La portavoz de Vamos, Granada en el Ayuntamiento, Pilar Rivas, ha denunciado la situación de "indefensión" en la que se encuentran familias de la Zona Norte que fueron denunciadas por la Policía Nacional tras llevarse a cabo operaciones en busca de fraude energético.

"Desde el pasado mes de febrero se produjeron al menos 2 operaciones policiales para el desenganche indiscriminado de más de 400 familias en el Distrito Morte. Como consecuencia de esta operación “puerta a puerta” se les pidió el DNI a cada vecino que abrió la puerta a la policía y de esta forma se pudieron formular las denuncias". Rivas ha calificado esta situación como "inaudita" ya que "no se comprobó si el enganche correspondía a esa vivienda y su titular, ni si las personas denunciadas realizaron manipulación alguna, ni si se lo ordenaron o encargaron a otros, existiendo por tanto la posibilidad de que la infracción la cometieran otras personas".

Según Rivas, tanto Industria como el equipo de gobierno municipal se comprometieron a que no se producirían denuncias a quienes regularizaran la situación. "No han cumplido su compromiso”, y las familias han hecho, sin embargo," un desembolso importante de más de 600 euros de facturas emitidas por Endesa", facturas de las que el propio Defensor del Ciudadano dio traslado en mayo a la Fiscalía, "por contener conceptos irregulares que podrían incurrir en falsedad documental, estafa y apropiación indebida aunque la Fiscalía no ha dado contestación".

Según la portavoz del grupo municipal, Endesa solicita 1.200 euros de indemnización más la sanción que cada juez estime oportuno a cada una de las más de 400 familias denunciadas. "La pasada semana empezaron los juicios y allí nos personamos para acompañar a las familias; en el mes de junio solicitamos al Ayuntamiento el establecimiento de un convenio de colaboración con el Colegio de Abogados para lograr una defensa especializada y colegiada ya que la falta de acceso a toda esta información de cada abogado puede dejar a las familias en situación de desprotección". 

Rivas entiende que concurren circunstancias que van a la raíz del problema que deben ser tenidas en cuenta en la defensa, como el que la Junta de Andalucía adjudique viviendas cuyo suministro está ya "enganchado"; que "ignore sus competencias" en materia de organización y promoción de las comunidades de vecinos, imprescindibles para posibilitar la regularización de los suministros o que "se ignoren continuamente las demandas y denuncias de los vecinos" por cientos de asuntos diversos, dejando "una sensación de impunidad en la vecindad impidiendo de facto la normalización en el uso de bienes comunes como el suministro eléctrico". 

"Todas estas circunstancias, fruto de la inacción de las distintas Administraciones, deben ser tenidas en cuenta en los procedimientos judiciales que se están celebrando", insiste Rivas. El grupo municipal se pregunta también "cómo las Administraciones permiten que una compañía que ya cobra incentivos de las arcas públicas por detectar situaciones de fraude puede denunciar a las mismas familias al mismo tiempo,un cobro por partida doble". "Hablamos de familias que se ven abocadas a acceder a un bien de primera necesidad en la más absoluta precariedad".