Pretendo aportar algunas reflexiones al respecto del intenso debate suscitado en los últimos años en torno a las pensiones. Seguramente nada originales (tampoco podrían serlo), y posiblemente interpretables a la luz de la rabiosa actualidad política (lo que no pretendo eludir), aunque el debate no es de ahora, ni las diferentes alternativas se han puesto sobre la mesa estos meses. La polémica, que ya arrastra décadas, contiene posiciones ideológicas más o menos explícitas, así como evidentes intereses financieros y sociales contrapuestos. Y lógicamente, esconde un debate sobre el tamaño del Estado de bienestar que se pretende, y las consiguientes políticas de ingresos y gastos que lo sustenten.

No tiene por qué existir una crisis de pensiones, y tampoco es seguro que se produzca, pero al capital financiero mundial le interesa presentarla como una posibilidad inminente para poder disfrutar de los ingentes volúmenes de fondos que la privatización de las pensiones le permite. Partiendo de puntos reales, como el envejecimiento de la población, se pretende convertir en un problema económico, lo que no es más que una lucha política y social por la distribución de la riqueza social

Desde hace ya bastantes años se viene bombardeando a la opinión pública con el tema de ‘la crisis de las pensiones’. Se ha logrado que en la opinión popular haya calado la idea que, debido al envejecimiento de la población, no habrá en el futuro dinero para pagar las pensiones públicas, y que, por tanto, quien pueda, debe asegurar su vejez recurriendo al establecimiento de pensiones privadas con las instituciones financieras.

A grosso modo, pues, el debate se circunscribe a la dualidad que representan las pensiones públicas y las pensiones privadas, lo que no deja de ser un trasunto de otra controversia entre sistemas de reparto y sistemas de capitalización. Es decir, cómo, quienes y cuanto pagamos para garantizar unas pensiones públicas dignas a toda la población que la precise, ahora y en el futuro. Y si es o será necesario complementar o sustituir ese sistema público de reparto con una aportación de fondos privados en la que cada persona obtendrá los resultados de la capitalización de dichos fondos.

Es cierto que la sociedad española actual asiste a lo que Luís Martínez Noval denominó la “implacable demografía”, la baja fecundidad, el alargamiento de la vida de la población o la reducida inmigración en ciertos momentos pueden debilitar la sostenibilidad futura del sistema de pensiones basado en el reparto intergeneracional. Este hecho es innegable. Para garantizar o reforzar dicha sostenibilidad existen, de un lado, las proposiciones clásicas de la socialdemocracia: conciliación laboral y familiar, fomento del acceso al mercado laboral a una edad razonable, incentivos fiscales a la natalidad, políticas activas de vivienda, generalización de la escuela infantil (sin menoscabar el resto de niveles educativos), etc, pues como antes señalé, no debemos olvidar que el sistema de pensiones públicas no se sustenta en el vacío, sino que se inserta en un conjunto que llamamos Estado del Bienestar. Y es evidente, que también existen otras fórmulas ya enunciadas, como los planes privados de pensiones, alabados por multitud de estudios y análisis, pero que no han acreditado su solvencia. No tiene por qué existir una crisis de pensiones, y tampoco es seguro que se produzca, pero al capital financiero mundial le interesa presentarla como una posibilidad inminente para poder disfrutar de los ingentes volúmenes de fondos que la privatización de las pensiones le permite. Partiendo de puntos reales, como el envejecimiento de la población, se pretende convertir en un problema económico, lo que no es más que una lucha política y social por la distribución de la riqueza social.

Ese supuesto exceso siempre será relativo, puesto que España está por debajo del nivel de prestaciones de países como Italia, Alemania o Francia. Y para continuar, toda cifra es cuestionable. Seguramente, los criterios de estabilidad presupuestaria y límite del gasto público, indiquen que no se debe sobrepasar el 12% del P.I.B. en gasto en pensiones. Pero esa cifra podría ascender al 15 o al 18% con el establecimiento de un sistema impositivo más progresivo o que incluyera nuevas figuras impositivas

En ese contexto, en el año 1995, el Parlamento español aprobó, con una amplísima mayoría, lo que se ha venido en llamar "Pacto de Toledo", una serie de recomendaciones y propuestas a desarrollar en las siguientes décadas, con el fin de asegurar la cobertura futura de las pensiones, y que ha servido de base a todas las reformas producidas, salvo a la última ejecutada en 2013 por el PP en solitario. Siguiendo con la reflexión teórica que he iniciado, y aterrizando en la política práctica, usaré  palabras de Juan Torres, que, en mi opinión, nos ponen de cara ante la realidad. "El Pacto de Toledo no es un refuerzo del sistema público de pensiones pero tampoco una vía completamente libre para su privatización. En mi opinión es una expresión paradigmática del camino más tortuoso de privatización atenuada, progresiva o implícita que se ha seguido en muchos países en donde existe un cierto equilibrio de poder y, al mismo tiempo, grandes dificultades para afrontar rotundamente tanto los costes económicos del reforzamiento del sistema público, como los costes sociales que conlleva la privatización explícita del sistema público de pensiones".

Ahí estamos situados. Sin ambages ni demagogias. Por tanto, hoy, el asunto es la decisiva cuestión del “excesivo” o no gasto público en pensiones en España. Para empezar, ese supuesto exceso siempre será relativo, puesto que España está por debajo del nivel de prestaciones de países como Italia, Alemania o Francia. Y para continuar, toda cifra es cuestionable. Seguramente, los criterios de estabilidad presupuestaria y límite del gasto público, indiquen que no se debe sobrepasar el 12% del P.I.B. en gasto en pensiones. Pero esa cifra podría ascender al 15 o al 18% con el establecimiento de un sistema impositivo más progresivo o que incluyera nuevas figuras impositivas.

Si se admite, incluso se asume, el debate conceptual sobre la compatibilidad o complementariedad del sistema público y el privado, no se entienden las razones por las que se debe rechazar este otro debate sobre la financiación vía impuestos de una parte del gasto público en pensiones. No deja de ser la irrenunciable capacidad del  Sector Público de poder y deber intervenir a la hora de asegurar una jubilación digna a través de un sistema de pensiones solidario, al tiempo que eficiente y sostenible a largo plazo. Por eso, considero perfectamente aplicable a nuestra situación actual, la propuesta socialista de creación de nuevas figuras impositivas para financiar parte de las pensiones del futuro. Y considero intolerable, conceptualmente hablando, además de que pretende "hacernos trampas al solitario", rechazar esa opción.