El objetivo de la Zona Baja de Emisiones debe ser la mejora de la calidad del aire que no será posible si las medidas que se adoptan no tienen una coordinación con toda el área metropolitana.

La Ley de cambio climático y transición energética, establece la obligación para municipios de más de 50.000 habitantes de crear zonas de bajas emisiones (ZBE),  “áreas de carácter continuo, delimitadas por los ayuntamientos, en las que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), conforme a la clasificación de los vehículos por su nivel de emisiones”. Esta medida está encuadrada en la lucha contra el cambio climático, pero en nuestra ciudad, dados los altos índices de contaminación que sufrimos que nos colocan a la cabeza de España, es además de una obligación legal,  una necesidad de salud pública y una oportunidad para replantear la movilidad de Granada y su entorno, apostando por el transporte público, la intermodalidad y la peatonalización.

El empecinamiento en la imposición de ‘su modelo’, amparado en la legítima mayoría absoluta que tiene el Partido Popular en el ayuntamiento de la capital, es un error estratégico porque se pretende implantar sin el necesario consenso, lo que provocará una desafección con la medida y un mayor desgaste para conseguir el apoyo social necesario que requieren este tipo de actuaciones

El gobierno municipal está desperdiciando la ocasión para propiciar un amplio acuerdo social y político sobre un asunto de los que requieren altura de miras, visión de futuro y una perspectiva que va más allá de los límites del término municipal. No parece que vayan muy sobrados la alcaldesa y su equipo en estas cualidades. El empecinamiento en la imposición de ‘su modelo’, amparado en la legítima mayoría absoluta que tiene el Partido Popular en el ayuntamiento de la capital, es un error estratégico porque se pretende implantar sin el necesario consenso, lo que provocará una desafección con la medida y un mayor desgaste para conseguir el apoyo social necesario que requieren este tipo de actuaciones; pero es un error más grande realizarlo sin negociarlo con otros ayuntamientos porque la movilidad y la accesibilidad no pueden abordarse yendo cada municipio ‘a su bola’ ya que los vehículos se mueven por toda el área metropolitana, entrando y saliendo continuamente para desplazamientos laborales, compras u otros servicios.

Tampoco hay ‘fronteras’ para la circulación del aire y los granadinos no tenemos garantizada la mejora del aire que nos tragamos aliviando (supuestamente) el tráfico en nuestra ciudad si no se producen otros cambios en la movilidad en todo el territorio que nos rodea.

Y el personal ya ha empezado a sospechar que, como en otras medidas que está aplicando el gobierno de la Señora Carazo, esté orientado más a ‘hacer caja’, por la recaudación de multas que a otras cosas

Parece por tanto que la opción de ZBE por la que se apuesta está más bien enfocada a otros objetivos distintos de mejorar la calidad del aire que respiramos, 13 veces por minuto según Gabriel Celaya (15 veces según los expertos médicos). Y el personal ya ha empezado a sospechar que, como en otras medidas que está aplicando el gobierno de la Señora Carazo, esté orientado más a ‘hacer caja’, por la recaudación de multas que a otras cosas. Lo de las multas tiene su guasa porque es la cuestión en la que coinciden muchas de las personas con las que hablo que más se nota de la vuelta del PP a la Plaza del Carmen (eso y que la Policía Nacional ha vuelto a entrar persiguiendo la corrupción, en este caso con el chanchullo de las oposiciones a Policía Local en el que está implicado el que la alcaldesa había elegido para dirigir el ‘Cuerpo’). Multas que como hemos podido escuchar por los audios filtrados están además bajo la sombra de la sospecha al haberse establecido un mecanismo opaco y un compadreo del que estaba enterada Marifrán y la concejal delegada del ramo y no han hecho nada por corregirlo.

Parece como si se les hubiera echado el tiempo encima, tras mucho tiempo inactivos y han tirado para adelante sin valorar adecuadamente el impacto socioeconómico que puede tener en una conurbación que funciona como una ciudad metropolitana con ciudadanos acostumbrados a moverse con libertad a los que se pretende cambiar sus hábitos de movilidad sin ofrecer alternativas reales, en precio y en tiempo, para los desplazamientos.

Para que la Zona de Bajas Emisiones proyectada funcionara debería haber venido  acompañada de medidas de fomento del transporte público que no se han tenido en cuenta (mayor frecuencia de autobuses urbanos, líneas  de conexión con otros municipios próximos como Maracena o Armilla a manera de la línea 33, puesta en marcha de una nueva línea de metro…), replanteamiento del mapa de  los aparcamientos disuasorios de borde... y en definitiva, tener en cuenta esa realidad de la movilidad interurbana.

Una de las evidencias más claras de la chapuza es que la implantación de la ZBE no dispone de un mecanismo adecuado de medición del impacto y evaluación de las medidas presentadas lo que podría anular su validez o impedir que, pasado el tiempo de dos años de ‘prueba’ para comprobar su eficacia y el cumplimiento de los objetivos, nos demos cuenta de que no ha servido para nada, salvo para coser a multas a vecinos de otras localidades que vengan al médico, a la farmacia o a cualquier gestión de urgencia y no adviertan de que se ha colocado una muralla que no se ve pero con la que se choca a base de sanciones que, eso sí, con pronto pago se quedan en la mitad.

Y mira que la alcaldesa lo tenía fácil. El gobierno anterior había dejado los deberes muy avanzados, partiendo a su vez de lo que un gobierno del PP y Ciudadanos habían proyectado para buscar el máximo acuerdo posible, un modelo progresivo con diferentes ‘almendras’ que iba acompañado de aumento de la frecuencia de los autobuses y con una visión metropolitana del que carece el actual… Y lo sigue teniendo muy fácil. Basta con atender a los representantes de los municipios vecinos afectados, con escuchar a los comerciantes granadinos, a los profesionales autónomos y con responder a las alegaciones que los grupos municipales y la ciudadanía han realizado.

Para 'desfacer el entuerto' la alcaldesa solo tiene que hacer lo que decía que había que hacer cuando era consejera de Fomento del gobierno andaluz, cuando tramitaba, (sigue en tránsito), el Plan de Transporte Metropolitano del Área de Granada y apostaba por una movilidad metropolitana equilibrada

Para 'desfacer el entuerto' la alcaldesa solo tiene que hacer lo que decía que había que hacer cuando era consejera de Fomento del gobierno andaluz, cuando tramitaba, (sigue en tránsito), el Plan de Transporte Metropolitano del Área de Granada y apostaba por una movilidad metropolitana equilibrada. Entonces CARAzo afirmaba que la ZBE debía implementarse de forma coordinada en toda el área metropolitana, con mejoras en el transporte público y la creación de aparcamientos disuasorios. Sin embargo, la ordenanza municipal que ahora proponen rompe con esta estrategia, aplicando restricciones sin compensaciones para los municipios colindantes.

Porque no es de recibo que además del más que cuestionable fracaso en el diseño desde el punto de vista de la movilidad el modelo que se quiere aplicar es tremendamente injusto y supone un trato discriminatorio de la ciudadanía dependiendo del lugar de residencia y penalizando a las personas que no tienen su vehículo empadronado en la capital, mientras que los residentes en Granada pueden seguir contaminando simplemente por abonar el impuesto municipal de circulación.  Quien contamine que pague sí pero con un criterio igualitario y no barra libre para vehículos contaminantes de la capital y restricciones y amenazas de multas para los de otros municipios.

Finalmente el gobierno municipal debe dejar de aparecer y parecer como el comercial de los aparcamientos privados y de los grandes centros comerciales que, en todo caso, deberían estar conectados con transporte público.