La Plataforma en Defensa del Río Castril ha iniciado una recogida de firmas para reclamar al Gobierno central que "cumpla" con la sentencia del Tribunal Supremo que ordenó en 2011 la paralización de las obras del trasvase del río Castril después de que fuese anulado el real decreto de sequía que lo amparaba.

En la petición creada este pasado lunes en la plataforma 'Change.org', consultada por Europa Press, el colectivo reclama concretamente la derogación de la Disposición Decimoquinta de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, al considerar que con ella se pretende dar cobertura legal a un trasvase cuyas obras de canalización afectaban a los términos municipales de Castril, Cortes de Baza, Benamaurel, Baza y Zújar.

El presidente del colectivo, Miguel Ortiz, argumenta que el trasvase del río Castril, "siendo en principio un problema medioambiental, ha devenido en un problema de corrupción política" tras haberse usado, según afirma, "el poder legislativo aprobando una disposición adicional en el Congreso para "saltarse la sentencia firme del Supremo que ordenó paralizar el trasvase", el cual consistía en crear una conducción de abastecimiento de agua a Baza desde el embalse del Portillo expropiando varias fincas para ello.

Defiende la plataforma que el río Castril es el principal afluente del Guadiana menor, afluente a su vez del río Guadalquivir, y atesora unos valores excepcionales de flora y fauna autóctona en grave peligro de extinción, siendo uno de los mayores atractivos del turismo en las comarcas de Baza y Huéscar.

Abogan por un uso racional del agua mediante soluciones alternativas desarrolladas por la propia Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), "más económicas y que hacen innecesario su entubamiento", permitiendo su conservación como patrimonio natural y cultural de todos los ciudadanos.