Los vecinos de la urbanización Cármenes del Mar, en La Herradura, han acusado a la Junta de "dejarles en la estacada" por "no dar cumplimiento" a la Proposición No de Ley para declarar la emergencia en la zona, donde hay 42 viviendas desalojadas y otro centenar "en riesgo".

El asunto afecta a más de 400 familias "que ven cómo su casas se resquebrajan" y "corren el riesgo de perderlas" por defectos constructivos, según subrayan en un comunicado los afectados.

La Proposición no de Ley aprobada el pasado mes de febrero por la comisión de Justicia e Interior del Parlamento andaluz declaraba la emergencia en la zona y ordenaba la puesta en marcha de "las actuaciones necesarias e imprescindibles para evitar la situación de deslizamiento y riesgo" que sufre la urbanización y, por lo tanto, sus habitantes.

En este punto reprochan al consejero de Justicia, Emilio de Llera, que no pretenda dar cumplimiento a esta proposición, "sin importarle los riesgos para la seguridad de las personas que viven en Cármenes del Mar".

Hace semanas, los vecinos solicitaron al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maéztu Gregorio de Tejada, que requiera tanto al Parlamento de Andalucía como a la Consejería competente las actuaciones de emergencia necesarias y las obras de estabilización y reparación urgente en su urbanización.

El juzgado falló en noviembre de 2014 a favor de los vecinos y condenó de forma solidaria a todos los acusados a la reparación de la urbanización y las suburbanizaciones interiores según su intervención en las mismas.

De esta manera, decretaba que debían ser los propios demandados quienes deban correr a cargo de todos los costes de las obras, incluyéndose en estas no sólo los gastos derivados de honorarios profesionales de abogado y procurador, sino también todos aquellos derivados de informes periciales o cuales quiera otros requeridos por el proceso.

En estos momentos, las más de 400 familias perjudicadas están pendientes de la decisión de la Fiscalía de Granada de proseguir o no las actuaciones frente a la familia Rodríguez-Acosta, administradores de la promotora Cerro Gordo.

De su decisión dependerá, según afirman, que estas familias puedan utilizar para reparar los daños de las urbanizaciones las indemnizaciones que les corresponderían tras la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 12 que les dio la razón.