La Operación Térmyca, bajo la dirección de la Fiscalía Anticorrupción, comenzó en Cataluña
La Guardia Civil se lleva documentación de Armilla en una operación contra amaños de contratos en ayuntamientos
La investigación alcanza a 23 ayuntamientos de toda España. En Armilla no hubo detenciones ni registros. El Ayuntamiento defiende la legalidad del único contrato cerrado con una de las empresas investigadas y que fue debidamente fiscalizado por la Intervención.
Miguel Rodríguez
El Ayuntamiento de Armilla conoció la operación a través de los medios y recibió el requerimiento de la Guardia Civil al final de la mañana.
La Guardia Civil, bajo la dirección de la Fiscalía Anticorrupción, llevó a cabo este martes una operación relacionada con delitos contra la Administración pública por presuntas contrataciones irregulares en 23 ayuntamientos de toda España. En la operación participaron 342 agentes de diez comandancias, entre ellas la de Granada. Porque esta investigación salpica a un Ayuntamiento granadino, el de Armilla, por haber contratado con una de las empresas investigadas; otra de las contrataciones no se llegó a formalizar.
El propio Ayuntamiento informó de esos datos, destacando la legalidad y transparencia de los dos procesos. El alcalde, Gerardo Sánchez, mostró la "total disposición" del Consistorio a colaborar. También convocó la Comisión de Economía y Hacienda para este jueves, con el objetivo de facilitar toda la información a los grupos municipales.
No hubo detenciones ni registros en el Consistorio de Armilla, al que la Guardia Civil requirió información, como ocurrió con otros 14 consistorios españoles, entre ellos el de Palos de la Frontera, en Huelva. De Armilla los agentes se llevaron, por orden del Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell encargado de las investigaciones, documenación sobre el contrato anulado.
En total, según informó la Guardia Civil, se practicaron una docena de detenciones y 48 entradas y registros en domicilios, empresas, entidades y ayuntamientos, que se suman a los 15 requerimientos de información mencionados.
En la macrooperación, denominada Térmyca, se investigan presuntos delitos de blanqueo de capitales, malversación de fondos, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, alteración de precios de concursos y subastas públicas, fraude e infidelidad en la custodia de documentos.
El origen de la investigación
La operación Térmyca se inició a partir de las actuaciones practicadas a finales de junio de 2014 en el Ayuntamiento tarraconense de Torredembarra (Operación Turm) por la adjudicación de diversos contratos con la mercantil Efial Consultoría SL. A raíz de dicha investigación inicial, se desarrolló una indagación más exhaustiva sobre la citada mercantil, que finalmente ha dado como resultado las actuaciones llevadas a cabo este martes.
La operación Térmyca se inició a partir de las actuaciones practicadas a finales de junio de 2014 en el Ayuntamiento tarraconense de Torredembarra (Operación Turm) por la adjudicación de diversos contratos con la mercantil Efial Consultoría SL. A raíz de dicha investigación inicial, se desarrolló una indagación más exhaustiva sobre la citada mercantil, que finalmente ha dado como resultado las actuaciones llevadas a cabo este martes.
Entradas, registros y detenciones
Los agentes practicaron simultáneamente 48 entradas y registros (4 de ellas en Andorra): 14 en domicilios, 7 en despachos profesionales, 12 en sociedades mercantiles, 7 en entidades públicas y 8 en los Ayuntamientos de Tortosa, Ascó, Vandellós y l’Ametlla de Mar (T), de Torrejón de Ardoz, Miraflores de la Sierra, Chinchón (M) y de Trillo (GU).
12 personas relacionadas con la trama investigada fueron detenidas en Tarragona, Barcelona y Madrid, por delitos relacionados con la Administración pública. Entre los detenidos se encuentran empresarios, directivos, un ex alcalde y dos funcionarios públicos municipales.
Los agentes practicaron simultáneamente 48 entradas y registros (4 de ellas en Andorra): 14 en domicilios, 7 en despachos profesionales, 12 en sociedades mercantiles, 7 en entidades públicas y 8 en los Ayuntamientos de Tortosa, Ascó, Vandellós y l’Ametlla de Mar (T), de Torrejón de Ardoz, Miraflores de la Sierra, Chinchón (M) y de Trillo (GU).
12 personas relacionadas con la trama investigada fueron detenidas en Tarragona, Barcelona y Madrid, por delitos relacionados con la Administración pública. Entre los detenidos se encuentran empresarios, directivos, un ex alcalde y dos funcionarios públicos municipales.
Según la Guardia Civil, a lo largo de la investigación se ha detectado "la creación de la figura instrumental y ficticia de entidades públicas empresariales locales carentes de actividad específica, creando un entramado fraudulento por el cual se desvían fondos públicos municipales de ayuntamientos a la citada entidad pública y de ésta a la sociedad mercantil privada. Gran parte de fondos ilícitamente obtenidos eran desviados a Andorra a través de complejas operativas mercantiles".
La investigación desvela que la empresa Efial es adquirida por la mercantil CGI, "creando un entramado similar a la primera que hizo que se extendiera fuera de Cataluña". Precisamente con esa empresa, CGI, contrató el Ayuntamiento de Armilla. Este suscribió un contrata en 2014 por un importe de 18.000 euros. Su objeto era la asistencia técnica en materia de gestión tributaria. "No tenía nada que ver con el urbanismo", según explicó a Europa Press el alcalde, Gerardo Sánchez.
Gerardo Sánchez, este martes, atiende a los medios de comunicación. miguel rodríguez
Básicamente, la entidad colaboró con los trabajadores municipales en la inspección de empresas y se recurrió a esta contratación externa ante las limitaciones que tienen los ayuntamientos de contratar nuevo personal debido a "las limitaciones" de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
"Se hicieron los pagos en diferentes facturas mediante transferencia bancaria, fiscalizadas y firmadas por el Interventor, y ya no hemos tenido más relación", según relató Sánchez, que si bien no tuvo contacto directo con la empresa descarta que les ofrecieran ningún tipo de asesoramiento en materia urbanística o de creación de empresas.
Según el alcalde, la empresa aportó en el contrato el dato de que trabajaba con más de veinte municipios en Andalucía, algunos de ellos en la provincia de Granada, pero una vez que finalizó su trabajo en el Ayuntamiento de Armilla, no se ha vuelto a tener ningún tipo de relación con ella.
Pero la Guardia Civil requirió información, como confirmó el propio Ayuntamiento, sobre otro concurso convocado en 2015 para contratar los servicios de "asistencia técnica de gestión tributaria". Se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia pero, ante las alegaciones presentadas, "se anuló y finalmente fue archivado sin llegar a contratar a ninguna empresa". El Ayuntamiento no aclaró qué empresas acudieron a ese proceso y cuál fue la que presentó las alegaciones.
Para el próximo jueves el alcalde ha convocado a la Comisión de Economía y Hacienda con el objetivo de informar a los grupos del requerimiento y de la documentación que consta en el Ayuntamiento sobre el contrato con la empresa investigada.
