democrático de derecho, conviene dejar claro que la única realidad verdadera y cierta al respecto es la constitucional y la jurídica. Nuestra Constitución y nuestro Estatuto de autonomía vigentes establecen que España se constituye en Comunidades Autónomas. Que éstas se conforman a través de un mecanismo también previsto en la Constitución y las leyes, y que una vez conformada la Comunidad autónoma de Andalucía, la provincia de Granada, junto a las de Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla, forman dicha Comunidad.

Y que todas las citadas decisiones han sido refrendadas, democrática, legítima y legalmente por los órganos parlamentarios competentes y por el cuerpo electoral correspondiente. Por tanto, la posible modificación de esa realidad jurídica y constitucional, precisará de los mecanismos establecidos en la propia norma para poder llevarse a cabo, con los requisitos legales, mayorías parlamentarias y políticas y procedimientos tasados. Así funcionan las cosas en el moderno Estado de derecho.

Si alguien pretende legítimamente la modificación de la situación, en su derecho está. Sólo que para dicho fin sería mejor no abusar del recurso a la recreación de una pasado que en realidad nunca fue y que siempre será interpretable

Si alguien pretende legítimamente la modificación de la situación, en su derecho está. Sólo que a modo de reflexión final, creo que para dicho fin sería mejor no abusar del recurso a la recreación de un pasado que en realidad nunca fue, aunque pudiera haberlo sido, y que en cualquier caso, siempre será un pasado interpretable, cuando no ensoñado, como en realidad son todos los pasados que han desembocado en la creación de los Estados modernos. En el caso de España, además, se recurre a una tradición de mitos, en lugar de recurrir a la conciencia colectiva de una personalidad nacional, que no existe. Como decía Henry Kamen, el conflicto fundamental entre españoles es que no estamos de acuerdo en qué es España. Cómo para desentrañar qué es Granada, añado yo.

Y desde luego, si de verdad se pretende modificar, en algún momento que parece bien lejano, la realidad jurídica y política de qué es Granada, pienso que interesaría más la didáctica, el rigor y el debate sereno, que la estridencia, el vocabulario grueso y el espantamiento de posibles clientes, incluso entre quienes parecen defender lo mismo.