El concejal de Andalucía Por Sí en el Ayuntamiento, David Martín ha presentado la propuesta que llevan al último pleno del año "para romper con la discriminación que padecen las PTIS, el personal Personal Técnico de Integración Social, una figura profesional de la enseñanza que se encarga de prestar apoyo al alumnado más vulnerable, al colectivo con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), dentro del cual se engloban las necesidades educativas especiales (NEE)". Se trata de una de las dos mociones generalistas que su formación política ha registrado para debatir en el pleno, que se celebrará el próximo día 28. 

Estos profesionales, explica en una nota de prensa, trabajan en los centros educativos públicos y se trata de un sector donde más del 90% de la plantilla está compuesta por mujeres. Este hecho provoca de forma directamente proporcional que "la precariedad del servicio agrave aún más la brecha social de las mujeres trabajadoras respecto a los hombres dedicados a la enseñanza".

Este sector fue externalizado hace unos 20 años, recayendo en empresas subcontratadas, que nada tienen que ver con la labor propia del colectivo de PTIS. "Esta privatización de la Educación Pública se ha visto reflejada en sus condiciones laborales ya que realizan las mismas funciones, tienen la misma responsabilidad y trabajan durante el mismo horario que el resto del personal laboral de la Junta de Andalucía, pero con la mitad de la jornada laboral reconocida y con un sueldo vergonzosamente inferior en comparación con ellos, y además sin ninguno de los derechos laborales reconocidos".

David Martín ha señalado que "hace ya muchos años que este colectivo viene luchando contra unas condiciones de trabajo precarias e indignas. En el caminar de sus reivindicaciones pidieron la subrogación, amparándose en la Ley 9/17, con la modificación del artículo 44 y las exigencias derivadas de la Directiva 2001/23/CE. Este cuerpo normativo viene a decir que cuando una Administración pública se subroga, por reversión en la gestión de un servicio público previamente externalizado debe (como empresa “A”) subrogar a la plantilla que realiza dicho servicio".

El Tribunal Supremo "ha puesto fin a una larga controversia jurídica sobre el estatus laboral de los trabajadores de una empresa privada que presta un servicio público y que en un momento dado es asumido por la Administración, que se subroga en los contratos de estos empleados, es decir, los integra en su plantilla de acuerdo con lo que establece el Estatuto de los Trabajadores".

Sin embargo, señala la moción, la Junta de Andalucía se limita a decir que solo contrata empresas y no a sus trabajadores, cuando lo cierto es que ninguna de estas empresas aporta ninguna trabajadora a este servicio, sino que es la APAE (Agencia Pública Andaluza de Educación) la que obliga a estas empresas a contratar a la plantilla en bloque.

"Además de no vigilar la actuación de dichas empresas, es la propia APAE la que proporciona los sueldos del personal PTIS y no la empresa de turno. De modo que, si no se envía el dinero desde la Junta, no cobran".

Y, finalmente, la Junta creó un Decreto en el que "reconvertía el servicio de esencial a complementario". Con esto, añade Andalucía por Sí, "por un lado se les equiparaba con unas clases extraescolares o con un aula matinal, y por otro lado se posicionaba en contra de la legislación educativa donde a los PTIS se les considera recurso humano esencial otorgado por un diagnóstico elaborado por el Equipo de Orientación que se refleja en el dictamen de escolarización del alumnado".

El concejal andalucista ha manifestado que los sindicatos "vienen recordando que toda la plantilla PTIS accedió de igual forma que cualquier otra persona perteneciente a la plantilla laboral: con titulación y experiencia. Comenzaron con sueldos que ni siquiera llegaban a los 600€, se les exigió la titulación de magisterio, después la titulación de integrador (teniendo que superar un sinfín de barreras para conseguirla) y finalmente la posesión del ACREDITA (certificado de profesionalidad y capacitación), oficial e indispensable".

Los sueldos de este colectivo son "vergonzosos", y solamente tienen 20 horas anuales para citas médicas, corriendo el resto a cargo de sus propios bolsillos, lo que provoca el incumplimiento de la Ley de Conciliación Familiar. Además, y entre otras muchas circunstancias negativas, sufren una sobrecarga de trabajo por ratios abusivas, asumiendo funciones que no les corresponden, como las sanitarias.

Todo esto está causando "un deterioro en la salud de los profesionales, a nivel físico y emocional". "Sin olvidar, en ningún momento, cómo el alumnado sufre las consecuencias de no poder recibir, correctamente, un apoyo esencial en el devenir de su desarrollo, por otro lado, legal y oficialmente necesario y otorgado".

"El Personal Técnico de Integración Social lleva años sufriendo explotación laboral, injusticias, falta de derechos, ninguneo y discriminación. Con cambios de empresas donde continúan estas injusticias cronificadas, bajo el auspicio de la Administración, como empresa subsidiaria".

El 14 de noviembre de este 2023, recuerda la formación, se comenzó una huelga indefinida, convocada por el sindicato CGT (Confederación General del Trabajo) para todo el sector de PTIS externalizado de Andalucía, todas las provincias y toda la plantilla que presta este servicio.

Finalmente Martín ha declarado que entre las propuestas de acuerdo, la moción pide que la corporación motrileña muestre su apoyo a las PTIS, solicitar a la Junta la equiparación salarial con el resto de personal laboral con el que comparten funciones dentro de la enseñanza pública andaluza,  el reconocimiento de una jornada laboral completa y que se contraten y cubran plazas acorde a la ratio, evitando el desbordamiento que en la actualidad padecen.