El PSOE de Granada pedirá a la Junta de Andalucía en todos los ayuntamientos de la provincia la subrogación de las y los Profesionales Técnicos de Integración Social (PTIS) externalizados que trabajan en la escuela pública, reconociéndoles la experiencia laboral desempeñada en la misma; así como la ampliación del número de profesionales en los centros educativos para garantizar una educación pública de calidad al alumnado con Necesidades Específicas Especiales.

García Cerezo, ha anunciado una moción en todos los consistorios granadinos, en la que también se insta al Gobierno de Moreno Bonilla a que “cumpla con las y los PTIS y garantice unas condiciones laborales dignas para un colectivo, formado mayoritariamente por mujeres, que se ha visto abocado a convocar huelga indefinida por el trato abusivo que está padeciendo"

El secretario de Política Municipal del PSOE de Granada, Manuel García Cerezo, ha anunciado una moción en todos los consistorios granadinos, en la que también se insta al Gobierno de Moreno Bonilla a que “cumpla con las y los PTIS y garantice unas condiciones laborales dignas para un colectivo, formado mayoritariamente por mujeres, que se ha visto abocado a convocar huelga indefinida por el trato abusivo que está padeciendo, al igual que el Personal Técnico en la Interpretación de Lengua de Signos Española (ILSE)”.

Tras mostrar su apoyo a ambos colectivos, García Cerezo ha lamentado que el Gobierno andaluz del PP “siga mirando para otro lado ante esta problemática que venimos denunciando desde que empezó el curso escolar. Tampoco ha atendido las reivindicaciones que en los últimos meses se han producido en la calle o a las puertas de la Delegación de Educación”.

El socialista ha señalado que “ante la apatía de la Junta por resolver este problema, volvemos a decir basta ya con esta moción que recoge las demandas de las y los PTIS de la provincia de Granada que, en una gran mayoría cuentan con contratos a tiempo parcial y carecen de días de asuntos propios, entre otros asuntos”.

“La privatización del servicio genera también agravios comparativos entre las profesionales contratadas por la Junta, que son personal laboral, y las contratadas por empresas externas. Una situación que el propio personal ha denunciado como cesión ilegal de trabajadores, con sentencias a favor. Otras siguen esperando la celebración de sus juicios o la resolución de recursos interpuestos por la administración para dilatar todo el proceso”, ha explicado.

García Cerezo ha insistido en que Moreno Bonilla y el PP “tiene que poner fin a esta lamentable situación que afecta a centenares de trabajadoras y trabajadores que prestan este servicio público, indispensable para garantizar una educación pública de calidad e inclusiva en la provincia”.