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Un juzgado acepta el recurso de Unidas Podemos para municipalizar el servicio de basura

Política - IndeGranada - Jueves, 13 de Mayo de 2021
La coalición defiende que el Ayuntamiento ahorrará 60 millones de euros con este contrato si se consigue hacer público el servicio.
Antonio Cambril y Francisco Puentedura.
Unidas Podemos
Antonio Cambril y Francisco Puentedura.

Unidas Podemos ha informado de que el Juzgado de lo Contencioso número 2 de Granada admitió el pasado 3 de abril el recurso que ha presentado para defender la gestión directa del servicio de basura y limpieza y contra "la privatización que el equipo de gobierno y el resto del Pleno quiere forzar a toda costa".

El portavoz de la coalición, Antonio Cambril, sostiene que "la decisión de la jueza supone un respaldo a la defensa de una gestión directa de unos de los contratos más caros de este Ayuntamiento, por lo que nuestro recurso se basa directamente en la protección de la ciudadanía". Se trata, además, de "la primera vez en décadas que un grupo municipal interpone un recurso para evitar que un servicio público quede en manos de empresas privadas".

El recurso presentado por Unidas Podemos argumenta contra la memoria realizada por técnicos de Medio Ambiente del Ayuntamiento, "que intenta justificar que la gestión indirecta presenta un mejor resultado económico que la gestión directa. Presentan la gestión directa con un coste de 37.675.426,72 euros y la indirecta con un coste de  37.570.744,85 euros", señala Cambril que añade que "en cambio, según los cálculos realizados por nuestros técnicos, el ahorro en 15 años sería de unos 60 millones de euros, en torno a 4 anuales".

De conseguir hacer público el servicio, resalta, anualmente no se pagarían el IVA de los gastos generales que cifran en 300.000 euros, tampoco el beneficio industrial que asciende a más de un millón de euros (969.584 + IVA) y, lo que genera la mayor reserva: el gasto en IVA de personal que conlleva 2,3 millones por ejercicio, ya que el coste de plantilla es el 70 por ciento del total, y el IVA que el Ayuntamiento no paga es del 10 por ciento.

En cuanto a la duración de la privatización, el portavoz advierte de que un contrato a 15 años es "algo desmesurado" ya que el máximo legal son 6 años.

Sobre la memoria justificativa, el líder de la formación informa que no ésta no justifica el descarte de la gestión directa sobre la  indirecta. "No se fundamenta la diferencia de eficacia y sostenibilidad para  elegir la gestión indirecta ya que, en realidad, en la gestión directa no existen costes de beneficio industrial ni el IVA de personal".

"Para PP, Cs, PSOE y Vox estos datos importan ya que desde el principio estaban completamente convencidos de entregar este contrato a un privado, y no se plantearon ni por un momento, pese a las evidencias, que Granada pasara a tener una gestión directa en el servicio".  El "gran argumento" en que se amparaban para elegir la privatización era el Plan de Ajuste al que el Consistorio está sometido, agrega Cambril que advierte: "Esto es totalmente falso, y fue desmontado en las Comisiones de Grandes Contratos poniendo de ejemplo a la ciudad de Málaga, que sujeta también a este condicionante, obtuvo el permiso del ministerio de Hacienda para remunicipalizar el servicio".

Cambril considiera que "no es entendible que, y así ha visto la jueza que puede ser, que si hay una subrogación por el Ayuntamiento de asumir a los trabajadores, instalaciones,  maquinaria y toda la infraestructura de la anterior empresa (INAGRA), las partidas de estos costes de inversión y financiación, deben de ser como mínimo las mismas tanto para la directa (3.005.907,56 euros) como para la indirecta (2.835.761,85 euros)".

Es, precisamente, "en base a esa memoria justificativa del Ayuntamiento en la que aparecen datos cogidos escritos a martillazos y ‘diseñados’ para que cuadren las cuentas y sea más ventajoso para el Consistorio la privatización. Es ahí, precisamente, donde se basa nuestro recurso que la jueza ha aceptado", continúa el concejal.

"Huelga decir que los trabajadores no deben temer nada si finalmente conseguimos la gestión directa, ya que mantendrían sus puestos, derechos, e incluso, obtendrían mayor protección laboral al pasar a ser personal del Ayuntamiento" sostiene Cambril para manifestar que, en base a lo explicado y de acuerdo con la Constitución y en la Ley de Bases de Régimen Local en la que se basa el recurso, "creemos que tenemos muchas posiblidades de ganar este caso como ha sucedido en en Ayuntamiento de Jaén".

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